Ordenan a una mujer de Catriel realizar un tratamiento psicológico por violenta

En un fallo reciente, la Cámara del Juzgado de Familia de Cipolletti ordenó a una mujer someterse a un tratamiento psicológico obligatorio en el Hospital de Catriel, en el marco de una denuncia de violencia familiar presentada por C.F. La medida incluye la prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del denunciante, vigente por 90 días, con posibilidad de extensión a pedido de la víctima.

La resolución exige que V.M.J.M. gestione su tratamiento en el Servicio de Salud Mental del hospital y, una vez cumplido y certificado su progreso, podrá solicitar el levantamiento de la restricción. Se advirtió que cualquier violación a la orden resultará en la intervención del Ministerio Público Fiscal por desobediencia a la autoridad.

El fallo también especifica que el régimen de comunicación con los hijos menores debe realizarse con una persona intermediaria y no se ve afectado por la prohibición de acercamiento. Ambas partes fueron notificadas de la disponibilidad de asistencia legal gratuita en la Defensoría General de Catriel y el Centro de Atención para la Defensa Pública de Cipolletti.

Se informó a las autoridades policiales que deben intervenir de inmediato en caso de incumplimiento, mientras que la Oficina de Transferencias e Informes Familiares (OTIF) fue autorizada a tomar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la disposición. Además, el Ministerio Público Fiscal analizará la denuncia por la posible comisión de un delito.

Conflicto salarial en Catriel: trabajadores municipales exigen mejoras en las paritarias

Desde hace alguns días, el municipio de Catriel enfrenta un conflicto salarial con sus trabajadores municipales, que se intensifica a medida que avanzan las negociaciones en el marco de las paritarias. La situación involucra a tres gremios principales y al gobierno municipal, encabezado por la intendenta Daniela Salzotto. Las diferencias en las posturas sobre los aumentos salariales propuestos y la situación económica del municipio son los ejes centrales del enfrentamiento.

Los gremios de trabajadores municipales, representados por SOYEM, ATE y UPCN, exigen un incremento salarial que consideran justo ante el aumento del costo de vida. Según los representantes gremiales, los trabajadores no pueden sostener sus economías con los sueldos actuales, y reclaman que las propuestas del municipio no son suficientes. Por su parte, el municipio afirma que se realizaron paritarias mensuales desde que asumió la actual gestión y que las limitaciones financieras impiden acceder a las exigencias de los sindicatos.

La última partitaria en la que hubo acuerdo cerró con un aumento del 8% al básico, desglosado en dos cuotas: 5% en octubre y 3% en noviembre, con una cláusula de ajuste automático basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, los referentes gremiales argumentan que los salarios actuales son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, exigen una propuesta de aumento de entre el 8% y el 10%, considerando que los ofrecimientos actuales no representan un alivio económico real.

El viernes 1 de noviembre, el municipio emitió un comunicado asegurando que, a pesar de las medidas de fuerza, se mantendrían activos los servicios esenciales como la recolección de residuos, riego y labores en diferentes áreas. Además, fuentes municipales señalaron que parte del personal de planta política y trabajadores que ingresaron en la actual gestión continúan trabajando, lo que elevó la tensión con los huelguistas. El gobierno municipal sostuvo que algunos de estos trabajadores son hostigados por los gremios, lo que es calificado como “amedrentamiento” hacia los empleados precarizados.

La perspectiva del municipio

La intendenta Daniela Salzotto sostuvo que su administración hizo esfuerzos significativos por el bienestar de los empleados municipales. En declaraciones a VSN, Salzotto defendió la oferta salarial presentada y destacó que, desde que asumió, los incrementos salariales han superado el 100% en el neto y el 87% en el básico. Sin embargo, subrayó que un nuevo aumento del 30% solicitado por los gremios es inviable sin poner en riesgo la estabilidad financiera del municipio, afectada por una baja en la coparticipación.

Salzotto lamentó la falta de acuerdos y afirmó que se dejaron de lado compromisos personales para priorizar el diálogo con los representantes gremiales. También expresó su preocupación por las descalificaciones recibidas, describiendo algunas como «insaciables» y rechazando las acusaciones de autoritarismo.

