El Gobierno de Río Negro firmó esta semana una carta de intención con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para acceder a un crédito millonario internacional destinado a implementar un nuevo sistema de gestión de residuos. El plan, denominado GIRSU, apunta a cerrar basurales a cielo abierto y construir plantas con tecnología que permitirían recuperar hasta el 70% de los desechos.
Sin embargo, el proyecto solo alcanza en esta primera etapa a seis municipios del Alto Valle: Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Cinco Saltos, Campo Grande y Contralmirante Cordero.
En ese esquema, Catriel no está incluida.
La decisión abre un interrogante inmediato en la región: qué pasará con localidades que continúan operando con basurales a cielo abierto y sin financiamiento externo para su saneamiento.
En el caso de Catriel, la situación fue detallada en un informe oficial elaborado por el área de Medio Ambiente municipal y remitido en 2025 a la Defensoría del Pueblo de la Nación, en el marco de un requerimiento sobre la gestión de residuos.
Según ese documento, el vertedero municipal funciona al menos desde 1985, está ubicado a unos 3,4 kilómetros del casco urbano y recibe residuos domiciliarios, voluminosos e incluso industriales. El informe señala que el municipio realiza tareas de mitigación —como la creación de un centro de reciclaje primario, controles de ingreso y campañas de separación— pero reconoce una limitación central:
no cuenta con financiamiento suficiente para avanzar en el saneamiento integral ni en la construcción de un relleno sanitario.
El propio Ejecutivo local indicó en ese escrito que no recibe aportes ni de Provincia ni de Nación para resolver el problema de fondo, y solicitó información sobre convenios anteriores —firmados entre 2011 y 2012— que preveían el cierre del basurero pero nunca se concretaron.
Ese mismo informe también fue requerido a la Provincia de Río Negro y a la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Según consta en la presentación, no hubo respuesta a esa requisitoria por parte de esos organismos.
Mientras tanto, el tema volvió a tomar visibilidad en abril de 2026 a partir de reclamos vecinales. Desde la Junta Vecinal del Barrio Parque YPF difundieron un pronunciamiento en el que manifestaron preocupación por la quema de residuos en el basurero municipal.
“Esta práctica afecta la salud de toda la comunidad y el ambiente”, señalaron, y advirtieron sobre riesgos asociados a la combustión de plásticos, cubiertas y materiales con metales pesados, que podrían generar emisiones tóxicas.
En el mismo documento, los vecinos solicitaron el cese inmediato de la quema, mayor fiscalización y la implementación de un sistema de gestión integral de residuos conforme a la Ley Nacional 25.916.
A estos planteos se sumaron también expresiones de preocupación desde otras juntas vecinales, que difundieron imágenes del estado del predio.
El contraste es claro: mientras el Alto Valle avanza hacia un modelo regional con financiamiento internacional y tecnología, Catriel sigue dependiendo de recursos propios para enfrentar un problema que lleva décadas.
Por ahora, no hay confirmación oficial sobre una eventual inclusión de la ciudad en futuras etapas del programa provincial.
