Río Negro

El partido de Marcelo Rucci crece en Neuquén y ya mueve fichas en Catriel con armado propio

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El crecimiento político del espacio encabezado por Marcelo Rucci ya empieza a proyectarse fuera de Neuquén. Mientras Fuerza Neuquina y Federal se consolidó como la cuarta fuerza con mayor cantidad de afiliados en esa provincia, en Catriel avanza una estructura propia bajo el nombre de Fuerza Rionegrina y Federal.

Según datos publicados por la Cámara Nacional Electoral, la fuerza neuquina reunió 3.350 afiliados en 2025 y quedó detrás del Movimiento Popular Neuquino, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical.

Ese avance coincide con movimientos territoriales en la región. En Catriel, el espacio comenzó a mostrarse públicamente durante marzo con una convocatoria abierta en el salón de la Unión Deportiva Catriel, bajo el lema “Catriel se pone de pie”. La actividad fue presentada como una reunión destinada a sumar participación vecinal y consolidar presencia local.

En las últimas semanas, además, referentes y simpatizantes difundieron nuevas convocatorias para reunir adhesiones y avanzar en la formalización partidaria en Río Negro. En los mensajes públicos invitaron a los vecinos a acercarse con DNI para respaldar la iniciativa.

La aparición de este armado se produce en un escenario político local con fuerzas ya instaladas. En Catriel tienen presencia Juntos Somos Río Negro, alineado al gobernador Alberto Weretilneck; el Movic, referenciado en el exintendente Carlos Johnston (hoy distanciado de Weretilneck); el Frente de Acción Vecinal de Catriel, que gobierna el municipio con la intendenta Daniela Salzotto; además de la Unión Cívica Radical y sectores vinculados a Primero Río Negro.

En una ciudad atravesada por la actividad petrolera y con fuerte vínculo económico con Neuquén, la irrupción de un espacio ligado a ese sector suma interés político y sindical. Catriel comparte desde hace años dinámicas laborales, empresariales y sociales con localidades neuquinas cercanas.

Por ahora, la estructura rionegrina se encuentra en etapa de organización y adhesiones. Sin embargo, la consolidación del partido de Rucci en Neuquén y sus primeros pasos en Catriel muestran que el armado busca convertirse en un actor regional con vistas a los próximos procesos electorales.

No pagó la cuota alimentaria y la Justicia lo frenó: no puede salir del país, manejar y ahora van por su dinero digital

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La decisión fue directa y sin margen: un hombre quedó inhabilitado para salir del país y conducir por no cumplir con la cuota alimentaria de sus hijos. Pero eso fue solo el comienzo. La Justicia fue más allá y activó un mecanismo cada vez más frecuente: rastrear su dinero en plataformas digitales para intentar cobrar una deuda que ya supera los 7 millones de pesos.

El caso se tramita en una Unidad Procesal de Familia de Bariloche, donde se dictó una sentencia monitoria tras constatar que el progenitor acumuló la deuda durante meses sin realizar los pagos correspondientes. Frente a ese escenario, la jueza avanzó con una batería de medidas para forzar el cumplimiento.

Además de prohibirle salir del país y ordenar la retención de su licencia de conducir, el fallo puso el foco en sus finanzas digitales. Se enviaron oficios a plataformas como Mercado Pago, Ualá y Naranja X para identificar cuentas, movimientos y posibles saldos que puedan ser embargados. El objetivo es claro: detectar cualquier ingreso oculto o disponible que permita cubrir la deuda.

La investigación no quedó ahí. El expediente también reveló obstáculos en el proceso: la empresa donde trabaja el hombre no respondió a los requerimientos judiciales para informar sobre posibles retenciones salariales. Esa falta de datos impidió conocer si existían descuentos o embargos previos.

Ante esa situación, la Justicia endureció su postura. Se le dio a la empleadora un plazo de cinco días para responder, bajo apercibimiento de una multa diaria en caso de incumplimiento.

La información es clave para avanzar en la ejecución del crédito alimentario.

