La cuenta regresiva ya empezó y hay preocupación entre quienes circulan todos los días por la Ruta Nacional 151. A partir del 21 de mayo, los radares instalados sobre distintos tramos de la ruta comenzarán a aplicar multas económicas por exceso de velocidad y los montos no pasarán desapercibidos: algunas sanciones podrían llegar a los 400 mil pesos.
Hasta ahora, el sistema funcionaba en modo preventivo. Es decir, los conductores que excedían los límites recibían únicamente una notificación con la foto del vehículo y la velocidad registrada. Pero desde esta semana la situación cambiará y las infracciones comenzarán a impactar directamente en el bolsillo.
Según confirmó el Gobierno de Río Negro, los controles activos sobre la Ruta 151 estarán ubicados en Cipolletti, Cinco Saltos y Sargento Vidal. En cada una de esas localidades habrá dos radares funcionando, principalmente en accesos urbanos y sectores considerados de riesgo vial.
En todos esos puntos, la velocidad máxima permitida será de 60 km/h, por lo que cualquier exceso quedará registrado automáticamente por los cinemómetros instalados sobre la traza.
El nuevo esquema fue oficializado mediante el Decreto 365/26, firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, y establece multas escalonadas según la gravedad de la infracción.
Quienes superen hasta un 30% el límite permitido deberán pagar cerca de 200 mil pesos. Pero si el exceso es mayor, la sanción podría ascender a aproximadamente 400 mil pesos, dependiendo del valor actualizado de las Unidades Fijas vinculadas al precio de la nafta premium.
Los dispositivos funcionan con tecnología automatizada que captura imágenes del vehículo y registra velocidad, ubicación y horario exacto de cada infracción. Esa información será utilizada como respaldo de las multas emitidas.
Desde la Provincia remarcaron que todos los radares están señalizados y sostuvieron que el objetivo principal es reducir accidentes y reforzar la seguridad vial en rutas de alta circulación. Sin embargo, la noticia ya generó fuerte repercusión entre conductores habituales de la 151, una de las rutas más transitadas de la región.
En redes sociales, muchos usuarios comenzaron a compartir ubicaciones de controles y advertencias entre automovilistas ante el inminente inicio de las sanciones económicas.
La negociación salarial en Río Negro volvió a escalar. Mientras el Gobierno provincial propone extender hasta septiembre el esquema de actualización por inflación, gremios estatales, docentes, judiciales y de salud advierten que el salario sigue perdiendo frente al costo de vida y comenzaron a coordinar una agenda común de reclamos.
El conflicto ya no pasa solamente por porcentajes. A la discusión paritaria se sumó este 15 de mayo una conferencia de prensa unificada en Viedma, encabezada por ASSPUR en el Hospital Artemides Zatti, donde el sindicato de salud denunció persecución sindical, quita de licencias gremiales, restricciones al uso de franquicias y falta de convocatoria a una paritaria sectorial. La propuesta del Gobierno: IPC híbrido hasta septiembre.
El Ejecutivo rionegrino presentó en la Mesa de la Función Pública una propuesta basada en la continuidad del IPC híbrido, un mecanismo que toma como referencia el promedio entre la inflación nacional y el índice de Viedma-Patagones.
Según la posición oficial, el esquema se extendería hasta septiembre de 2026, con liquidaciones previstas por bimestre. Desde el Gobierno sostienen que la medida busca dar previsibilidad salarial y evitar que los ingresos queden desfasados frente a la inflación. La oferta también incluye incrementos específicos para sectores de la administración pública, entre ellos operadores de SENAF y personal de servicio de apoyo de Educación. Además, la Provincia planteó un cronograma para cancelar recategorizaciones adeudadas a miles de trabajadores, especialmente del área de Salud.
Ese pago se realizaría de manera escalonada: los montos menores serían abonados en una cuota, mientras que las sumas más altas se cancelarían en cuotas hasta diciembre.
La respuesta sindical: “actualizar por inflación pasada no alcanza”
La lectura gremial es diferente. Desde la Coordinación de Sindicatos de Río Negro —con participación de ATE, UnTER, SITRAJUR, ASSPUR, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, SUPREN, ADUNC, SIDURN, ADIUPA, SITRAIUPA y otros espacios— plantean que los trabajadores estatales no deben ser “la variable de ajuste”.
El principal cuestionamiento apunta al esquema bimestral. Para los gremios, actualizar salarios con inflación pasada no garantiza recuperación real, porque durante uno de los dos meses el sueldo queda retrasado frente a los precios.
UnTER fue uno de los sindicatos que expresó con mayor claridad esa posición. El gremio docente sostuvo que el salario continúa por debajo del costo de vida y reclamó salario digno, blanqueo de sumas no remunerativas y actualización mensual.
En sus materiales de difusión, el sindicato graficó el problema con una idea simple: el Gobierno afirma que los salarios se actualizan por inflación, pero la realidad cotidiana muestra que los precios llegan antes que la recomposición.
ASSPUR denunció persecución sindical en Viedma
La conferencia de prensa de este 15 de mayo sumó otro eje al conflicto. ASSPUR denunció públicamente una “campaña de persecución y discriminación sindical” por parte del Gobierno provincial.