Los gremios redoblaron reclamos

Por otro lado, los referentes gremiales sostienen que el municipio tiene margen para mejorar la oferta si se reducen ciertos gastos que consideran innecesarios. Daniel Massouras, representante de ATE, señaló que muchos trabajadores municipales enfrentan dificultades económicas extremas, como la necesidad de solicitar adelantos de sueldo o recurrir a créditos para subsistir. «Un aumento del 5% representa muy poco en términos reales. Necesitamos que los incrementos vayan al básico, que es muy bajo en comparación con otros sectores», remarcó.

Nora González, secretaria general de ATE, denunció el trato que recibieron los trabajadores y exigió respeto por sus derechos. «Este gobierno ha perseguido y presionado a los trabajadores. Estamos aquí para luchar por un salario digno y no vamos a retroceder», declaró durante la medida de fuerza.

Mariela Reyes, de SOYEM, sumó críticas a la administración por la difusión de cifras que considera falsas. «Dicen que un empleado municipal cobra 1.8 millones de pesos. Eso es mentira, incluso trabajando de lunes a lunes nunca llegaríamos a esa cifra. Eso es lo que cobran los legisladores», enfatizó.

La Federación de Obreros y Empleados Municipales de Río Negro (FOYEM) expresó su preocupación por el conflicto en Catriel, al igual que en Ingeniero Jacobacci, donde también se están llevando a cabo medidas de fuerza. Marcelino Jara, secretario general de FOYEM, advirtió que la situación de los trabajadores municipales es crítica en varias localidades, y adelantó que podrían surgir nuevos conflictos en municipios que no logren acordar incrementos salariales adecuados.

El conflicto en Catriel continúa, con medidas de fuerza y protestas en la parte externa del edificio municipal. Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que seguirá trabajando para garantizar la prestación de los servicios esenciales y aplicar descuentos por los días de paro.

El CET Nº 7 de Catriel se convierte en pionero de la nueva educación técnica para la industria energética

El CET Nº 7 de Catriel será una de las primeras instituciones técnicas en implementar un plan piloto de actualización educativa impulsado por el Gobierno de Río Negro y el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Este proyecto, parte de una colaboración provincial con el sector energético, busca alinear los contenidos técnicos de la escuela con las demandas crecientes de la industria del petróleo y gas, consolidando a Catriel como un centro de formación clave para el futuro de la energía en la región.

Durante el acto de firma del acuerdo, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck en la sede de la Secretaría de Energía y Ambiente, se destacó la importancia de esta actualización para los jóvenes del CET Nº 7, quienes egresarán con una formación especializada que les permitirá insertarse en un sector estratégico. En su discurso, Weretilneck subrayó que esta modernización educativa representa “un paso hacia el futuro”, afirmando que los estudiantes de Catriel y otras localidades serán formados de acuerdo con las exigencias actuales y futuras de la industria energética.

El plan contempla una renovación de los programas en Electricidad, Electrónica y Electromecánica en el CET Nº 7, así como en los CET Nº 9 de Cipolletti y Nº 16 de Cinco Saltos. Como parte de la formación, los estudiantes podrán realizar visitas a plantas industriales y prácticas en empresas del sector, aplicando sus conocimientos en contextos reales. Este componente práctico permitirá a los jóvenes de Catriel obtener experiencia directa en un entorno de trabajo, facilitando su integración al mercado laboral al término de sus estudios.

Con un financiamiento de 400 millones de pesos, aportados por empresas como YPF, Phoenix Global Resources, Aconcagua Energía, Petróleos Sudamericanos, Oldelval y Calfrac, el programa dotará a las escuelas de Catriel y otras localidades con tecnología y equipamiento de última generación. Ernesto López Anadón, presidente del IAPG, destacó el compromiso de las empresas en “un proyecto que en tiempo récord ayudará a formar a los técnicos que la industria requiere”.

Este esfuerzo educativo no solo beneficiará al CET Nº 7 de Catriel, sino que también se espera extender a otras escuelas técnicas de la provincia, como el CET Nº 12 de Sierra Grande, gracias a un aporte adicional de YPF. Esta expansión confirma la intención de consolidar una base sólida de educación técnica adaptada a las necesidades energéticas, lo cual fortalece la capacitación y empleo de los jóvenes catrielenses en una industria de alta demanda.