En paralelo, se ordenó consultar al Registro Público de Juicios Universales para determinar si el deudor tiene participación en herencias. Si aparecen derechos hereditarios a su favor, también podrán ser alcanzados por la ejecución.

Las medidas se enmarcan en las facultades de los juzgados de familia para garantizar el cumplimiento de las obligaciones parentales.

En este caso, la estrategia fue clara: cerrar todas las salidas posibles —del país, del volante y del sistema financiero— hasta que la deuda se pague.

Buscan evitar que familias tengan que ir a la Justicia para escolarizar a chicos con TEA en Río Negro

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En Río Negro, conseguir una vacante escolar para un chico con discapacidad no siempre es un trámite más.

En muchos casos, termina en la Justicia.

Ese es el punto de partida de un proyecto presentado en la Legislatura que busca cambiar esa situación y garantizar, en la práctica, el acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras diversidades cognitivas.

Según el proyecto impulsado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN), la propuesta apunta a modificar la Ley de Educación 4819 para eliminar barreras que —de acuerdo a los fundamentos— todavía persisten dentro del sistema educativo.

Uno de los cambios centrales es la creación de un Registro Público de Vacantes, que obligaría a todas las escuelas, tanto públicas como privadas, a publicar de manera actualizada la disponibilidad de cupos por grado.

La medida, según lo planteado, busca transparentar el acceso y evitar situaciones en las que las familias no obtienen respuestas claras o enfrentan rechazos sin justificación.

De acuerdo a lo expuesto en el proyecto, estas dificultades no responden únicamente a cuestiones administrativas, sino también a barreras institucionales y culturales que terminan limitando el derecho a la educación.

Otro eje clave es la formación obligatoria en discapacidad y TEA para todo el sistema educativo. La iniciativa propone que estas capacitaciones sean gratuitas y formen parte de las responsabilidades de los trabajadores de la educación.

El objetivo, según se detalla, es avanzar hacia entornos escolares que no solo integren, sino que realmente incluyan.

Además, el proyecto plantea mayores exigencias para las instituciones privadas. Para mantener su reconocimiento oficial, deberán demostrar que sus reglamentos de admisión no contradicen principios de inclusión.

Esto implicaría, en la práctica, un mayor control sobre posibles restricciones o condiciones de ingreso.

El contexto no es menor.

Según expresó el legislador Pica, a pesar de que existe un marco legal que reconoce estos derechos, muchas familias todavía deben recurrir a instancias judiciales para que se cumplan.

En ese sentido, el proyecto toma como referencia fallos recientes que plantean que el problema no está en la discapacidad, sino en los obstáculos que impone el entorno.

Por ahora, se trata de una iniciativa en etapa legislativa.

Pero abre una discusión que excede lo técnico.

Porque más allá de la ley, la pregunta sigue siendo concreta: si el sistema educativo está preparado para incluir… o si todavía obliga a muchas familias a pelear por un derecho básico.

Buscan limitar celulares e inteligencia artificial en escuelas de Río Negro: qué cambiaría en las aulas

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El uso del celular en el aula —y ahora también de la inteligencia artificial— podría cambiar de forma significativa en Río Negro.

Un proyecto presentado en la Legislatura propone establecer reglas claras sobre cuándo, cómo y para qué se pueden usar dispositivos digitales y herramientas tecnológicas en las escuelas.

La iniciativa, impulsada por la legisladora Roberta Scavo (CC ARI), busca —según el texto oficial— ordenar un escenario que hoy crece sin regulación: el uso cotidiano de celulares, aplicaciones e inteligencia artificial por parte de estudiantes.

En términos concretos, el proyecto plantea límites claros.

En los niveles Inicial y Primario, los alumnos no podrían utilizar dispositivos personales durante la jornada escolar, salvo casos excepcionales autorizados. En el Nivel Secundario, el uso del celular quedaría restringido únicamente a situaciones en las que el docente lo habilite con fines pedagógicos.

