El fallo fue dictado el 17 de abril de 2026 en la causa iniciada por el trabajador contra la aseguradora. Según la sentencia, el hombre cumplía tareas para una empresa de transportes de Catriel, y el accidente ocurrió el 27 de junio de 2023 durante su jornada laboral.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el trabajador estaba realizando sus tareas habituales como chofer cuando, al bajar de la escalerilla trasera del tanque cisterna, resbaló y cayó desde una altura aproximada de dos metros. La caída le provocó un fuerte dolor lumbar y pélvico.

Tras el accidente, fue atendido por prestadores de la ART. Luego, estudios médicos indicaron lesiones en la zona lumbar y en el coxis. Sin embargo, la Comisión Médica interviniente concluyó que no presentaba secuelas generadoras de incapacidad laboral como consecuencia del siniestro.

La Justicia llegó a otra conclusión. En el expediente se realizó una pericia médica judicial que determinó que el trabajador presentaba una incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva. El perito estableció una relación causal entre el accidente y las lesiones, y ratificó esa conclusión después de que la ART impugnara el informe.

La Cámara valoró especialmente esa pericia y señaló que, en este tipo de casos, el control judicial puede prevalecer sobre el criterio administrativo cuando la prueba médica producida en el expediente permite arribar a una conclusión distinta.

Finalmente, el Tribunal fijó la incapacidad en 17,62% y condenó a Provincia ART S.A. a pagar $29.732.060,65 en concepto de indemnización por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva derivada de accidente de trabajo.

El pago debía realizarse dentro de los 10 días de notificada la sentencia. En caso de mora, se deberán adicionar los intereses legales correspondientes hasta la cancelación efectiva.

El caso tiene impacto local porque involucra a un trabajador de Catriel y vuelve a poner en primer plano una discusión frecuente en el mundo laboral: qué ocurre cuando una ART o una Comisión Médica no reconoce incapacidad, pero luego la Justicia, a partir de una pericia, determina que sí existió daño laboral indemnizable.

La sentencia también impuso las costas del proceso a la aseguradora y reguló honorarios para los profesionales intervinientes.