La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría, en primera vuelta, un proyecto de ley que autoriza y regula el uso de armas “menos letales” por parte de la Policía provincial. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, de Primero Río Negro, y obtuvo 29 votos positivos y 8 negativos.
El proyecto busca incorporar herramientas intermedias para la intervención policial, en situaciones donde el uso del arma de fuego reglamentaria pueda resultar desproporcionado. Según los fundamentos de la iniciativa, actualmente el personal policial que presta servicio en la vía pública cuenta habitualmente con una pistola calibre 9 milímetros, cuyo uso debe quedar limitado a casos de riesgo real e inminente para la vida.
La propuesta define como armas menos letales a los dispositivos diseñados para incapacitar, disuadir o controlar a una persona, reduciendo significativamente la probabilidad de causar lesiones graves o la muerte. Entre los elementos previstos se incluyen pistolas Taser o Axon, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado —como balas de goma o polímeros—, granadas aturdidoras acústicas o luminosas y lanzadores de agentes irritantes para control de multitudes.
Durante el debate, Mansilla explicó que se trata de una iniciativa reiterada de un proyecto presentado en 2024 y sostuvo que la provincia necesita adecuar su normativa a estándares internacionales sobre uso progresivo de la fuerza y derechos humanos. Según planteó, la ley vigente contempla el uso de armas letales, pero no establece con claridad herramientas intermedias para determinadas intervenciones.
Uno de los puntos centrales del texto es que estos dispositivos no podrán ser utilizados por cualquier efectivo. La iniciativa establece que solo estarán habilitados quienes reciban capacitación específica, aprueben protocolos técnicos y operativos, y formen parte de unidades determinadas. Además, la Policía deberá llevar un registro del personal autorizado, los instructores y las fechas de certificación.
El proyecto también incorpora mecanismos de control. Toda intervención en la que se utilicen armas menos letales deberá ser registrada mediante audio y video, para permitir una eventual revisión administrativa o judicial. Según sus impulsores, ese punto busca garantizar transparencia, prevenir abusos y generar evidencia sobre el procedimiento.
La ley prevé que estas herramientas puedan utilizarse en escenarios específicos: para inmovilizar a una persona que represente un peligro inmediato, en defensa propia o de terceros, para impedir un delito de acción pública o para controlar situaciones de violencia cuando otros medios resulten insuficientes.
El tratamiento legislativo también dejó planteadas objeciones. La legisladora Ayelén Spósito, de Vamos con Todos, cuestionó el proyecto y advirtió sobre riesgos sanitarios, posibles usos en contextos de protesta social y situaciones vinculadas a salud mental. Sostuvo que las Taser deberían usarse solo en casos extremos, ante una amenaza real e inmediata para la vida, y como reemplazo del arma de fuego.
Spósito también mencionó posibles lesiones derivadas del uso de estos dispositivos, como traumatismos por caídas, quemaduras, problemas respiratorios o lesiones graves por proyectiles de goma. Además, citó recomendaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas sobre los riesgos de uso de estas armas en contextos de detención.
Desde una postura intermedia, el legislador José Luis Berros, también de Vamos con Todos, planteó modificaciones. Propuso prohibir el uso de estas armas en manifestaciones públicas, protestas o eventos, y limitar su aplicación sobre determinados grupos, como menores de 16 años y personas con discapacidad.
En cambio, legisladores como Santiago Ibarrolaza, Javier Acevedo y Juan Martín acompañaron la iniciativa. Ibarrolaza aclaró que la norma no implica que todos los policías vayan a portar una Taser, sino que se trata de una herramienta para situaciones excepcionales. Acevedo recordó que su bloque ya había presentado un proyecto similar en 2024. Juan Martín, por su parte, defendió la necesidad de “cuidar a los que nos cuidan” y sostuvo que estos dispositivos cubren un vacío entre la inacción y el uso de armas de fuego.
Durante el debate también se incorporó una discusión terminológica. El legislador Fernando Frugoni, de ARI-Cambiemos, propuso reemplazar la expresión “armas no letales” por “armas menos letales”, al considerar que todos estos dispositivos pueden provocar la muerte en determinadas circunstancias.
Tras la aprobación en primera vuelta, el proyecto deberá continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley definitiva. El debate quedó abierto sobre el alcance de la norma, los controles efectivos, la capacitación policial y los límites de uso en situaciones sensibles como protestas, detenciones o intervenciones vinculadas a salud mental.