Pero el punto más novedoso está en la inteligencia artificial.

Según el proyecto, se prohibiría su uso cuando reemplace de manera generalizada la producción de los estudiantes o impida a los docentes verificar si realmente hubo aprendizaje. También se limitaría en casos donde pueda afectar evaluaciones, vulnerar datos personales o generar situaciones de acoso o discriminación.

Además, se establecen restricciones específicas sobre la grabación o difusión de imágenes y audios dentro de las escuelas, que solo podrían realizarse con autorización institucional y consentimiento.

Desde la fundamentación, se aclara que la intención no es prohibir la tecnología, sino regularla. “No se trata de restringir el acceso, sino de ordenar su uso bajo criterios pedagógicos, éticos y de protección de derechos”, señala el proyecto.

El planteo surge en un contexto donde el uso intensivo de dispositivos en el aula genera preocupación. Según se cita en la iniciativa, informes de organismos internacionales como UNESCO y OCDE advierten que el uso sin control de tecnología puede impactar negativamente en el rendimiento académico, especialmente en áreas básicas.

El proyecto también apunta a problemas concretos que ya se registran en las escuelas, como la distracción en clase, el acceso a contenidos inapropiados y situaciones de ciberacoso.

Por ahora, se trata de una propuesta legislativa que deberá avanzar en su tratamiento y debate dentro de la Legislatura.

Pero la discusión ya está planteada.

Hasta dónde regular el uso de la tecnología en el aula, y cuánto espacio dejar a una herramienta que, para muchos, ya forma parte natural del aprendizaje.

Vuelven las sanciones a las escuelas de Río Negro: un proyecto pone en la mira el ausentismo y el bullying

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El esquema actual de convivencia escolar en Río Negro quedó bajo fuego y un nuevo proyecto busca cambiarlo de raíz. Con críticas directas a la normativa vigente, legisladores impulsan una reforma que vuelve a instalar sanciones concretas frente al ausentismo y los conflictos dentro de las aulas.

La iniciativa apunta a derogar una resolución clave que, según sus autores, dejó a las escuelas sin herramientas reales para enfrentar situaciones críticas. “Se debilitó el sentido de pertenencia y los aprendizajes”, sostienen, al tiempo que advierten sobre un aumento de las inasistencias y casos de violencia escolar.

Uno de los puntos más fuertes del proyecto es la vuelta de un límite estricto: hasta 25 faltas justificadas o 20 en total. Superado ese número, el estudiante perderá la regularidad y no podrá promocionar de forma directa. Además, tres llegadas tarde o retiros anticipados contarán como una falta, lo que endurece el control diario.

Pero el foco no está solo en la asistencia. El proyecto también reconfigura el sistema disciplinario en un contexto marcado por denuncias de bullying, agresiones y conflictos dentro de las escuelas. Se establecen tres niveles de inconducta —leves, graves y muy graves— con consecuencias que van desde llamados de atención hasta suspensiones de hasta 10 días.

En los casos más delicados, como violencia física, amenazas o ciberbullying sostenido, incluso se contempla la posibilidad de reubicar al estudiante en otra institución. Un dato que no pasa desapercibido: cada dos amonestaciones se transformarán en una inasistencia injustificada, impactando directamente en la permanencia escolar.

Según los impulsores, el sistema no busca expulsar a los alumnos, sino corregir conductas. Por eso, junto a las sanciones, se plantean medidas de reparación como tareas comunitarias, talleres reflexivos o disculpas formales. “No es un enfoque punitivo, sino formativo”, remarcan.

El proyecto ya ingresó en la Legislatura y abre una discusión de fondo: hasta dónde deben llegar las sanciones en la escuela y si endurecer las reglas es la respuesta frente a problemas que, para muchos, exceden el aula.

Las próximas semanas serán clave. Porque detrás de este cambio hay algo más que una norma: se juega el modelo educativo que Río Negro quiere sostener.

