El Congreso vivió un intenso debate durante la votación del proyecto de la Ley Ómnibus (que terminó en comisiones anulando todo lo actuado), donde se destacó la discusión sobre los fondos fiduciarios, una pieza clave que moviliza anualmente alrededor de 1,5 billones de pesos. Estos fondos fiduciarios, que suman al menos 29 y operan con escasos controles oficiales se usaron durante años para financiar una variedad de proyectos y actividades estatales, desde obras públicas hasta subsidios energéticos, pero también son objeto de críticas por su falta de transparencia y rendición de cuentas.
El proyecto de ley planteaba otorgar al presidente Javier Milei la potestad de disponer sobre estos fondos de manera más flexible, fue una propuesta que generó un intenso y controvertido debate en el Congreso que finalmente terminó con esa posibilidad rechazada. Estro recrudeció las tensiones entre el gobierno y la oposición en torno al manejo de estos recursos, considerados por algunos como una «caja política» durante décadas.
Entre los fondos fiduciarios más importantes se encuentran el Procrear, destinado a la construcción de viviendas sociales, y el FFSIT, orientado al desarrollo de infraestructura vial nacional. Con los años, la falta de transparencia en la gestión de estos fondos se volvió una constante, con controles escasos o nulos por parte de organismos como la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación.
El gobierno pretende reformar el manejo de estos fondos para mejorar su eficiencia, transparencia y control. Sin embargo, el rechazo del Congreso a otorgar mayores facultades al presidente Milei refleja las diferencias políticas y las preocupaciones sobre el posible uso indebido de estos recursos. Mientras tanto, queda en el aire la incógnita sobre cómo se gastan realmente estos fondos y quiénes son los responsables de su administración, aspectos que deberán ser abordados en futuras discusiones legislativas.
Los nueve fondo que más dinero transfirieron entre enero y septiembre de 2023, por más de $997.005 millones, son:
- * Del sistema de infraestructura de transporte (FFSIT): transfirió $417.398 millones durante ese período, con el Ministerio de Transporte como autoridad de aplicación y el BNA como ente fiduciario. Creado en 2001, busca promover el desarrollo de la infraestructura vial nacional.
- * Para la vivienda social (Fogaviso): transfirió $165.482 millones durante ese período, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Creado en 2016, apunta a financiar programas vigentes de vivienda social e infraestructura básica.
- * Para el Subsidio a los Consumos Residenciales de Gas Licuado de Petróleo (ley 26.020): transfirió $98.260 millones durante el período analizado, bajo la órbita de la Subsecretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Economía, con el BICE como fiduciario. Creado en 2005, busca garantizar el acceso al Gas Licuado de Petróleo (GLP) a precios diferenciales a usuarios de bajos recursos.
- * Procrear: transfirió $82.715 millones durante el período bajo la lupa, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, con el Banco Hipotecario como fiduciario. Creado en 2012, su objetivo es facilitar el acceso a la vivienda propia de la población y la generación de empleo como políticas de desarrollo económico y social.
- * De Desarrollo Productivo (Fondep): transfirió $58.489 millones durante el período analizado, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Se creó en 2016 para financiar proyectos que promuevan la inversión en sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país, y actividades con elevado contenido tecnológico y la generación de mayor valor agregado en las economías regionales.
- * De Integración Socio Urbana (FISU): transfirió $58.010 millones en el mismo período, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y con el BICE como fiduciario. Comenzó a funcionar en 2021, para preservar la propiedad fiduciaria de los inmuebles identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y otros que sean considerados necesarios o convenientes para promover la integración socio urbana, incluyendo aquellos de propiedad del Estado Nacional, las provincias o municipios que sean cedidos para ese fin
- * De Consumo Residencial de Gas (ley 25.565): transfirió $52.334 millones durante el período analizado, bajo la órbita de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, con el BNA como fiduciario. Creado en 2001, apunta a compensar las tarifas de gas en la Patagonia, la Puna y el departamento Malargüe, y financiar la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros, en esas regiones y departamentos.
- * De Infraestructura Hídrica: transfirió $49.906 millones durante ese período, bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas, con el BNA como fiduciario. Se creó en 2001 para desarrollar proyectos de infraestructura de obras hídricas que permitan recuperar tierras productivas, mitigar inundaciones en zonas rurales y el avenamiento y protección de infraestructura vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas, además de compensar las disminuciones tarifarias que afronten los concesionarios que realicen el dragado y mantenimiento de vías navegables.
- * Del Servicio Universal: transfirió $14.406 millones durante el período analizado, en la órbita de la Jefatura de Gabinete, con el BICE como fiduciario. Se creó en 2014 para financiar la prestación universal de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), garantizando su acceso con independencia de su ubicación geográfica.