Funcionarios provinciales, incluyendo la ministra de Educación y Derechos Humanos Patricia Campos y la secretaria de Energía y Ambiente Andrea Confini, asistieron al evento, reiterando el compromiso de la provincia en este proyecto innovador que busca convertir a Catriel en un núcleo de formación técnica especializado y alineado con el crecimiento del sector energético en Río Negro.

Tragedia y batalla judicial: los padres de un niño en Catriel demandan por mala praxis médica

El 18 de junio de 2018, la vida de la familia de F.M.C., un bebé de Catriel, cambió drásticamente cuando una infección urinaria desencadenó una secuencia de hechos que derivaron en daño cerebral permanente. La historia comienza con un cuadro febril que, tras ser controlado en casa durante algunos días, se volvió preocupante, lo que llevó a los padres a acudir a la Clínica de Maternidad Juan Domingo Perón en busca de ayuda. Sin embargo, la asistencia médica no logró evitar el peor desenlace, y ahora los padres iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra la clínica, el IPROSS y el pediatra involucrado.

El drama se desató cuando el bebé fue ingresado en la clínica y se le diagnosticó una infección urinaria. La noche del 19 de junio, su condición empeoró: fiebre alta, vómitos y un decaimiento creciente que preocupaban a sus padres. Según la demanda, un pediatra desestimó la gravedad del cuadro, asegurando que la medicación estaba surtiendo efecto. Sin embargo, la situación siguió deteriorándose y, al día siguiente, los padres exigieron el traslado de su hijo a un centro de mayor complejidad.

El traslado en ambulancia se realizó sin la presencia de un médico, como lo indica el protocolo en estos casos. Solo un enfermero acompañó al bebé en el trayecto hacia la Clínica Juan XXIII en General Roca. El viaje se transformó en una pesadilla cuando el pequeño empezó a convulsionar en Cinco Saltos. Allí sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue necesario estabilizarlo con reanimación e intubación. A su llegada a la clínica en Roca, ingresó en estado de coma inducido, enfrentando una sepsis que comprometía sus órganos y su sistema neurológico.

Después de casi un mes de lucha, el bebé fue estabilizado, pero las secuelas quedaron. La hipoxia cerebral sufrida dejó consecuencias devastadoras: incapacidad para caminar y hablar, dificultades para alimentarse que requieren un botón gástrico, y la necesidad constante de terapias para mejorar su calidad de vida. Los padres atribuyen estas secuelas a la falta de respuesta oportuna y adecuada del personal médico.

La familia inició una demanda por $140.648.604,49 en concepto de daños y perjuicios contra la Clínica de Maternidad Juan Domingo Perón, el IPROSS, el pediatra Choque Latorre, y otras partes. En su presentación, responsabilizan a la clínica por no seguir los protocolos adecuados durante la internación y el traslado, y al IPROSS por su presunta negligencia en la prestación de servicios de salud.

El caso atravesó diversas instancias judiciales desde su inicio en 2021, incluyendo la intervención de la Defensoría de Menores e Incapaces y un proceso en la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa. Los demandados plantearon múltiples excepciones, como la falta de competencia y la prescripción de la acción, argumentando que el reclamo es improcedente.

La Clínica de Maternidad Juan Domingo Perón, defendida por el Sindicato de Petróleo y Gas Privado, sostiene que no es responsable por las acusaciones de mala praxis. Alegaron que el tratamiento se dio conforme a las indicaciones médicas de la época. Además, cuestionaron aspectos técnicos del caso, como el agotamiento de la vía administrativa antes de presentar la demanda y la prescripción del reclamo.

Por su parte, el IPROSS expuso que no puede ser considerado responsable bajo la Ley de Defensa del Consumidor, ya que no se trata de un sistema de salud cerrado en el que la obra social dirige directamente las prestaciones médicas. El pediatra demandado también negó las acusaciones, alegando que las complicaciones del niño se debieron a la naturaleza impredecible de su condición médica y no a una omisión en los cuidados brindados.