El día que casi trasladan la Capital del país a Río Negro y por qué el tema vuelve a hablarse ahora en la Legislatura de Río Negro

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Hubo un momento en la historia argentina en el que la Capital Federal pudo haber dejado Buenos Aires.

No es una teoría ni una idea reciente. Fue un proyecto concreto, impulsado en 1986 por el entonces presidente Raúl Alfonsín, que proponía trasladar el centro político del país al sur, al eje Viedma–Carmen de Patagones–Guardia Mitre.

La iniciativa no solo se anunció: llegó a convertirse en ley. La Ley Nacional 23.512 formalizó ese plan que buscaba cambiar la lógica histórica de concentración en Buenos Aires y redistribuir el poder territorial.

Pero nunca se concretó.

Cuatro décadas después, esa idea vuelve a aparecer, aunque en otro formato.

Según lo informado por la Legislatura de Río Negro, se lanzó el concurso de ensayos “Argentina Descentralizada: 40 años después”, una convocatoria abierta que busca reactivar el debate sobre el federalismo y la organización del país.

La propuesta no implica una política concreta ni un nuevo intento de traslado inmediato. Se trata, en esta etapa, de una iniciativa académica y ciudadana que apunta a revisar aquel proyecto desde una mirada actual.

El objetivo, de acuerdo a lo planteado oficialmente, es reflexionar sobre una Argentina que sigue concentrando población, recursos y decisiones en pocos puntos, y discutir alternativas posibles.

El certamen está dirigido a estudiantes, profesionales y público en general de todo el país. Los trabajos deberán ser individuales, inéditos y presentados bajo seudónimo, con una extensión de entre 1.500 y 3.000 palabras, y se recibirán de manera digital durante 90 días desde su lanzamiento.

Entre los ejes propuestos se incluyen el análisis histórico del proyecto original, su viabilidad actual, el impacto en la Patagonia y el debate sobre el federalismo en Argentina.

Además, según se indicó, el proceso estará acompañado por conferencias, paneles y actividades que buscan ampliar la discusión más allá del concurso.

El trasfondo es claro.

La idea de trasladar la Capital nunca desapareció del todo. Quedó suspendida en el tiempo, como uno de esos proyectos que marcaron una época pero no lograron avanzar.

Hoy, en un contexto distinto, vuelve como pregunta.

No sobre si se puede hacer de inmediato.

Sino sobre algo más profundo: si Argentina sigue funcionando con el mismo esquema que hace 40 años… o si, en algún momento, ese debate pendiente va a volver a tomar forma real.

Impulsan dar ventaja en los cargos a docentes formados en Río Negro: cómo podría cambiar el sistema

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Conseguir un cargo docente en Río Negro podría depender, en el futuro, no solo de la formación o la experiencia, sino también de dónde se estudió.

Un proyecto presentado en la Legislatura propone otorgar puntaje adicional a maestros y profesores que se hayan formado en instituciones educativas de la provincia, lo que podría modificar el orden en el acceso a cargos y suplencias.

Según el texto impulsado por la legisladora Soraya Yauhar (JSRN), la iniciativa busca reformar el Estatuto del Personal Docente para incorporar un criterio de arraigo territorial en la clasificación de los profesionales.

En términos concretos, el proyecto plantea sumar cuatro puntos a egresados de Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro y a quienes acrediten domicilio en la provincia. Además, prevé otorgar tres puntos a graduados de la Universidad Nacional de Río Negro y de carreras dictadas en territorio provincial por la Universidad Nacional del Comahue.

Según lo expuesto en el proyecto, el objetivo es priorizar a docentes que conozcan el contexto local y que hayan desarrollado su formación en vínculo con la realidad sociocultural y productiva de la provincia.

El argumento central apunta a que ese conocimiento permitiría una enseñanza más adaptada a los estudiantes. “Los años de residencia en la provincia facilitan el conocimiento del contexto cultural y socioproductivo”, se señala en los fundamentos.

Pero el impacto no es solo pedagógico.

