Al cumplirse seis meses del tercer gobierno de Alberto Weretilneck, dos importantes procesos políticoeconómicos se están desarrollando simultáneamente en Río Negro. Por un lado, el gobierno provincial espera obtener entre 70 y 100 millones de dólares mediante la prórroga de contratos petroleros. Para esto, el oficialismo presentó un proyecto en la Legislatura Provincial para extender 21 áreas que actualmente son operadas por nueve empresas. Estos ingresos serán coparticipables, lo que significa que Weretilneck deberá distribuirlos con los municipios y las comisiones de fomento.

La nueva prórroga de los contratos petroleros se debatirá en junio y se tratará en el recinto legislativo en la primera semana de julio, con otra sesión en octubre para analizar los acuerdos pactados por Energía con las empresas. Uno de los puntos polémicos es el formato definido para la renegociación petrolera. Mientras que en 2014 se aplicó la Ley Provincial 4818 y Río Negro adhirió a la Ley Nacional de Hidrocarburos como parte de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos. En esta nueva era, con Javier Milei, las provincias y los municipios vieron recortados los ingresos desde Nación y la única regulación que podría alcanzar a la industria hidrocaburífera sería el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que comenzará a ser tratado el próximo miércoles (12-06) a las 10 como parte de la Ley Bases. El RIGI, incorporado en la Ley Bases, tiene media sanción de Diputados. Plantea la flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares en Argentina, garantizándoles estabilidad fiscal durante 30 años e imposibilitando a municipios fijar o modificar tributos sobre los proyectos de inversión durante ese plazo.

Recientemente Facundo López, presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, justificó la ausencia de audiencia pública para este proceso, argumentando que se trata de una «prórroga» y no de una «renegociación» como ocurrió en 2014 en Catriel. También buscó desalentar las pretensiones y reclamos los municipios que encabezan la producción de convencional. «A no confundirse, no somos Neuquén, no es Vaca Muerta. Se trata de pozos maduros y en la última etapa de su vida útil, que exigen mucha inversión para su extracción», aseguró Lopez. De todas formas, concluyó con un tono conciliador, que «es un proyecto y, como siempre, estamos atentos a los aportes y observaciones positivas. Hay que conseguir consensos y los vamos a lograr para darle previsibilidad al sector”.

«Con la prórroga no hay instancia pública de concurso, colisiones con el objetivo de transparencia. El proceso está direccionado a las empresas que conoce (Weretilneck), son operadoras que ya están trabajando y no se les da oportunidad a que nuevas empresas lleguen a Río Negro»

Daniela Salzotto, intendenta de Catriel.

Pese a que el propio López aseguró que se trata de una prórroga y no de una renegociación, el propio comunicado del gobierno de Río Negro fechado el 27 de diciembre de 2014 reconoce a las concesiones petroleras como «una prórroga por diez años de los contratos con la empresa estatal nacional YPF, Petrolera Entre Lomas SA (PELSA), Tecpetrol SA y Petrobras Argentina SA».

Varias cosas son diferentes. En 2014 se renegociaron 12 áreas, esta vez son 21. Por ese entonces, en Catriel gobernaba el Movic encabezado por el exintendente Carlos Johnston, incipiente alíado político de un por ese entonces flamante gobernador Weretilneck que ocupó el cargo del enero de 2012 a diciembre de 2019, cuando lo cedió por cuatro años a Arabela Carreras. Hoy en Catriel gobierna la intendenta peronista Daniela Salzotto, férrea e histórica opositora a las políticas de Alberto Weretilneck en su etapa como legisladora municipal y provincial. Todos esos componentes también entran en la cuenta.

La coparticipación a los municipios es y será un punto de controversia. La nueva propuesta reduce el porcentaje del 14% de 2014 al 10%, distribuyéndose 30% para los municipios petroleros y 60% para el resto, con otro 10% para las Comisiones de Fomento y las comunas. López destacó la necesidad de lograr consensos y reconoció el descontento en municipios como Allen y Catriel.

«A no confundirse. No somos Neuquén, no es Vaca Muerta. Se trata de pozos maduros y en la última etapa de su vida útil, que exigen mucha inversión para su extracción»

Facundo López, presidente del Bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura Provincial.

José Luis Berros, de la bancada Vamos con Todos, criticó que el proyecto no menciona a Catriel como representante de los Municipios productores en la Comisión de Seguimiento, calificándolo de «mezquindad política». La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, reclamó mayor participación sobre el “bono de prórroga” y pidió modificar el proyecto para compensar las asimetrías y problemáticas asociadas a la explotación hidrocarburífera. Salzotto destacó que el municipio debe cubrir falencias de servicios originalmente provinciales, como salud, educación y suministro de agua potable.

«Las empresas tienen un paquete de beneficios, como la falta de remediación ambiental porque concentra la regulación en la Secretaría de Energía. Catriel y sus alrededores está plagada de derrames y las empresas no tienen sanciones ni son conminadas a proceder a remediar la tierra, algo que terminan haciendo los dueños de los campos vecinos», aseguró Salzotto a Radio Raíces (Viedma).

La renegociación de los contratos petroleros reavivó una disputa entre los municipios productores por la distribución de regalías, un tema que no se actualiza hace 20 años. La falta de consenso entre los municipios y la definición de los ejidos colindantes complican la actualización del mapa de distribución, que está sin cambios desde 2004. La llegada de Arabela Carreras al gobierno y de Andrea Confini a la Secretaría de Energía paralizó el debate, especialmente debido a la pandemia. Pero tampoco se reactivó en esta oportunidad. Según el vicegobernador Pedor Pesatti, el proyecto enviado por Weretilneck a la Legislatura plantea «la conformación de una comisión con control parlamentario con presencia de los sectores de la oposición para cumplir con las principales cláusulas de cualquier política que se asiente en la transparencia de los procesos como principio rector de la acción de gobierno». Y aseguró que «incrementará las regalías y los empleos que genera la actividad». Salzotto criticó la conformación de una comisión de seguimiento en la Legislatura, porque «después no se reúne». Explicó que en su paso por la Legislatura, vio comisiones especiales juntarse poco y nada.

Por otro lado, YPF avanza a paso firme con el desprendimiento de áreas de producción convencional a través de su Proyecto Andes. Más de 90 empresas ofertron por los diferentes clústers, que incluyen Punta Barda y Señal Picada en Catriel y la Estación Fernández Oro en Allen. Los primeros dos yacimientos son los que el municipio de Catriel reclamó como una «reparación histórica» por el aporte a la producción rionegrina y los años de extractivismo en suelo catrielense.

En el sector energético, también se discute la instalación de una planta de exportación de GNL de YPF en sociedad con la empresa malaya Petronas, con Río Negro compitiendo con Bahía Blanca para ser la sede de este proyecto. Esta planta podría representar un impulso significativo para la economía provincial.

Con todas estas complejidades en mente, el gobierno de Río Negro busca la manera de encontrar un equilibrio entre atraer inversiones, gestionar recursos para su funcionamiento y lograr una distribución consensuada de los beneficios económicos entre los municipios. Por su parte, a diez años de la última renegociación petrolera, los municipios buscan -a contrarreloj- unificar criterios y ver si conviene negociar de una forma conjunta o no a raíz de las grandes diferencias que existen entre las distintas miradas comunales sobre una nueva prórroga de los contratos petroleros y las discusiones que derivan de esta.