La secretaria general del sindicato, Cesira Mullaly, afirmó que la quita de licencias gremiales y la imposibilidad de utilizar franquicias sindicales no deben leerse como un conflicto personal ni sectorial, sino como un ataque a la organización de los trabajadores.
Según planteó, las licencias habían sido utilizadas hasta el 31 de diciembre pasado y luego fueron anuladas por decisión del Gobierno. Para ASSPUR, esa medida vulnera derechos de sindicalización, representación y negociación colectiva.
Mullaly también vinculó el conflicto sindical con la situación del sistema sanitario provincial. Señaló que la falta de paritaria sectorial de salud, los salarios por debajo de la canasta familiar y la precarización laboral forman parte de un escenario de desfinanciamiento y deterioro de la salud pública.
Una foto de unidad gremial
La conferencia mostró una fuerte presencia sindical. Participaron representantes de UnTER, SITRAJUR, ATE, CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, sindicatos de salud de Neuquén y La Pampa, y FESPROSA, entre otros espacios.
UnTER había anticipado su acompañamiento a ASSPUR y expresó solidaridad frente a los hechos denunciados. El sindicato docente sostuvo que los ataques a organizaciones gremiales afectan la libertad sindical, la organización colectiva y la democracia.
Desde SITRAJUR también advirtieron que el conflicto no debe leerse solo como un problema interno de los gremios. Plantearon que la herramienta sindical permite discutir salarios, condiciones laborales, infraestructura y calidad de los servicios públicos que recibe la comunidad.
FESPROSA, por su parte, convocó a una jornada nacional por la libertad sindical con acto central en Viedma. La federación ubicó el caso de ASSPUR dentro de una problemática más amplia que, según denunció, se repite en distintas provincias: gremios de salud excluidos de paritarias, restricciones al reconocimiento sindical y obstáculos para el ejercicio gremial.
La agenda unificada de los gremios
La coordinación sindical ya tuvo tres momentos clave durante mayo. El 12 de mayo se realizó un paro de CTA con marchas en Viedma, Bariloche y General Roca. El 14 de mayo se desarrolló la Mesa de Función Pública, donde los gremios defendieron el piso salarial y cuestionaron la propuesta oficial. El 15 de mayo se concretó la conferencia de prensa en Viedma encabezada por ASSPUR.
El próximo paso será el 22 de mayo, cuando se realice un plenario de la Coordinación de Sindicatos de Río Negro. Allí los gremios buscarán definir cómo continúa el reclamo y si avanzan con nuevas medidas.
Docentes, estatales y salud pública bajo presión
El conflicto docente mantiene un capítulo propio. UnTER cuestionó la propuesta provincial y sostuvo que el cargo testigo de maestra o maestro sin antigüedad continúa lejos de cubrir una canasta básica.
El reclamo se resume en tres puntos: salario digno, blanqueo de sumas no remunerativas y actualización mensual. Para el sindicato, el aumento bimestral genera una pérdida concreta porque el salario se recompone tarde, mientras los precios se actualizan todos los meses.
En paralelo, el reclamo de ASSPUR puso el foco sobre la salud pública. El sindicato sostiene que no hay una discusión sectorial que atienda las particularidades del sistema sanitario, donde conviven guardias, sobrecarga laboral, falta de personal, salarios bajos y dificultades para sostener servicios.
Una negociación que excede los porcentajes
En Río Negro, la negociación continuará en los próximos días. Mientras ATE mantiene abierta la instancia de diálogo, otros sectores endurecieron sus críticas. UPCN cuestionó el funcionamiento de la Mesa de la Función Pública, rechazó el IPC híbrido y se opuso al pago en cuotas de recategorizaciones.
El Gobierno apuesta a sostener un esquema que combine actualización automática, previsibilidad y regularización de deudas pendientes. Los gremios, en cambio, advierten que el problema de fondo sigue siendo el mismo: salarios que no alcanzan frente al costo de vida patagónico, derechos sindicales en disputa y servicios públicos sostenidos por trabajadores cada vez más tensionados.
La pregunta que queda abierta es si la Provincia logrará contener el conflicto con una propuesta salarial extendida hasta septiembre o si la unidad gremial que empezó a tomar forma en mayo empujará una nueva etapa de medidas y presión en la calle.
Cinco Saltos vivió una de las concentraciones políticas y sindicales más grandes de los últimos tiempos. Desde temprano comenzaron a llegar vecinos, trabajadores y familias de distintas localidades del Alto Valle y del norte rionegrino hasta la esquina de 9 de Julio y San Martín, donde Fuerza Rionegrina y Federal presentó oficialmente su octava sede en Río Negro en medio de una convocatoria que, según los organizadores, reunió a unas 4.000 personas.
La escena mostró algo más que una inauguración partidaria. Hubo banderas, militancia, presencia sindical, familias completas y una fuerte participación de vecinos llegados desde Catriel, Cipolletti, Allen, General Roca, Campo Grande, Villa Manzano, Fernández Oro y Barda del Medio, entre otras localidades. En un contexto atravesado por discusiones sobre empleo, crisis económica y representación política, el acto dejó un mensaje claro: el espacio busca consolidarse territorialmente desde el mundo del trabajo y con fuerte anclaje regional.