De aprobarse, la medida podría alterar el sistema de puntajes que define quién accede primero a un cargo, lo que introduce una diferencia concreta entre docentes según su lugar de formación.

El proyecto también se enmarca, según el texto oficial, en un contexto de caída de matrícula escolar, vinculada a las bajas tasas de natalidad, lo que obliga —según se argumenta— a repensar políticas educativas con mayor arraigo territorial.

La propuesta modifica el artículo 143 de la Ley L N° 391 y se presenta como una herramienta para fortalecer el vínculo entre educación y territorio.

Sin embargo, abre una discusión de fondo.

Por un lado, plantea la posibilidad de priorizar a docentes locales. Por otro, introduce un criterio que podría generar diferencias en la competencia por los cargos.

Por ahora, se trata de un proyecto en etapa legislativa.

Y la decisión final no solo definirá cambios en el sistema educativo, sino también cómo se entiende el equilibrio entre igualdad de oportunidades y arraigo en la provincia.

Un docente será juzgado en Río Negro acusado de abusar de 11 alumnas en una escuela primaria

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La causa ya tiene fecha clave. Un docente de plástica de una escuela primaria de San Antonio Oeste será llevado a juicio oral y público, acusado de presuntos hechos de abuso sexual contra 11 alumnas, según informó el Ministerio Público Fiscal.

La decisión fue tomada tras la audiencia de control de acusación, donde se definió avanzar a la instancia de juicio y se delimitó la prueba que será analizada durante el proceso.

De acuerdo a la imputación fiscal, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2024, en el marco de clases dictadas por el docente. Según la Fiscalía, el hombre se habría valido de su rol para cometer los abusos, en una modalidad que será objeto de análisis durante el debate judicial.

En función de la escala penal prevista —que va de 3 a 12 años de prisión—, el juicio será llevado adelante por un tribunal colegiado integrado por tres jueces.

En la audiencia también se resolvieron aspectos clave sobre cómo se desarrollará el proceso. El magistrado interviniente dispuso limitar el alcance de ciertos testimonios: las personas adultas podrán declarar sobre cómo tomaron conocimiento de los hechos y qué medidas adoptaron, pero no podrán reproducir los relatos de las menores por vías indirectas.

En esa misma línea, se establecieron criterios para las declaraciones de directivos y profesionales intervinientes, que deberán centrarse en aspectos técnicos y en las acciones institucionales realizadas.

Además, el juez condicionó la incorporación de parte de la evidencia a que previamente sea puesta a disposición de la defensa, con el objetivo de garantizar el debido proceso.

En cuanto a la prueba testimonial, se prevé la participación de alrededor de 20 testigos, entre integrantes del ámbito educativo, profesionales y personal técnico.

Cabe recordar que, en el inicio de esta etapa, también se dispuso la prórroga de la prisión preventiva del acusado por dos meses, mientras se avanza hacia el juicio.

El proceso buscará determinar la responsabilidad o no del imputado en los hechos que se le atribuyen, en un caso que pone en foco el ámbito educativo y los mecanismos de protección institucional.

La definición quedará ahora en manos del tribunal, en una instancia donde se evaluarán las pruebas y los testimonios incorporados.

Porque, a partir de este punto, la causa entra en su etapa más decisiva.

“Trabajo 16 horas y no me alcanza”: el reclamo que expone la tensión en los hospitales de Río Negro

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El mensaje es breve, pero el impacto fue inmediato. “Trabajo 16 horas y no me alcanza”. La frase, escrita por un enfermero de Río Negro, empezó a circular en las últimas horas y rápidamente dejó de ser un reclamo individual para poner en foco una realidad más amplia dentro del sistema de salud.

Según expresó, tras una jornada de 16 horas —8 regulares y 8 extras—, su salario no alcanzaría a cubrir la canasta básica, una situación que, asegura, lo obliga a sostener una carga horaria elevada para poder llegar a fin de mes. Con más de 18 años de experiencia en hospitales, su testimonio expone no solo una cuestión salarial, sino también el desgaste acumulado en el tiempo.

