Río Negro atraviesa un momento de fuerte tensión social y laboral. Lo que empezó como un conflicto docente por salarios y condiciones de trabajo terminó abriendo una escena más amplia: distintos gremios provinciales resolvieron coordinar acciones, unificar reclamos y convocar a una jornada de paro y movilización para el 12 de mayo.

La foto política y sindical no es menor. Representantes de UnTER, ATE, SITRAJUR, ASSPUR, CTA Autónoma, SUPREN, ADUNC, SIDURN, ADIUPA y SITRAIUPA, entre otras organizaciones, compartieron una conferencia de prensa en Roca/Fiske Menuco para plantear una agenda común frente al ajuste, la pérdida salarial, la situación de la salud y la educación pública, el financiamiento universitario, los derechos laborales y la denuncia de represión contra trabajadores que se movilizan.

El punto de quiebre fue la protesta docente del 5 de mayo. UnTER había iniciado un paro de 48 horas y realizó movilizaciones en los puentes carreteros que unen Cipolletti y Neuquén. Según denunció el gremio, fuerzas federales intervinieron para aplicar el protocolo antipiquetes y se registraron forcejeos, empujones y uso de gas pimienta contra manifestantes.

Desde la mirada sindical, ese operativo no fue un hecho aislado. Fue leído como una señal hacia el conjunto de los trabajadores estatales: si el reclamo salarial se organiza y gana visibilidad pública, la respuesta puede ser el disciplinamiento. Por eso, la conferencia del 8 de mayo funcionó como algo más que una convocatoria. Fue una respuesta política colectiva.

UnTER informó que la Coordinadora de Sindicatos de Río Negro llamó a movilizar el 12 de mayo, con una plaza activa en Roca/Fiske Menuco desde las 16 y una marcha desde las 18. También se anunciaron movilizaciones en otras ciudades de la provincia, como Viedma y Bariloche.

La unidad gremial tiene un peso particular porque reúne sectores que muchas veces reclaman por separado. La docencia reclama paritarias y salarios; salud exige ingresos acordes al costo de vida patagónico y mejores condiciones de trabajo; judiciales plantean independencia, derechos laborales y funcionamiento institucional; universitarios advierten sobre el financiamiento de la educación superior; estatales cuestionan el deterioro salarial y las sumas que no impactan en el básico.

SITRAJUR sintetizó parte de esa agenda al señalar que la Coordinadora plantea demandas vinculadas a salarios acordes al costo de vida patagónico, rechazo a sumas no remunerativas, defensa de derechos laborales, funcionamiento del IPROSS, financiamiento universitario y cese de la persecución y represión contra quienes se organizan y reclaman.

El reclamo universitario suma otra dimensión. La movilización del 12 de mayo se inscribe también en una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada a nivel nacional por el sistema universitario, gremios docentes y organizaciones estudiantiles en defensa del financiamiento de la universidad pública.

Pero en Río Negro, el dato central es la articulación provincial. La Coordinadora de Sindicatos no aparece de un día para otro. El 24 de abril, UnTER ya había informado una reunión de múltiples representaciones sindicales con desarrollo en la provincia y a nivel nacional para coordinar acciones frente al ajuste.

Ese antecedente inmediato permite entender que la conferencia del 8 de mayo no fue una reacción improvisada. La represión denunciada en Cipolletti aceleró una construcción que ya venía tomando forma: unir conflictos que tienen raíces comunes. Salarios que pierden frente al costo de vida, servicios públicos deteriorados, presupuestos ajustados, condiciones laborales cada vez más exigidas y una sensación extendida de que el esfuerzo de los trabajadores no encuentra respuesta institucional.

Río Negro ya conoce este tipo de momentos. La historia provincial tiene un antecedente fuerte en el Frente Estatal Rionegrino, una experiencia de unidad sindical desarrollada durante la crisis del Estado provincial entre 1994 y 1996. Investigaciones académicas lo describen como un caso de unidad sindical en un espacio subnacional, con participación de gremios estatales como UnTER, SITRAJUR y ATE.

La comparación no significa que el escenario actual sea idéntico al de los años 90. Cambiaron los gobiernos, las formas de protesta, las condiciones económicas y el mapa gremial. Pero hay una continuidad histórica evidente: cuando el deterioro salarial y el ajuste estatal afectan de manera transversal a distintos sectores, Río Negro vuelve a producir espacios de coordinación sindical.

Ahí está la importancia política de lo que ocurre ahora. No se trata solamente de una protesta docente, ni de un reclamo sectorial de salud, ni de una marcha universitaria aislada. Lo que aparece es una lectura común: la crisis no golpea a un solo gremio, sino a trabajadores de distintas áreas que sostienen la vida cotidiana de la provincia.

Esa vida cotidiana tiene nombres concretos. Una maestra que trabaja en una escuela con problemas edilicios. Un enfermero que cobra por debajo de lo que cuesta vivir en la Patagonia. Una trabajadora judicial que reclama condiciones para que el servicio funcione. Un no docente universitario que ve deteriorarse su salario. Una familia que depende de la escuela pública, del hospital, del IPROSS o de una oficina estatal para resolver problemas reales.

Por eso la unidad gremial no es solo una estrategia de protesta. También es un mensaje hacia la sociedad rionegrina: detrás de cada reclamo salarial hay servicios públicos que funcionan peor cuando sus trabajadores son empujados al agotamiento, la precarización o la pérdida de poder adquisitivo.

El Gobierno provincial, por su parte, buscó relativizar el impacto del paro docente con datos oficiales de presentismo y sostuvo su esquema salarial con una actualización automática del 5,29%, además de afirmar que los salarios docentes de Río Negro se ubican entre los mejores del país.

Esa respuesta no alcanzó para desactivar el conflicto. Para los gremios, el problema no se reduce a un porcentaje mensual ni a una comparación estadística. La discusión de fondo es si los ingresos alcanzan para vivir en una provincia con costo patagónico, si las sumas ofrecidas recomponen realmente el salario, si hay paritarias efectivas y si el Estado escucha antes de que la conflictividad escale.

La convocatoria del 12 de mayo será, entonces, una prueba política. No solo medirá la adhesión a una marcha o a un paro. También mostrará si la coordinación gremial logra transformar conflictos dispersos en una agenda provincial capaz de interpelar a más trabajadores, más familias y más comunidades.

La historia rionegrina demuestra que estos procesos no nacen de la nada. Aparecen cuando la bronca sectorial empieza a reconocerse como parte de un problema común. En los años 90, esa unidad tomó la forma del Frente Estatal Rionegrino. Hoy, con otros actores y otro contexto, la Coordinadora de Sindicatos vuelve a poner sobre la mesa una idea conocida: frente a decisiones que afectan a muchos, la respuesta también busca ser colectiva.

Río Negro llega al 12 de mayo con una pregunta abierta. Si el Gobierno insiste en responder cada conflicto por separado, los gremios intentarán mostrar exactamente lo contrario: que la educación, la salud, la justicia, la universidad y el empleo público forman parte de una misma discusión sobre qué provincia se quiere construir y quiénes pagan el costo del ajuste.