Los principales discursos estuvieron a cargo del secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci; del secretario general adjunto Ernesto Inal, nacido en Cinco Saltos; y del presidente de Fuerza Rionegrina y Federal, Fernando Valenzuela.
Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con la intervención de Inal, quien vinculó el crecimiento político del espacio con la historia reciente de Cinco Saltos y el deterioro productivo que atravesó la ciudad durante las últimas décadas.
“Mi identidad es 50% cincoaltense y 50% rinconense”, expresó el dirigente, al recordar que hace 25 años debió irse de la ciudad en busca de trabajo tras el cierre de Indupa y la caída de la actividad económica local.
El dirigente también dejó uno de los testimonios más sensibles de la jornada al recordar la muerte de su padre durante la pandemia por falta de oxígeno en una clínica de la ciudad.
“A mí se me murió mi padre acá, en una clínica, porque no había oxígeno. Y no quiero que le pase eso a ningún cincoaltense”, afirmó ante los vecinos presentes.
Lejos de limitarse a un discurso partidario clásico, Inal buscó conectar el crecimiento del espacio con demandas concretas vinculadas a salud, empleo, desarrollo local y representación territorial.
“No vengo a buscar votos para mí, sino a ayudar al pueblo donde nací y a levantar la voz”, sostuvo. Luego convocó a vecinos y jóvenes a involucrarse políticamente: “Los candidatos van a ser ustedes. Quiero ver a mi pueblo de pie y luchando por lo que le corresponde”.
Rucci, por su parte, reforzó la idea de que Fuerza Rionegrina y Federal intenta proyectarse más allá del ámbito petrolero y sindical.
“Este no es un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para representar a quienes la política tradicional ha olvidado”.
Marcelo Rucci
“Este no es un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para representar a quienes la política tradicional ha olvidado”, afirmó el secretario general petrolero frente a la multitud.
El dirigente insistió en que el espacio apunta a fortalecer la organización territorial y abrir lugares de decisión para trabajadores, jóvenes y vecinos de Río Negro. En ese marco retomó una de las consignas centrales del espacio: “Anímate a soñar”.
“No venimos a decir ‘crean en mí’, sino ‘crean en ustedes’”, expresó Rucci, en un mensaje que buscó instalar la idea de participación comunitaria y protagonismo social.
Uno de los puntos que más repercusión generó durante la jornada fueron los anuncios vinculados a infraestructura y salud para Cinco Saltos. Rucci informó que el sindicato pondrá a disposición una ambulancia de alta complejidad para la localidad y adelantó además proyectos para construir un centro de salud, una farmacia, una sede sindical y un salón de usos múltiples.
“La salud no tiene gremio ni color político”, sostuvo.
El líder petrolero también vinculó el futuro político del espacio con el desarrollo hidrocarburífero proyectado para Río Negro y la necesidad de preparar mano de obra local para los puestos que podrían generarse en los próximos años.
En esa línea, planteó que la capacitación laboral será uno de los ejes centrales para acompañar el crecimiento productivo de la región y evitar que las oportunidades laborales queden concentradas fuera de la provincia.
La apertura de la sede dejó además una señal política hacia el Alto Valle y el escenario provincial. Más allá de la estructura sindical petrolera, la convocatoria mostró capacidad de movilización territorial y una búsqueda explícita de ampliar representación sobre sectores sociales golpeados por años de crisis económica, pérdida de empleo y deterioro de servicios públicos.
La jornada terminó con vecinos, militantes y familias permaneciendo en el lugar incluso después de finalizado el acto. Y con una consigna que empezó a repetirse entre banderas, bombos y aplausos:
La muerte de Alma Candela Jara, una joven agente de la Policía de Río Negro de 19 años, provocó conmoción en General Roca y abrió nuevamente un debate sensible dentro de la fuerza: la salud mental y el acompañamiento psicológico de quienes integran las instituciones de seguridad.
El fallecimiento de la joven fue confirmado por el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, que la despidió públicamente con un mensaje cargado de dolor y acompañamiento hacia su familia, seres queridos y camaradas. “Su recuerdo quedará presente en cada guardia, en cada abrazo entre compañeros y en cada acto de entrega hacia los demás”, expresaron desde el organismo.
Alma había iniciado recientemente su carrera dentro de la Policía rionegrina. Por eso, la noticia impactó especialmente entre compañeros e integrantes de la institución, donde en las últimas horas se multiplicaron mensajes de tristeza y conmoción por la muerte de una agente tan joven.
El caso quedó bajo intervención del Ministerio Público Fiscal de la Segunda Circunscripción Judicial de Río Negro, con sede en General Roca, donde se investigan las circunstancias vinculadas al fallecimiento.
Pero más allá del dolor, el caso también dejó expuesto un reclamo interno que comenzó a circular con fuerza dentro de sectores vinculados a la comunidad policial. En el mensaje difundido por el Consejo de Bienestar Policial apareció una frase que no pasó desapercibida: “Que la institución tome nota de la importancia de los controles y seguimientos psicológicos. Nada más”.
El planteo volvió a poner sobre la mesa una discusión compleja y muchas veces silenciosa dentro de las fuerzas de seguridad: el impacto emocional de la actividad policial, las condiciones de salud mental y los mecanismos de contención disponibles para quienes integran la institución.
