La advertencia dejó de ser técnica para transformarse en política. La Federación de Cooperativas de Río Negro (FeCoRN) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) encendieron una señal de alerta ante un proyecto del Gobierno nacional que, según sostienen, podría modificar de fondo el esquema sobre el que se apoya el sistema cooperativo en Argentina.

El eje del conflicto está en la iniciativa conocida como “ley de hojarasca”, un paquete de desregulación que propone, entre otras medidas, derogar la Ley 11.380, una norma vigente desde hace décadas que establece beneficios fiscales específicos para las cooperativas.

Según advirtieron ambas entidades, el cambio no es menor. De aprobarse, las cooperativas deberían incorporar el valor de sus edificios, construcciones e infraestructura al capital sobre el cual tributan en el marco de la Ley 23.427. Esto, de acuerdo a lo planteado, podría traducirse en un incremento significativo de la carga impositiva.

Pero el cuestionamiento no se limita al impacto económico. Desde Cooperar sostienen que la derogación se apoya en un argumento “inexacto”, ya que el proyecto ubica a la norma dentro de un conjunto de leyes sin aplicación vigente. Sin embargo, explican que tras la actualización del Digesto Jurídico Argentino en 2014, el artículo que otorga beneficios fiscales continuó en plena vigencia, siendo además sostenido en las sucesivas prórrogas del régimen tributario aplicable al sector.

Ese punto es central para las cooperativas. No se trata, señalan, de un beneficio aislado sino de una herramienta que históricamente permitió sostener inversiones en infraestructura, consolidar servicios y garantizar presencia territorial. “El desarrollo del cooperativismo ha significado el desarrollo en cada comunidad donde está presente”, remarcaron desde la entidad en un mensaje dirigido a legisladores nacionales.

En ese marco, advierten que modificar el criterio de cálculo impositivo podría alterar la lógica de funcionamiento del sector, cuya estructura de capital está fuertemente vinculada a bienes inmuebles y obras construidas a lo largo del tiempo. El impacto, agregan, no sería solo interno: en muchas localidades, las cooperativas son responsables de servicios esenciales como energía, agua o provisión de bienes básicos.

A esto se suma otro dato que abre interrogantes dentro del propio esquema fiscal.

Según cifras citadas por el sector, el presupuesto 2026 prevé que los ingresos vinculados a la contribución especial de cooperativas superan ampliamente los niveles de gasto autorizados, lo que —según plantean— pone en duda la necesidad de avanzar con un aumento en la presión tributaria.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional se argumenta que el proyecto apunta a eliminar normativas consideradas obsoletas o sin utilidad práctica. Sin embargo, el cooperativismo ya inició gestiones con diputados y senadores para frenar la iniciativa o, al menos, abrir una instancia de revisión más profunda.

Por ahora, el debate avanza sin ocupar el centro de la agenda pública. Pero dentro del sector, la preocupación es concreta.

Desde Cooperar advierten que avanzar en este sentido podría implicar “más impuestos y menos seguridad jurídica” para un modelo que, desde hace décadas, sostiene buena parte del desarrollo productivo y social en distintas regiones del país.