Río Negro: piden agilizar las condenas en base a un caso de abuso sexual infantil en un jardín de Cipolletti

Un docente condenado a 6 años de prisión por el Tribunal de Impugnación permaneció 10 años en libertad hasta que se expidió la Corte Suprema de Justicia.

Tras presentar un proyecto al Parlamento que propone modificaciones al Código Procesal Penal de Río Negro, el Gobierno ha dado a conocer un caso emblemático que impulsó esta medida: los abusos sexuales ocurridos en un jardín de Infantes de Cipolletti. Este caso, denunciado por madres y padres hace una década, tuvo como resultado la condena a seis años de prisión de un docente implicado, luego de numerosas apelaciones que demoraron el proceso judicial hasta que la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia y ordenó su detención.

«Resulta inaceptable que los condenados permanezcan en libertad hasta que la Corte Suprema se pronuncie, lo cual puede demorar largos años», expresó oficialmente la administración provincial. En este sentido, el proyecto propuesto busca que las condenas sean ejecutadas de manera inmediata tras instancias de apelación, para «garantizar una justicia más rápida y equitativa y evitar que las víctimas tengan que enfrentarse a los acusados durante prolongados períodos de tiempo».

La reforma penal propuesta incluye el artículo 241 bis, que establece que una vez condenado en el Tribunal de Impugnación, última instancia ordinaria, el acusado debe cumplir la pena, sin que su ejecución pueda ser suspendida durante el proceso de apelación. Asimismo, se destaca que el porcentaje de sentencias revocatorias por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es bajo, lo que refuerza la necesidad de una justicia más expedita.

El comunicado oficial subraya que la iniciativa busca poner en valor el sufrimiento de las víctimas de abusos sexuales y otros delitos, que a menudo atraviesan largos procesos judiciales mientras los condenados permanecen en libertad. El objetivo principal es brindar un alivio a las víctimas de estos crímenes, que frecuentemente se ven obligadas a convivir con sus agresores hasta que se pronuncia la sentencia final.

Desde el gobierno señalaron que «este caso sirve como ejemplo de la urgencia de reformas que permitan una justicia más ágil y efectiva, particularmente en situaciones de violencia de género, abusos y violación».