El reclamo cobró todavía más relevancia por un dato reciente. Apenas semanas antes del fallecimiento de Alma Candela Jara, el propio Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro había impulsado en Viedma una jornada de concientización y prevención del suicidio destinada a estudiantes de segundo año de la Escuela de Cadetes de la Policía provincial.
La actividad se realizó el pasado 24 de abril y tuvo como objetivo trabajar sobre identificación de factores de riesgo, fases del proceso suicida, mitos vinculados a la problemática e intervención en crisis. La capacitación fue organizada junto a la Asociación Red Argentina de Suicidología y contó con la participación de especialistas en salud mental, intervención comunitaria y prevención.
Entre los ejes abordados estuvieron:
identificación y prevención del suicidio;
factores protectores y factores de riesgo;
intervención institucional;
recomendaciones para la primera respuesta;
y herramientas para actuar ante situaciones críticas.
En ese contexto, la muerte de la joven agente volvió a poner en discusión una problemática que ya había comenzado a ser abordada dentro de ámbitos vinculados a la formación policial y la salud mental en las fuerzas de seguridad.
Mientras avanza la investigación judicial, la comunidad policial rionegrina despide a una joven agente cuyo fallecimiento dejó una profunda conmoción y un interrogante difícil de evitar: cómo acompañar emocionalmente a quienes también tienen la responsabilidad cotidiana de cuidar a otros.
Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de crisis emocional, pedí ayuda. En Argentina funciona la línea 135 desde CABA y Gran Buenos Aires, o el 0800-345-1435 desde todo el país.
Mientras algunas operadoras enfrentan incertidumbre sobre áreas maduras del norte rionegrino, nuevas alianzas shale empiezan a modificar el mapa petrolero cerca de Catriel. En ese escenario, TanGo Energy Argentina sumó concesiones sobre Vaca Muerta y quedó asociada a uno de los movimientos empresariales más relevantes de los últimos meses dentro del sector energético provincial.
La provincia aprobó nuevas concesiones de explotación no convencional para la compañía y extendió hasta 2061 la vigencia de áreas estratégicas vinculadas al desarrollo hidrocarburífero provincial. La decisión fue oficializada mediante el decreto provincial 509/26 y contempla concesiones shale sobre las áreas Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque, bloques ubicados dentro de la formación Vaca Muerta en Río Negro y vinculados al corredor energético del norte provincial.
El movimiento vuelve a colocar a la región dentro del radar de inversiones petroleras, infraestructura energética, servicios especializados y expectativas laborales asociadas al desarrollo no convencional.
Según informó el diario Río Negro, las nuevas concesiones abarcan más de 150.000 acres y serán desarrolladas en asociación con Vista Energy, una de las compañías con mayor crecimiento dentro de Vaca Muerta. El acuerdo establece que ambas firmas compartirán en partes iguales los derechos de explotación, mientras que TanGo quedará como titular y operador de los bloques.
La etapa piloto prevé:
la perforación de seis nuevos pozos shale;
una inversión inicial estimada en 66 millones de dólares;
y el inicio de operaciones durante el primer semestre de 2027.
El avance consolida la participación de TanGo Energy dentro del desarrollo no convencional de Vaca Muerta rionegrina, uno de los objetivos energéticos que la provincia busca acelerar desde hace años para ganar protagonismo dentro del mapa hidrocarburífero nacional.
La empresa ya venía consolidando presencia en Río Negro a través de distintos acuerdos y participaciones vinculadas al norte provincial. Entre sus movimientos más relevantes aparece también su participación en el área Loma Guadalosa, una de las áreas que Río Negro busca posicionar dentro de su estrategia shale y que actualmente se desarrolla junto a Pan American Energy y Continental Resources.
Dentro del sector energético, la llegada de Continental Resources —históricamente ligada al desarrollo del shale en Estados Unidos— fue leída como una señal de interés sobre el potencial no convencional de Río Negro y sobre la viabilidad técnica de nuevos proyectos vinculados a Vaca Muerta fuera de Neuquén.
Ahora, las nuevas concesiones aprobadas sobre Entre Lomas, Jarilla Quemada y Charco del Palenque profundizan esa estrategia y fortalecen la expansión gradual del shale en el norte provincial.
Catriel continúa siendo uno de los principales nodos petroleros de Río Negro, pese al reciente éxodo de empresas. Su infraestructura energética, la concentración de empresas de servicios, talleres, transportistas, operadoras y mano de obra especializada hacen que cada movimiento sobre áreas hidrocarburíferas genere expectativas económicas y laborales en la región.
Mientras cambian las operadoras, Catriel busca no quedar afuera del nuevo mapa energético de Vaca Muerta.
El crecimiento de TanGo también se inserta dentro de una estrategia más amplia impulsada por el gobierno provincial para convertir a Río Negro en un actor energético central dentro de la nueva etapa de Vaca Muerta. En los últimos meses, la provincia aceleró proyectos vinculados al oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), exportación de petróleo desde Punta Colorada y desarrollos de GNL asociados a mercados internacionales.
En esa línea, el gobernador Alberto Weretilneck sostuvo recientemente que Río Negro será “protagonista” de la nueva transformación energética del país y remarcó que hacia fines de 2026 Argentina comenzará a exportar petróleo desde territorio rionegrino.
