El Poder Judicial confirmó la recepción de una nueva denuncia contra la misma persona involucrada en la investigación por presunto material de abuso sexual infantil iniciada el año pasado en Catriel.

La nueva presentación fue radicada el 17 de junio de 2026 en la Comisaría de la Familia de Catriel y se encuadra en la Ley 26.485, que establece medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Según pudo confirmar VientoSur, la denuncia se tramita en el Juzgado de Paz de Catriel y, en caso de ser necesario, podría requerirse intervención mediante oficio a la Secretaría de Trabajo.

El dato vuelve a poner bajo la lupa una situación institucional sensible: se trata de la misma persona que ya estaba involucrada en una causa por presunto material de abuso sexual infantil y que, según confirmaron fuentes hospitalarias consultadas por este medio, volvió a cumplir funciones dentro de la estructura sanitaria pública.

La causa anterior se había iniciado tras una alerta internacional y un allanamiento realizado el 20 de octubre de 2025 en una vivienda de Catriel. En ese procedimiento se secuestraron celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que fueron remitidos para pericias digitales.

Después de ese operativo, el Hospital Dra. Cecilia Grierson apartó preventivamente a un trabajador mediante un procedimiento administrativo interno. Esa medida fue informada como preventiva, en un contexto donde todavía no existía imputación formal.

Más tarde, VientoSur informó que el avance de la causa dependía de una pericia digital clave. Sin el análisis de los dispositivos secuestrados, la Justicia no podía definir si existían elementos técnicos suficientes para avanzar hacia una eventual audiencia de formulación de cargos.

Hasta el momento, en la causa por presunto MASI no se informó una imputación formal. El expediente sigue condicionado por el resultado de las pericias tecnológicas, una etapa compleja por la cantidad de dispositivos en espera de análisis y por las dificultades propias de este tipo de investigaciones.

La nueva denuncia no modifica por sí sola el estado procesal de la causa anterior. Se trata de una presentación distinta, vinculada a violencia de género, que deberá tramitar por los canales correspondientes y ser evaluada por la autoridad judicial competente.

Ese punto es clave: una denuncia no equivale a una condena ni permite afirmar responsabilidad. Pero sí constituye un hecho institucional relevante cuando involucra a una persona que ya estaba bajo análisis en otra investigación sensible y que además cumple funciones dentro del sistema público de salud.

La Ley 26.485 tiene como objetivo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos donde desarrollan sus relaciones interpersonales. En este tipo de trámites, la intervención judicial puede incluir pedidos de informes, medidas de protección, comunicaciones a organismos públicos o actuaciones complementarias, según la evaluación del caso.

VientoSur intentará obtener información oficial sobre el estado del trámite, si se dispusieron medidas de protección, si hubo comunicaciones a organismos laborales o sanitarios y si el Hospital de Catriel o el Ministerio de Salud fueron notificados de la nueva presentación.

El caso queda ahora en una zona especialmente delicada para las instituciones: por un lado, la obligación de investigar con rigor y proteger a posibles víctimas; por otro, la necesidad de respetar la presunción de inocencia y no presentar como probado aquello que todavía debe ser determinado por la Justicia.

Para Catriel, la pregunta vuelve a ser institucional: qué medidas preventivas corresponden cuando una persona que cumple funciones públicas acumula denuncias o investigaciones sensibles, aun sin imputación formal ni condena.