Dentro del conflicto y la preocupación por los ochocientos expedientes en Río Negro contra agentes de la policía, hay quince casos de Catriel que aún no tienen resolución. La jefatura de la fuerza tampoco brinda detalles, lo que genera mucha incertidumbre.
El conflicto, que tuvo su punto álgido entre marzo y abril del año pasado con acampes y movilizaciones en las principales localidades de Río Negro, culminó con la ocupación de la Regional de Roca.
Este evento marcó un antes y un después en las relaciones entre la Fuerza y las autoridades provinciales. La condena a tres años de prisión en suspenso para Rubén Muñoz, expolicía y líder del Consejo de Bienestar en los reclamos, es solo una muestra del rigor con que se están tratando estos casos.
En Bariloche, dos sargentos recibieron una sanción de veinticinco días de suspensión sin goce de haberes, una medida que, aunque temporal, podría abrir la puerta a su exoneración definitiva de la fuerza.
Este tipo de sanciones no solo castigan a los individuos, sino que también envían un mensaje claro y contundente a todo el cuerpo policial sobre las consecuencias de participar en actividades sindicales que desafíen la autoridad establecida.
El panorama en Catriel no es menos preocupante. Se estima que entre diez y quince casos están actualmente bajo escrutinio, aunque la falta de transparencia y el silencio de la cúpula policial provincial generan un ambiente de desconfianza y sospecha.
Las irregularidades en los expedientes, reportadas por diversas fuentes, añaden una capa de complejidad a un proceso ya de por sí intrincado. La falta de comunicación y el hermetismo de la cúpula policial no solo frustran a los agentes, sino que también minan la confianza del público en la capacidad de la institución para manejar estos asuntos de manera justa y eficiente.
La respuesta de las autoridades ha sido, hasta el momento, insuficiente. Semanas atrás, una diputada provincial del PRO presentó un proyecto para que la jefatura policial comience a resolver los sumarios pendientes.
La paralización de estos expedientes no solo afecta las promociones y ascensos dentro de la Fuerza, sino que también tiene un fuerte impacto en la escala salarial de los agentes. La falta de resolución frena el desarrollo profesional y personal de los policías, generando un ambiente de frustración y desmoralización.
La cúpula policial, por su parte, enfrenta el desafío de restaurar la confianza y la cohesión dentro de la Fuerza luego dela pésima gestión de la exgobernadora Arabela Carreras y la exsecretaria de Seguridad Betiana Minor.