Dentro de ese escenario, Catriel busca no quedar relegada frente al avance de otros polos de Vaca Muerta. La intendenta Daniela Salzotto viene planteando desde hace meses la necesidad de integrar a la ciudad al circuito energético regional no solo como zona productiva, sino también como centro de formación, servicios e infraestructura para la actividad hidrocarburífera.
“Con alianzas estratégicas, infraestructura y educación, vamos a ofrecer profesionales y servicios a toda la región de Vaca Muerta”, afirmó Salzotto en una de sus últimas intervenciones públicas vinculadas al desarrollo energético regional.
La jefa comunal también impulsa desde Catriel el denominado corredor Vaca Muerta Norte y distintas gestiones orientadas a fortalecer rutas estratégicas, logística regional y articulación con municipios petroleros de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Por eso, el crecimiento de TanGo no se interpreta únicamente como una noticia empresarial. También forma parte de un proceso más amplio que empieza a modificar el esquema petrolero del norte provincial.
Durante décadas, gran parte de la actividad regional estuvo sostenida sobre áreas convencionales maduras. Pero el avance de Vaca Muerta comenzó a cambiar lentamente la lógica de inversiones, el perfil de las operadoras y las perspectivas de desarrollo energético.
Ese proceso también quedó expuesto recientemente con la situación de Madalena Energy, que abrió interrogantes sobre continuidad operativa, empleo petrolero y sostenimiento de áreas maduras en Río Negro. En paralelo, nuevas compañías buscan posicionarse sobre proyectos no convencionales con mayores perspectivas de crecimiento y asociación con capitales externos.
La compañía es encabezada por Pablo Iuliano, ex CEO de YPF y uno de los ejecutivos con mayor trayectoria técnica dentro del desarrollo no convencional argentino. Tras conocerse las nuevas concesiones, Iuliano sostuvo que la empresa trabajó junto a sus accionistas para “desriskear el shale de Río Negro” y afirmó que el objetivo es generar valor energético para la provincia y para el país.
La petrolera proyecta alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios en cinco años, una meta que muestra la dimensión del plan de crecimiento que busca construir dentro de la Cuenca Neuquina.
La discusión ya no pasa solamente por concesiones o inversiones millonarias. En el norte rionegrino, el debate empieza a ser cuánto de esta nueva etapa de Vaca Muerta podrá convertirse en empleo, servicios, formación técnica y actividad económica para ciudades como Catriel, que construyeron buena parte de su historia alrededor del petróleo.
La cuarta Marcha Federal Universitaria tuvo este 12 de mayo una fuerte expresión en la Patagonia y volvió a mostrar el peso político, social y territorial que tienen las universidades públicas en Río Negro y Neuquén. Lejos de tratarse de una protesta limitada al ámbito académico, las movilizaciones regionales reunieron a estudiantes, docentes, nodocentes, investigadores, sindicatos y organizaciones sociales que marcharon bajo una consigna común: exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso.
La jornada llegó además atravesada por un clima de creciente tensión entre el sistema universitario y el Ejecutivo nacional. Horas antes de la movilización, el medio La Política Online informó que el Gobierno dispuso un recorte de 5.300 millones de pesos sobre partidas destinadas a universidades nacionales, principalmente vinculadas a infraestructura del conocimiento y gastos de capital. El dato profundizó el malestar en el ámbito educativo y reforzó la convocatoria federal.
En paralelo, distintas universidades nacionales vienen denunciando un deterioro acelerado del sistema científico y académico. Según publicó La Política Online, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes e investigadores desde diciembre de 2023, en medio de la pérdida de poder adquisitivo y el ajuste sobre investigación y ciencia.
En Neuquén capital y Viedma se registraron algunas de las principales concentraciones regionales. También hubo convocatorias en General Roca, Bariloche, Cipolletti, Villa Regina y otras localidades donde funcionan sedes universitarias. En Neuquén, la movilización comenzó en el playón central de la Universidad Nacional del Comahue y avanzó luego por el centro de la ciudad con una importante participación social.
La propia UNCo informó que más de 20 mil personas participaron de la movilización en Neuquén capital, en una de las mayores marchas universitarias registradas en la región desde el inicio del conflicto por el financiamiento educativo.
El rol de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) fue central. Ambas instituciones impulsaron convocatorias conjuntas, conferencias de prensa y actividades coordinadas para defender el financiamiento universitario y advertir sobre el impacto presupuestario en la Patagonia.
La rectora de la UNCo, Beatriz Gentile, y el rector de la UNRN, Anselmo Torres, encabezaron públicamente el llamado a marchar. Junto a representantes gremiales y estudiantiles, plantearon que la situación ya afecta salarios, investigación, becas, funcionamiento institucional y permanencia estudiantil.
En el caso de la Universidad Nacional del Comahue, las autoridades advirtieron además sobre un fenómeno que comenzó a profundizarse durante el último año: la renuncia de docentes y profesionales por deterioro salarial. Según datos difundidos por la propia universidad y replicados por medios regionales, desde 2024 se registraron más de 270 renuncias dentro de la institución.
