El gobernador Alberto Weretilneck salió a desmentir de manera directa una publicación de La Política Online que lo vinculó con un presunto procedimiento judicial relacionado con la trama AFA-Toviggino-Beacon. El mandatario negó que haya existido un allanamiento en Casa de Gobierno, el secuestro de una computadora o algún requerimiento judicial de ese tipo, y calificó la información como una “fake news” y una “operación”.
“Es falso. No hubo allanamiento, no hubo secuestro y no hubo ningún requerimiento judicial de ese tipo”, publicó Weretilneck en sus redes sociales. El gobernador sostuvo que se trató de “una nueva operación” y cuestionó la difusión de versiones sin chequeo previo.
La respuesta del mandatario llegó después de que La Política Online publicara que la Justicia Federal habría realizado un procedimiento vinculado a Weretilneck por presuntos nexos con Juan Pablo Beacon, señalado por ese medio como arrepentido dentro de la trama AFA-Toviggino. Según LPO, durante el operativo se habría secuestrado una computadora vinculada al gobernador. La publicación fue replicada por algunos sitios sin aportar verificación propia adicional.
El descargo de Weretilneck modificó el escenario informativo. Hasta ese momento, la publicación nacional no aparecía acompañada por confirmación oficial pública del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal ni del Gobierno provincial. Con la respuesta del gobernador, el Gobierno de Río Negro fijó posición: negó la existencia del allanamiento, del secuestro y de cualquier requerimiento judicial de esas características.
En su publicación, Weretilneck también llevó la discusión al terreno político. Afirmó que “no todo vale” y cuestionó a quienes, según dijo, “replican versiones falsas sin chequear” o “juegan al rumor como si fuera noticia”. Para el gobernador, ese tipo de maniobras no solo afecta a un gobierno, sino que “debilita la confianza pública” y “daña a las instituciones”.
El cruce se produjo en una jornada en la que el Gobierno provincial venía concentrando su comunicación en una agenda de gestión. El principal anuncio fue el inicio del proceso de pase a planta permanente para más de 4.200 trabajadores y trabajadoras estatales que ya cumplen funciones en el Estado provincial. Según informó oficialmente la Provincia, el proyecto será enviado a la Legislatura en la primera semana de julio y no implicará ingreso de personal nuevo ni mayor gasto salarial.
La Provincia también precisó que el proceso no será automático: quienes estén en condiciones deberán rendir examen, acreditar idoneidad, cumplir los requisitos establecidos y no registrar antecedentes disciplinarios que los excluyan del procedimiento. Una vez sancionada la ley, el proceso administrativo y técnico demandará entre seis y ocho meses.
La publicación de LPO se inscribe en una serie de notas previas sobre Juan Pablo Beacon, Pablo Toviggino, la AFA y supuestos vínculos con actores políticos de Río Negro. En abril, el mismo medio publicó antecedentes sobre el hermano de Beacon y su relación con el Gobierno provincial, además de supuestas gestiones asociadas a ese entramado.
Para Río Negro, el episodio tiene relevancia institucional porque cruza tres planos: una causa nacional sensible vinculada al fútbol argentino, una publicación periodística que involucró al gobernador y una desmentida oficial categórica. La discusión ya no pasa solo por el contenido de la nota de LPO, sino también por el impacto que tienen las versiones no confirmadas cuando involucran al máximo responsable político de la provincia.
En Catriel y la región, el interés público está en seguir el tema con precisión. Río Negro administra recursos estratégicos, empleo público, obras, energía, regalías e inversiones que inciden directamente en el territorio. Por eso, cualquier información que involucre al Gobierno provincial y causas federales de alto impacto debe ser tratada con cuidado, pero también con seguimiento.
Por ahora, el cuadro público tiene tres elementos claros: LPO publicó una información judicial sensible; Weretilneck la desmintió de manera directa y la calificó como una operación; y no aparece, hasta el momento, una confirmación judicial pública que respalde el supuesto allanamiento o secuestro mencionado por el medio nacional.
La evolución del caso dependerá de si aparecen precisiones judiciales, nuevas fuentes documentales o una respuesta formal de los actores mencionados. Mientras tanto, el episodio deja una discusión abierta sobre el límite entre primicia, operación política, derecho a informar y responsabilidad pública en temas de alto impacto institucional.