El 21 de octubre de 2024, la jueza a cargo del caso resolvió rechazar las excepciones planteadas por la clínica, el sindicato y el pediatra, lo que mantiene viva la demanda de los padres del niño. La jueza destacó que la competencia administrativa es aplicable cuando una de las partes demandadas es una entidad pública, como el IPROSS, lo que justifica la tramitación del caso en la jurisdicción actual

La justicia ordenó al ministerio de Salud cumplir con el tratamiendo de una vecina de Catriel

R.A.B., una vecina de Catriel que lucha contra una infección en su rodilla izquierda, tuvo que recurrir a la justicia para acceder al servicio de salud. Hace más de cuatro meses, solicitó un espaciador articulado, dispositivo crucial para contener la infección y aliviar el dolor que la atormenta día a día. La falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud y el Hospital de Catriel la obligó a recurrir a la justicia, presentando un amparo para exigir el derecho a su salud.

Afectada por un cuadro que requiere reemplazar el espaciador cada seis meses, R.A.B. enfrenta una situación que va más allá de la enfermedad: vive sola, no puede trabajar y depende de la ayuda de otras personas incluso para tareas tan básicas como bañarse.

El dolor la acompaña cada día, tratándolo con medicamentos fuertes como tramadol y pregabalina.

La urgencia de su caso, que requiere una intervención quirúrgica para colocar una prótesis de titanio debido a su alergia al metal, llevó a la jueza Gabriela Lapuente a intervenir.

En su fallo, la magistrada destacó que la falta de acción por parte del Ministerio de Salud no solo prolonga el sufrimiento de la paciente, sino que también vulnera sus derechos más básicos.

«El derecho a la salud y a vivir una vida digna no puede esperar», afirmó, al considerar que la situación de R.A.B. representa una violación clara a los principios constitucionales y tratados internacionales que protegen este derecho.

El pedido de R.A.B. fue claro desde el principio. En junio, había solicitado formalmente el espaciador en el Hospital de Catriel, pero su solicitud se sumió en el silencio administrativo. Las respuestas, si es que llegaron, solo lo hicieron de manera parcial y sin ofrecer soluciones concretas. El expediente en el Ministerio de Salud indicaba que el trámite estaba en curso, pero los plazos se extendieron más allá de lo tolerable para una persona que vive con dolor constante.

Con la intervención judicial, el fallo ordena al Ministerio de Salud que en un plazo de 72 horas entregue el espaciador y garantice la cirugía que R.A.B. necesita. De no cumplir con la orden, el ministro responsable podría enfrentar sanciones penales, lo que refleja la gravedad de la inacción estatal en este caso.

Catriel: cortes programados para mejorar la seguridad energética

En un esfuerzo por mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en Catriel, Ederesa llevará a cabo tareas de poda preventiva y desrame en las líneas de media y baja tensión. Informaron que estos trabajos son esenciales para garantizar la previsibilidad y el buen funcionamiento de las instalaciones eléctricas, especialmente en áreas donde el crecimiento de árboles puede interferir con el tendido.

Cortes programados

Con el objetivo de llevar adelante estas tareas de manera segura, se han programado tres cortes de energía en diferentes sectores de la ciudad. Las interrupciones del servicio se realizarán según el siguiente cronograma:

  • Jueves 24 de octubre: De 17:00 a 19:00, se realizará la poda en la calle Comodoro Rivadavia, entre Savio y Plaza Huincul.
  • Sábado 26 de octubre:
    • De 14:00 a 15:00, el corte afectará a la calle Primeros Pobladores hacia la Ruta Nacional 151, así como a las calles Chubut, Rawson, Jamaica y Atenas. También estarán comprendidos en esta franja el barrio YPF, el barrio Preiss, el Acceso Norte, el hospital Cecilia Grierson y el Complejo Cotecal.
    • De 15:00 a 17:00, se llevará a cabo el trabajo de poda en el cuadrante delimitado por las calles Primeros Pobladores, Chubut, Clemente Zurita y Neuquén.

Recomendaciones para los vecinos

Se recomienda a los vecinos tomar las medidas de seguridad pertinentes durante los cortes de energía, asegurando la desconexión de equipos eléctricos sensibles para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio. Además, se aconseja planificar las actividades que requieran el uso de electricidad durante las horas fuera de los cortes para minimizar inconvenientes.

Importancia de la poda preventiva

Las tareas de poda y desrame son fundamentales para evitar situaciones de riesgo como cortes inesperados, caídas de ramas sobre el tendido eléctrico o fluctuaciones en el suministro. Estas intervenciones programadas forman parte de un mantenimiento continuo para asegurar que la comunidad cuente con un servicio eléctrico más confiable y seguro.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan no solo reducir las incidencias en el suministro, sino también fortalecer la infraestructura eléctrica en Catriel, garantizando un servicio que se ajuste a las necesidades de todos los usuarios.

