En Río Negro, conseguir una vacante escolar para un chico con discapacidad no siempre es un trámite más.

En muchos casos, termina en la Justicia.

Ese es el punto de partida de un proyecto presentado en la Legislatura que busca cambiar esa situación y garantizar, en la práctica, el acceso a la educación para niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y otras diversidades cognitivas.

Según el proyecto impulsado por los legisladores Lucas Pica y Facundo López (JSRN), la propuesta apunta a modificar la Ley de Educación 4819 para eliminar barreras que —de acuerdo a los fundamentos— todavía persisten dentro del sistema educativo.

Uno de los cambios centrales es la creación de un Registro Público de Vacantes, que obligaría a todas las escuelas, tanto públicas como privadas, a publicar de manera actualizada la disponibilidad de cupos por grado.

La medida, según lo planteado, busca transparentar el acceso y evitar situaciones en las que las familias no obtienen respuestas claras o enfrentan rechazos sin justificación.

De acuerdo a lo expuesto en el proyecto, estas dificultades no responden únicamente a cuestiones administrativas, sino también a barreras institucionales y culturales que terminan limitando el derecho a la educación.

Otro eje clave es la formación obligatoria en discapacidad y TEA para todo el sistema educativo. La iniciativa propone que estas capacitaciones sean gratuitas y formen parte de las responsabilidades de los trabajadores de la educación.

El objetivo, según se detalla, es avanzar hacia entornos escolares que no solo integren, sino que realmente incluyan.

Además, el proyecto plantea mayores exigencias para las instituciones privadas. Para mantener su reconocimiento oficial, deberán demostrar que sus reglamentos de admisión no contradicen principios de inclusión.

Esto implicaría, en la práctica, un mayor control sobre posibles restricciones o condiciones de ingreso.

El contexto no es menor.

Según expresó el legislador Pica, a pesar de que existe un marco legal que reconoce estos derechos, muchas familias todavía deben recurrir a instancias judiciales para que se cumplan.

En ese sentido, el proyecto toma como referencia fallos recientes que plantean que el problema no está en la discapacidad, sino en los obstáculos que impone el entorno.

Por ahora, se trata de una iniciativa en etapa legislativa.

Pero abre una discusión que excede lo técnico.

Porque más allá de la ley, la pregunta sigue siendo concreta: si el sistema educativo está preparado para incluir… o si todavía obliga a muchas familias a pelear por un derecho básico.