En Río Negro, el tema de las licencias médicas encendió el debate en los pasillos de las escuelas, en las oficinas públicas y, sobre todo, en los despachos del Poder Ejecutivo. Mientras algunos sectores acusan un uso indiscriminado de este beneficio, otros critican con igual vehemencia los métodos de control que consideran asfixiantes. En el centro de la escena, la docencia parece ser el área más afectada por una doble mirada: una que desconfía y otra que se siente acosada.
La discusión no es nueva. Desde hace años, circulan comentarios en los que se sugieren “abusos” en la utilización de licencias médicas por parte del personal educativo. Es, como muchos lo denominan, un “secreto a voces”. Padres de alumnos, preocupados por las constantes ausencias de docentes, no dudan en cuestionar la legitimidad de esas licencias. Las clases se suspenden, los alumnos pierden continuidad, y el rendimiento académico se resiente.
“Las licencias están fuera de control”, se escucha entre susurros en las reuniones de padres, mientras que algunos docentes, que prefieren mantenerse en el anonimato, admiten que conocen a colegas que recurren a este derecho con cierta “flexibilidad”.
Sin embargo, este relato tiene otra cara, menos comentada, pero igualmente presente. Si bien es cierto que algunas licencias resultan polémicas, el gobierno de Alberto Weretilneck desplegó un mecanismo de control tan minucioso que, para muchos, se resulta asfixiante.
Weretilneck puso en marcha una serie de medidas que buscan, entre otras cosas, reducir lo que se percibe como un “desgaste innecesario” del sistema estatal. La cruzada contra las licencias médicas no fue una excepción en su estilo de gobernar, y lo que algunos ven como un intento por reordenar el funcionamiento del Estado, otros lo consideran una clara invasión a sus derechos laborales. Incluso, días atrás dijo que el Estado rionegrino tiene más empleados de los que necesita.
El mecanismo de control, implementado para evitar lo que en el ámbito gubernamental se denomina «el ausentismo crónico», incluye auditorías médicas que, en algunos casos, rozan lo intrusivo. Los trabajadores del sector público, particularmente en la docencia, describen que estos controles implican no solo la exigencia de certificados médicos detallados, sino también visitas domiciliarias para verificar la presencia del enfermo.
El gremio Unter, en una cruzada contra el gobierno, denuncia que las políticas de control del gobierno provincial alcanzaron niveles que rozan la persecución laboral. “No estamos en contra de los controles, pero creemos que se ha perdido la confianza en el trabajador. Se presume que todos hacen mal uso de la licencia médica y eso es inaceptable”, afirman representantes gremiales en cada asamblea. Además, critican el hecho de que el sistema de control parece más orientado a castigar que a proteger al trabajador que realmente lo necesita.
El gobierno, por su parte, justifica su accionar. Desde las oficinas del Ministerio de Educación, se argumenta que las licencias abusivas afectan directamente la calidad del servicio educativo. Señalan que la provincia destina una gran parte de sus recursos a cubrir reemplazos y aseguran que la única manera de evitar que el sistema colapse es implementar medidas estrictas. En este sentido, se defiende la política de Weretilneck como un intento de poner orden en un sector donde, aseguran, el ausentismo ya alcanzó cifras alarmantes.
Las políticas de control no se limitan al seguimiento de las licencias médicas. En algunos casos, el gobierno avanzó con regulaciones que exigen la revalidación constante de la incapacidad laboral, lo que genera quejas por parte de trabajadores.
Por ahora, la cuestión de fondo persiste sin resolverse: ¿realmente se abusa de las licencias médicas en Río Negro o el gobierno fue demasiado lejos en su intento por reducir el ausentismo?