Pero el planteo no quedó aislado. Desde el mismo ámbito hospitalario comenzaron a aparecer otras voces que apuntan a cómo se organiza ese esfuerzo.

Mónica Díaz, mucama del Hospital Francisco López Lima, en el área de Terapia Intensiva de Adultos, sostuvo que existirían desigualdades en la asignación de guardias, lo que impacta directamente en las condiciones laborales del personal. “Lluvias de excesos de guardias para un grupo… y a los demás que los parta un rayo”, expresó, en un mensaje donde también remarcó la falta de reconocimiento a trabajadores que cubren múltiples áreas, muchos de ellos con años de servicio.

En paralelo, el gremio ASSPUR difundió un comunicado en el que amplía el alcance del conflicto. Según indicaron, desde distintos niveles del sistema de salud provincial se estaría dando una asignación discrecional de horas extras y guardias, lo que —de acuerdo a su planteo— podría generar situaciones de desigualdad entre trabajadores.

En ese documento, la organización también menciona posibles prácticas vinculadas a “clientelismo político”, y denuncia una presunta persecución hacia sectores sindicales no alineados. Además, exigieron criterios transparentes, equitativos y auditables en la distribución de las horas de trabajo.

Hasta el momento, no hubo respuestas oficiales específicas sobre estos planteos. Sin embargo, la coincidencia entre testimonios individuales y reclamos gremiales empieza a delinear un escenario que va más allá de casos puntuales.

Por un lado, trabajadores que advierten que sus ingresos no alcanzan sin sobrecarga horaria. Por otro, cuestionamientos sobre cómo se distribuyen esas mismas horas dentro del sistema. En el medio, hospitales que siguen funcionando mientras crece el malestar puertas adentro.

La frase que abrió el reclamo sigue circulando. Y con ella, una pregunta que empieza a repetirse entre quienes sostienen el sistema todos los días: cuánto más puede sostenerse así.

Proponen habilitar armas “no letales” para la Policía en Río Negro

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La seguridad volvió al centro de la escena en Río Negro tras la presentación de un proyecto que propone un cambio clave en el accionar policial. La iniciativa plantea autorizar el uso de armas “no letales” para intervenir en situaciones de riesgo, con el objetivo de evitar el uso directo de armas de fuego.

La propuesta fue impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, y apunta a dotar a la Policía de herramientas intermedias para actuar ante conflictos donde el uso de una pistola calibre 9 mm resulte desproporcionado, pero donde aún sea necesario neutralizar una amenaza.

Según el proyecto, existen múltiples escenarios cotidianos —como episodios de violencia o ataques con armas blancas— en los que los agentes enfrentan un dilema: no intervenir o recurrir a un arma letal. En ese punto, la iniciativa busca incorporar dispositivos como pistolas Taser, gas pimienta, proyectiles de goma y granadas de distracción, herramientas ya utilizadas en otras provincias y países.

El texto establece que el uso de estas armas estaría limitado a situaciones de “peligro inminente”, definidas por conductas violentas o escenarios donde la integridad del personal o terceros esté en riesgo. Además, solo podrían portarlas agentes que cuenten con capacitación específica, con un registro obligatorio de personal habilitado.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el control sobre su utilización. Cada intervención en la que se empleen estos dispositivos debería quedar registrada mediante sistemas de audio y video, lo que funcionaría como respaldo tanto para los नागरिकos como para los efectivos ante eventuales investigaciones administrativas o judiciales.

La iniciativa también pone el foco en la necesidad de un uso gradual y racional de la fuerza, buscando reducir situaciones donde el desenlace pueda ser fatal. Sin embargo, la propuesta ya empieza a generar debate en torno a sus alcances, los protocolos de aplicación y los posibles riesgos de abuso.

Por ahora, el proyecto deberá atravesar el tratamiento legislativo correspondiente. Mientras tanto, la discusión queda instalada: hasta dónde debe avanzar la fuerza policial y con qué herramientas intervenir en contextos de creciente conflictividad.