Un nuevo cruce en redes sociales volvió a poner en el centro de la escena a Franco Rivero, integrante del Tribunal de Cuentas de Catriel. Esta vez, el episodio comenzó luego de que una cuenta anónima publicara un video en el que se observa a una persona golpeando una puerta, dando a entender que no había atención en el organismo durante la mañana del viernes.
Rivero respondió desde su perfil personal con una serie de comentarios cargados de insultos, descalificaciones personales y acusaciones. Más allá del origen anónimo de la publicación y de si el reclamo por la atención del Tribunal era correcto o no, el tono utilizado por un funcionario público abrió una discusión más profunda: cuál es el límite entre responder una crítica y degradar la función institucional que se representa.
En los comentarios atribuidos a Rivero aparecen expresiones como “inútil”, “mugrienta”, “coimera”, “garca” y otras descalificaciones personales. También utilizó una frase de fuerte carga discriminatoria, que este medio decide no reproducir en el título ni amplificar innecesariamente, pero que forma parte del contenido que generó cuestionamientos.
El integrante del Tribunal también respondió que los viernes el organismo realiza asesorías. Esa explicación podría haber sido suficiente para aclarar el funcionamiento institucional. Sin embargo, el resto de los mensajes derivó en un intercambio agresivo que terminó desplazando el eje del debate.
El problema no es que un funcionario responda una crítica. Puede hacerlo. Incluso tiene derecho a defenderse si considera que una publicación es falsa o malintencionada. El problema aparece cuando esa respuesta se construye desde el insulto, la descalificación personal y expresiones incompatibles con la responsabilidad pública que exige integrar un órgano de control.
El Tribunal de Cuentas no es una oficina cualquiera dentro del Estado municipal. Es el organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos, revisar actos administrativos y advertir posibles irregularidades. Por eso, quienes lo integran tienen una responsabilidad institucional mayor: no solo deben controlar, también deben cuidar la forma en que intervienen en la discusión pública.
El episodio ocurre, además, en un momento de alta tensión política e institucional. Durante los últimos días, el Tribunal de Cuentas quedó en el centro de la agenda local por la denuncia penal vinculada a presuntas irregularidades en contrataciones entre el Municipio y la firma Atlas. En ese marco, sus integrantes reclamaron transparencia y defendieron el rol del organismo de control.
Justamente por eso, la conducta pública de sus miembros también queda bajo observación. Si el Tribunal exige responsabilidad institucional al Ejecutivo, sus propios integrantes también deben sostener un estándar mínimo de respeto, prudencia y seriedad.
No es la primera vez que Franco Rivero queda envuelto en cruces públicos de alto voltaje. VientoSur ya había registrado antecedentes de discusiones en redes con dirigentes y funcionarios locales, incluyendo un enfrentamiento con el concejal Gonzalo Gerez y publicaciones con descalificaciones hacia la intendenta Daniela Salzotto y el secretario de Gobierno Diego Pereyra.
También hubo antecedentes vinculados a cuestionamientos públicos sobre su conducta personal. En 2025, Rivero quedó en el centro de una denuncia contravencional por presunto acoso, episodio por el cual solicitó una licencia. En aquel momento, VientoSur informó que no constaban denuncias penales ni administrativas ante los organismos municipales, pero sí una presentación contravencional en sede policial.
El nuevo cruce en redes suma otro elemento a una discusión que ya no puede reducirse a una pelea digital. En Catriel, las cuentas anónimas se volvieron parte del escenario político: opinan, acusan, defienden, atacan y marcan agenda en temas sensibles. Pero el anonimato de una cuenta no habilita a un funcionario público a responder de cualquier manera.
En paralelo, el episodio también genera incomodidad política para Primero Río Negro. Rivero forma parte de un espacio que a nivel provincial conduce Ariel Rivero y que en Catriel tiene como principal referencia institucional a la concejala Elizabeth Cofré.
Cofré viene sosteniendo un perfil legislativo activo, con presencia en el Concejo y participación en distintos debates de la agenda local. Ariel Rivero, por su parte, busca ordenar y fortalecer el armado provincial de Primero Río Negro. En ese contexto, las intervenciones públicas de Franco Rivero terminan asociando al espacio con agravios personales, insultos y una forma de discusión que baja la vara del debate público.
También afecta, de forma indirecta, al Tribunal de Cuentas ya que la situación corre el foco de la denuncia penal que presentaron y lo pone sobre la conducta de uno de sus propios integrantes.
La pregunta de fondo no es si Rivero puede tener posición política. Puede tenerla. Tampoco si puede responder críticas. Puede hacerlo. La pregunta es si una persona que integra el Tribunal de Cuentas puede intervenir públicamente con insultos, acusaciones personales y expresiones violentas sin afectar la credibilidad institucional del organismo que representa.
Catriel atraviesa un momento donde se discuten temas sensibles: fondos públicos, contrataciones municipales, control institucional, denuncias penales, funcionamiento del Tribunal de Cuentas y responsabilidades políticas. En ese escenario, la ciudadanía necesita más claridad, más documentación y más explicaciones. No más agresiones.
Un funcionario público no deja de ser funcionario cuando escribe en redes sociales. Y cuando quien insulta integra un organismo encargado de controlar al Estado, el problema deja de ser personal y pasa a ser institucional.
La discusión pública puede ser dura, crítica y frontal. Pero no debería normalizar que quienes ocupan cargos públicos respondan con agravios, amenazas veladas o expresiones discriminatorias. Menos todavía cuando representan a un órgano que tiene la tarea de exigir transparencia, responsabilidad y cumplimiento de la ley.