Se incendió un auto en la Ruta 151: pérdidas totales

Hoy, aproximadamente a las 20 horas, se incendió un vehículo que se encontraba estacionado sobre la vera de la Ruta Nacional 151, a la altura del yacimiento de Vista, en las cercanías de la curva de la Escondida. El fuego generó pérdidas totales en el automóvil, consumiendo por completo la estructura del vehículo.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas, aunque algunos testigos en el lugar señalaron la posibilidad de que una falla en el motor haya originado el fuego. Sin embargo, las autoridades no confirmaron esta versión y se llevará a cabo una investigación para esclarecer los motivos del siniestro.

En el lugar trabajaron efectivos del cuerpo de Bomberos de Catriel, quienes lograron sofocar las llamas y evitaron que el fuego se extendiera a la vegetación cercana o a otras áreas potencialmente peligrosas. No se registraron heridos ni víctimas en el incidente.

El caso se encuentra en manos de las autoridades competentes, que realizarán las pericias correspondientes para determinar las causas exactas del hecho.

El gobierno convocó a Unter para discutir salarios en Río Negro

El gobierno de Río Negro citó al gremio docente UnTER a una audiencia paritaria para el jueves 24 de octubre, a las 11, en la Secretaría de Trabajo. La reunión, encabezada por la ministra de Educación, Silvia Ocampos, tiene como objetivo discutir la nueva pauta salarial para el cierre del año, tras semanas de conflicto y malestar en el sector educativo.


La convocatoria llevó a UnTER a posponer su Congreso Extraordinario, que estaba previsto para el viernes 25 en Villa Regina. Desde el sindicato, afirmaron que el gobierno «cumple tardíamente» con la promesa realizada en la audiencia del 13 de agosto de reabrir el diálogo. Además de la discusión salarial, UnTER exigirá que se aborden cambios en las condiciones laborales, señalando que la audiencia debe ir más allá de los aumentos.


El encuentro se da en un contexto de tensión con la ministra Ocampos, luego de que el gobierno condicionara el diálogo a la suspensión de las medidas de fuerza del gremio. La relación también se vio afectada por la reciente declaración de la educación como «servicio esencial» y las nuevas políticas de control de licencias médicas, que generaron críticas por parte de los trabajadores.


Las negociaciones se desarrollarán en un marco de restricciones financieras para la provincia, que no logró ofrecer aumentos en las mesas paritarias con otros gremios estatales, como ATE, UPCN y ASSPUR. La audiencia del jueves se presenta como una oportunidad para retomar el camino del diálogo, con la expectativa de encontrar respuestas a las demandas del sector docente.

Catriel: 50 operarios de Quintana reciben preavisos laborales

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, expresó su respaldo a los 50 operarios de la empresa Quintana en Catriel, quienes recibieron telegramas de preaviso de despido. Rucci aseguró que el sindicato tomará medidas contundentes para defender los puestos de trabajo y advirtió a las compañías que si no están dispuestas a invertir en las áreas convencionales, deberían devolver los yacimientos. «No vamos a permitir que los trabajadores sean la variable de ajuste», enfatizó.

Rucci criticó la especulación que llevóal abandono de varios yacimientos en la región, lo cual pone en riesgo los empleos de los petroleros y afectado a las comunidades locales. Señaló que, a pesar de haber sido durante décadas una fuente de desarrollo económico para la zona, la actividad en los yacimientos convencionales disminuyó significativamente. El líder sindical instó a las empresas a asumir la responsabilidad de mantener las operaciones en las áreas concesionadas o, de lo contrario, ceder el control a compañías dispuestas a invertir en la recuperación de la producción.

El sindicalista también mostró su descontento con la falta de compromiso en algunos sectores empresariales, en particular en la Argentina Oil and Gas Expo 2024, a la que calificó de «hipocresía total» al considerar que se habla de inversiones mientras las comunidades «están padeciendo». Rucci recordó el reciente fallecimiento de un trabajador en Vaca Muerta como un reflejo de la desatención a la seguridad laboral, señalando que los récords de producción no se ven reflejados en mejoras para las localidades que sostienen la actividad hidrocarburífera.