Ese dato encendió una alarma particular en la Patagonia, donde muchas carreras dependen de perfiles especializados difíciles de reemplazar en el corto plazo. Rectores y gremios sostienen que el problema ya no se limita a una discusión salarial, sino que comienza a afectar la capacidad estructural de las universidades para sostener carreras, investigación científica y extensión territorial.
En Río Negro, la movilización también tuvo fuerte presencia en ciudades intermedias y localidades del interior. La Sede Alto Valle y Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro compartió imágenes de la marcha realizada en Villa Regina, donde estudiantes, docentes y vecinos se sumaron a la convocatoria nacional en defensa de la educación pública.
La protesta además excedió al ámbito estrictamente universitario. En Río Negro, UnTER realizó una “plaza activa” en defensa de la educación pública y contra el ajuste, integrando el reclamo docente provincial al escenario nacional de conflictividad educativa.
La movilización regional también dejó en evidencia otra cuestión de fondo: el papel estratégico que cumplen las universidades públicas en provincias patagónicas con grandes distancias geográficas y fuerte desigualdad territorial. Para miles de familias de Río Negro y Neuquén, la UNCo y la UNRN representan la posibilidad concreta de acceder a educación superior sin abandonar definitivamente sus ciudades o afrontar costos imposibles de sostener en grandes centros urbanos.
La Universidad Nacional del Comahue, con presencia histórica en Neuquén y Río Negro, funciona además como uno de los principales espacios de formación profesional del norte patagónico. La Universidad Nacional de Río Negro, creada en 2007 y expandida en distintas sedes provinciales, consolidó durante los últimos años una fuerte inserción territorial en ciudades intermedias y localidades del interior.
Por eso, la discusión sobre financiamiento universitario adquirió en la Patagonia una dimensión distinta a la de otros centros urbanos del país. El debate no pasa únicamente por partidas presupuestarias: involucra arraigo, desarrollo regional, acceso a educación pública y continuidad de proyectos científicos vinculados a recursos naturales, energía, ambiente, salud y producción.
Las universidades patagónicas también pusieron el foco en el conflicto judicial abierto con el Gobierno nacional. Tanto la UNCo como la UNRN respaldaron el reclamo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionaron que el Ejecutivo continúe apelando fallos judiciales vinculados al tema.
Mientras la discusión avanza hacia la Corte Suprema, la marcha del 12 de mayo dejó una señal clara en Río Negro y Neuquén: las universidades públicas lograron convertir un conflicto presupuestario en un debate social mucho más amplio sobre el rol del Estado, el acceso a la educación y el futuro del desarrollo regional en la Patagonia.
Río Negro atraviesa un momento de fuerte tensión social y laboral. Lo que empezó como un conflicto docente por salarios y condiciones de trabajo terminó abriendo una escena más amplia: distintos gremios provinciales resolvieron coordinar acciones, unificar reclamos y convocar a una jornada de paro y movilización para el 12 de mayo.
La foto política y sindical no es menor. Representantes de UnTER, ATE, SITRAJUR, ASSPUR, CTA Autónoma, SUPREN, ADUNC, SIDURN, ADIUPA y SITRAIUPA, entre otras organizaciones, compartieron una conferencia de prensa en Roca/Fiske Menuco para plantear una agenda común frente al ajuste, la pérdida salarial, la situación de la salud y la educación pública, el financiamiento universitario, los derechos laborales y la denuncia de represión contra trabajadores que se movilizan.
El punto de quiebre fue la protesta docente del 5 de mayo. UnTER había iniciado un paro de 48 horas y realizó movilizaciones en los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén. Según denunció el gremio, fuerzas federales intervinieron para aplicar el protocolo antipiquetes y se registraron forcejeos, empujones y uso de gas pimienta contra manifestantes.
Desde la mirada sindical, ese operativo no fue un hecho aislado. Fue leído como una señal hacia el conjunto de los trabajadores estatales: si el reclamo salarial se organiza y gana visibilidad pública, la respuesta puede ser el disciplinamiento. Por eso, la conferencia del 8 de mayo funcionó como algo más que una convocatoria. Fue una respuesta política colectiva.
UnTER informó que la Coordinadora de Sindicatos de Río Negro llamó a movilizar el 12 de mayo, con una plaza activa en Roca/Fiske Menuco desde las 16 y una marcha desde las 18. También se anunciaron movilizaciones en otras ciudades de la provincia, como Viedma y Bariloche.
La unidad gremial tiene un peso particular porque reúne sectores que muchas veces reclaman por separado. La docencia reclama paritarias y salarios; salud exige ingresos acordes al costo de vida patagónico y mejores condiciones de trabajo; judiciales plantean independencia, derechos laborales y funcionamiento institucional; universitarios advierten sobre el financiamiento de la educación superior; estatales cuestionan el deterioro salarial y las sumas que no impactan en el básico.
SITRAJUR sintetizó parte de esa agenda al señalar que la Coordinadora plantea demandas vinculadas a salarios acordes al costo de vida patagónico, rechazo a sumas no remunerativas, defensa de derechos laborales, funcionamiento del IPROSS, financiamiento universitario y cese de la persecución y represión contra quienes se organizan y reclaman.
El reclamo universitario suma otra dimensión. La movilización del 12 de mayo se inscribe también en una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada a nivel nacional por el sistema universitario, gremios docentes y organizaciones estudiantiles en defensa del financiamiento de la universidad pública.
Pero en Río Negro, el dato central es la articulación provincial. La Coordinadora de Sindicatos no aparece de un día para otro. El 24 de abril, UnTER ya había informado una reunión de múltiples representaciones sindicales con desarrollo en la provincia y a nivel nacional para coordinar acciones frente al ajuste.
Ese antecedente inmediato permite entender que la conferencia del 8 de mayo no fue una reacción improvisada. La represión denunciada en Cipolletti aceleró una construcción que ya venía tomando forma: unir conflictos que tienen raíces comunes. Salarios que pierden frente al costo de vida, servicios públicos deteriorados, presupuestos ajustados, condiciones laborales cada vez más exigidas y una sensación extendida de que el esfuerzo de los trabajadores no encuentra respuesta institucional.
Río Negro ya conoce este tipo de momentos. La historia provincial tiene un antecedente fuerte en el Frente Estatal Rionegrino, una experiencia de unidad sindical desarrollada durante la crisis del Estado provincial entre 1994 y 1996. Investigaciones académicas lo describen como un caso de unidad sindical en un espacio subnacional, con participación de gremios estatales como UnTER, SITRAJUR y ATE.
La comparación no significa que el escenario actual sea idéntico al de los años 90. Cambiaron los gobiernos, las formas de protesta, las condiciones económicas y el mapa gremial. Pero hay una continuidad histórica evidente: cuando el deterioro salarial y el ajuste estatal afectan de manera transversal a distintos sectores, Río Negro vuelve a producir espacios de coordinación sindical.
Ahí está la importancia política de lo que ocurre ahora. No se trata solamente de una protesta docente, ni de un reclamo sectorial de salud, ni de una marcha universitaria aislada. Lo que aparece es una lectura común: la crisis no golpea a un solo gremio, sino a trabajadores de distintas áreas que sostienen la vida cotidiana de la provincia.
Esa vida cotidiana tiene nombres concretos. Una maestra que trabaja en una escuela con problemas edilicios. Un enfermero que cobra por debajo de lo que cuesta vivir en la Patagonia. Una trabajadora judicial que reclama condiciones para que el servicio funcione. Un no docente universitario que ve deteriorarse su salario. Una familia que depende de la escuela pública, del hospital, del IPROSS o de una oficina estatal para resolver problemas reales.
Por eso la unidad gremial no es solo una estrategia de protesta. También es un mensaje hacia la sociedad rionegrina: detrás de cada reclamo salarial hay servicios públicos que funcionan peor cuando sus trabajadores son empujados al agotamiento, la precarización o la pérdida de poder adquisitivo.
El Gobierno provincial, por su parte, buscó relativizar el impacto del paro docente con datos oficiales de presentismo y sostuvo su esquema salarial con una actualización automática del 5,29%, además de afirmar que los salarios docentes de Río Negro se ubican entre los mejores del país.
Esa respuesta no alcanzó para desactivar el conflicto. Para los gremios, el problema no se reduce a un porcentaje mensual ni a una comparación estadística. La discusión de fondo es si los ingresos alcanzan para vivir en una provincia con costo patagónico, si las sumas ofrecidas recomponen realmente el salario, si hay paritarias efectivas y si el Estado escucha antes de que la conflictividad escale.
La convocatoria del 12 de mayo será, entonces, una prueba política. No solo medirá la adhesión a una marcha o a un paro. También mostrará si la coordinación gremial logra transformar conflictos dispersos en una agenda provincial capaz de interpelar a más trabajadores, más familias y más comunidades.
La historia rionegrina demuestra que estos procesos no nacen de la nada. Aparecen cuando la bronca sectorial empieza a reconocerse como parte de un problema común. En los años 90, esa unidad tomó la forma del Frente Estatal Rionegrino. Hoy, con otros actores y otro contexto, la Coordinadora de Sindicatos vuelve a poner sobre la mesa una idea conocida: frente a decisiones que afectan a muchos, la respuesta también busca ser colectiva.
Río Negro llega al 12 de mayo con una pregunta abierta. Si el Gobierno insiste en responder cada conflicto por separado, los gremios intentarán mostrar exactamente lo contrario: que la educación, la salud, la justicia, la universidad y el empleo público forman parte de una misma discusión sobre qué provincia se quiere construir y quiénes pagan el costo del ajuste.
En medio del paro provincial y las medidas de fuerza impulsadas por el sindicato docente UnTER, integrantes del Consejo Directivo Central (CDC) denunciaron este martes que encontraron cerrado el acceso al Consejo Escolar de Viedma cuando intentaban ingresar para presentar reclamos vinculados a instituciones educativas de distintas localidades de Río Negro.
Según informó el gremio a través de un comunicado oficial, representantes sindicales se acercaron al organismo junto a integrantes de la conducción y de la seccional local para “visibilizar los reclamos de la docencia rionegrina que continúan sin respuestas por parte del gobierno provincial”.
De acuerdo a lo expresado por UnTER, al llegar al lugar se encontraron con las puertas cerradas con llave y, según indicaron, se les informó que existían órdenes previas para impedir el ingreso. Desde el sindicato calificaron la situación como “grave” y señalaron que representa un obstáculo al “legítimo derecho de representación y reclamo” de la organización.