Transición de Catriel: del petróleo convencional a Vaca Muerta

La crisis de los yacimientos convencionales en Catriel se enmarca en un contexto de cambio en la industria petrolera argentina, con un desplazamiento progresivo de la actividad hacia Vaca Muerta, en Neuquén. La ciudad de Catriel, que durante décadas fue un bastión de la producción de petróleo convencional, ahora enfrenta una reducción en las inversiones y un incremento en la inactividad de los pozos. Este cambio de enfoque hacia la explotación no convencional de shale oil y gas atrae a las empresas que antes operaban en la región, dejando a Catriel con una economía en declive y desafíos significativos en infraestructura y diversificación económica.

Los costos de inversión para mantener la extracción en los yacimientos convencionales se incrementaron, mientras que la producción tiende a disminuir. A pesar de que el petróleo convencional sigue generando ingresos, la falta de inversiones en infraestructura básica, como la reparación de la deteriorada Ruta 151 y la mejora en servicios públicos, acentúa la percepción de «abandono» en la ciudad.

El gobierno provincial comenzó el proceso de renovación de concesiones en un contexto marcado por recortes presupuestarios y reclamos de participación activa de los municipios, como el de Catriel. En estos meses la Legislatura de Río Negro deberá tratar el tema. Las empresas que buscan renovar sus concesiones deberán presentar sus planes de inversión para la próxima década ante la Secretaría de Energía y Ambiente de Río Negro.

La situación en Catriel destaca la necesidad de un enfoque integral que contemple no solo la continuidad de la producción petrolera, sino también la diversificación económica y la inversión en infraestructura clave. Adaptarse a la transición hacia la explotación no convencional será esencial para asegurar el desarrollo sostenible de la región en los próximos años. También lo será preguntarse cuál es el futuro de la ciudad en el camino de diversificación económica que buscan establecer el gobierno local y provincial.

Un juez permitió a un condenado de Catriel ir a trabajar a San juan

Un juez de Ejecución permitió que un condenado por robo en Catriel se pueda mudar a San Juan para poder trabajar. El hombre fue condenado a una pena de prisión en suspenso, es decir que purga su pena en libertad a cambio de una serie de condiciones. En ese contexto, su defensa solicitó el permiso para una mudanza por cuestiones laborales.

El Juzgado de Ejecución Penal N° 8 de Cipolletti ajustó las pautas de seguimiento para un condenado a pena en suspenso que cambió su domicilio a San Juan por razones laborales. El juez Lucas Lizzi resolvió en audiencia realizada por videoconferencia que la supervisión pasará a la Dirección de Protección al Preso, Liberado y Excarcelado de la Provincia de San Juan, dejando sin efecto la intervención del Instituto de Asistencia a Presos Liberados (IAPL), con sede en Río Negro.

El condenado identificado en el fallo como D.V. explicó que trabajaba en una cantera de productos minerales en San Juan y residía cerca de una comisaría, a solo tres cuadras de distancia. Durante la audiencia, su defensor solicitó que las presentaciones sean por medios digitales y que la comisaría no forme parte del control, ya que consideró que no contribuye a la reinserción social.

El fiscal coincidió en que la supervisión debería adaptarse a la nueva situación del condenado, sugiriendo que las autoridades correspondientes en San Juan realicen el seguimiento a través de entrevistas periódicas. La defensa solicitó que la audiencia se considere como una presentación válida, lo cual fue aceptado por el juez.

El juez Lizzi dictaminó que el condenado se someterá a control cada dos meses ante la Dirección de Protección al Preso de San Juan, eliminando la obligación de presentarse en el Juzgado de Paz de Catriel.

También instruyó que el IAPL deje de intervenir en el caso y que el organismo de San Juan coordine la modalidad de control.

El magistrado remarcó la necesidad de buscar la reinserción social del condenado y señaló que la comisaría no resulta adecuada para esta etapa del proceso. Además, recordó que el control incluye la obligación de no cometer delitos, condición que sigue vigente.

Finalmente, la audiencia concluyó con la aceptación de los cambios por parte de todas las partes involucradas, dejando registrado el nuevo domicilio del condenado y notificando a los organismos pertinentes sobre el cese de las pautas anteriores.