Siempre según el comunicado difundido por el gremio, el acceso finalmente fue habilitado tras la llegada de una delegada presente en el organismo.
Durante la jornada, la secretaria general de la seccional realizó la entrega formal de distintos reclamos relacionados con establecimientos educativos de la zona. Según detallaron desde UnTER, los planteos incluyen problemáticas que afectan diariamente a trabajadores y trabajadoras de la educación y que, afirman, todavía no obtuvieron respuestas concretas por parte de las autoridades provinciales.
En el mismo documento, el sindicato también denunció hechos ocurridos durante una protesta realizada el día anterior. Desde la organización señalaron que docentes habrían sido gaseados por fuerzas federales mientras realizaban una manifestación para visibilizar sus reclamos salariales y laborales.
“Lo sucedido constituye un gravísimo avance en la criminalización de la protesta social”, expresaron desde el gremio, que además sostuvo la necesidad de continuar con medidas de organización y protesta “en defensa de la educación pública y de los derechos de los trabajadores”.
Hasta el momento, el Gobierno provincial no difundió una respuesta oficial sobre los planteos realizados por el sindicato ni sobre los hechos denunciados por la conducción gremial.
El Instituto de Formación Técnica Vaca Muerta (IVM) reabrió la inscripción a sus cursos gratuitos orientados al sector petrolero, en una convocatoria que estará disponible hasta el 20 de mayo y que busca formar operadores y técnicos para una de las industrias con mayor demanda laboral en la región.
La propuesta llega luego de una edición anterior que superó los 17.000 inscriptos, según informaron desde la institución, y se posiciona como una de las principales vías de acceso a capacitación específica para ingresar a Vaca Muerta.
Los cursos comenzarán el 2 de junio y combinan instancias virtuales con formación presencial en Neuquén, en la sede ubicada dentro del Polo Tecnológico. Están orientados a cubrir perfiles técnicos vinculados al upstream, es decir, a las etapas de exploración y producción de hidrocarburos.
La oferta incluye capacitaciones como operador de perforación, operador de fractura, mantenimiento mecánico y eléctrico, instrumentación, producción y operación de plantas, además de un curso específico de seguridad operativa en yacimiento.
Cada trayecto tiene una duración aproximada de cuatro meses, con cursadas en turnos tarde o noche, mientras que la formación en seguridad tiene una extensión de un mes.
Según detallaron desde el IVM, uno de los ejes de la propuesta es la práctica en entornos reales o simulados. El instituto cuenta con laboratorios, simuladores y talleres técnicos, y proyecta incorporar un “pozo escuela” para fortalecer la experiencia en campo.
Para inscribirse, se requiere secundario completo o ciclo básico aprobado, manejo básico de herramientas digitales y acceso a internet. El proceso se realiza de manera online a través del sitio oficial del instituto.
Las certificaciones cuentan con validación del sistema educativo provincial y están alineadas con estándares de la industria, lo que apunta a mejorar las posibilidades de inserción laboral de quienes finalicen la formación.
El instituto funciona con el respaldo de empresas del sector energético —como YPF, Chevron, Tecpetrol, Shell y otras operadoras y compañías de servicios— además de organismos públicos, sindicatos y entidades financieras, en un esquema de articulación entre el sector privado y el Estado.
La reapertura de inscripciones se da en un contexto de expansión de la actividad en Vaca Muerta, donde la demanda de mano de obra calificada continúa en crecimiento y la formación técnica se vuelve un requisito clave para acceder a oportunidades laborales en el sector.
La conducción provincial del gremio docente UnTER convocó a un paro de 48 horas para el martes 5 y miércoles 6 de mayo en Río Negro, en reclamo por salarios, condiciones laborales y falta de convocatoria a paritarias.
Según el comunicado difundido por el Consejo Directivo Central del sindicato, la medida se enmarca en la continuidad del plan de lucha ante la ausencia de respuestas por parte del Gobierno provincial.
Desde el gremio señalaron que el conflicto se sostiene por una combinación de factores: salarios por debajo de la línea de pobreza, falta de cargos, problemas edilicios y ausencia de presupuesto para el funcionamiento del sistema educativo.
“Sin respuestas del Gobierno, profundizamos el plan de lucha en toda la provincia”, indicaron desde UnTER, y remarcaron que la situación impacta directamente en el normal desarrollo de las clases.
En ese contexto, el sindicato anunció que durante las jornadas de paro se realizarán actividades para visibilizar el reclamo. El martes 5 habrá una actividad provincial en Cipolletti, mientras que el miércoles 6 se prevén acciones en distintas seccionales del territorio rionegrino.
La medida de fuerza implicará suspensión de clases en escuelas públicas de la provincia durante ambas jornadas, afectando a estudiantes y familias.
Hasta el momento, no se informó oficialmente una convocatoria a paritarias ni nuevas propuestas salariales por parte del Ejecutivo, lo que mantiene abierto el conflicto.
El paro se inscribe en un escenario de tensión entre el sector docente y el Gobierno provincial, con reclamos que apuntan tanto a lo salarial como a las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa.
