El proceso de reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) abrió un foco de preocupación en la cadena apícola: referentes del sector advierten que los cambios podrían afectar la exportación de miel argentina, una actividad clave para economías regionales y mercados internacionales.
Según información difundida por actores de la industria, el Gobierno avanzó en la reducción de servicios técnicos dentro del INTI, incluyendo tareas vinculadas al control y certificación de insumos clave para la exportación, como los tambores donde se envasa la miel.
Hasta ahora, de acuerdo a fuentes del sector citadas en informes periodísticos, el INTI cumplía un rol central: auditaba procesos, realizaba ensayos físicos y químicos y certificaba la calidad de los envases, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Ese esquema, vigente desde 2018, había permitido reducir rechazos en aduana, especialmente en mercados exigentes como la Unión Europea.
Con los cambios recientes, esas certificaciones habrían sido trasladadas al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada. Desde la industria señalan que este cambio podría implicar mayores costos y dudas sobre la continuidad del nivel técnico de los controles.
Ese escenario también tiene impacto directo en experiencias locales como Miel Monte Austral, una empresa radicada en el Parque Industrial de Catriel que logró posicionarse como referente de la apicultura patagónica y es la única habilitada para exportar miel fraccionada desde la región.
Conducida por Óscar Ford y Patricia Coronado, la firma combina producción, fraccionamiento y valor agregado, con certificaciones como libre de gluten y sello Kosher, además de aplicar protocolos sanitarios internacionales. Su producción se destaca por las características propias de la flora patagónica, lo que le permite competir en mercados exigentes.
En ese contexto, cualquier cambio en los sistemas de control y certificación —como los que históricamente realizaba el INTI— no es abstracto: impacta de forma directa en empresas que dependen de esos estándares para exportar, tanto en costos como en acceso a mercados internacionales.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo. La apicultura no es fácil, pero nos apasiona y venimos reinventándonos todo el tiempo”, señaló Ford en relación al desarrollo del emprendimiento, que recientemente lanzó una línea de sachets de 20 gramos, un formato innovador en la Patagonia.
Argentina es actualmente el cuarto exportador mundial de miel, con más de 78 mil toneladas exportadas en 2024, y concentra la mayor parte de sus ventas en Estados Unidos, Alemania y España. En particular, Alemania aplica controles estrictos sobre calidad y residuos, lo que vuelve clave cualquier sistema de certificación.
En ese escenario, desde el sector apícola advierten que una eventual pérdida de estándares podría generar rechazos en destino o nuevas trabas comerciales. “Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego”, expresó un especialista consultado.
La actividad involucra a unos 22 mil productores en todo el país y tiene un impacto directo en economías regionales, especialmente en provincias donde la apicultura genera empleo y divisas.
Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial detallado sobre cómo se implementarán los nuevos mecanismos de control ni sobre eventuales medidas para garantizar la continuidad de los estándares.
Mientras tanto, el sector sigue de cerca la evolución de la medida. La preocupación es concreta: cualquier alteración en los controles puede afectar la capacidad exportadora de una de las producciones más competitivas del país y con presencia directa en Catriel.
La escena rompe con cualquier lógica previa. En la puerta de una comisaría, entre patrulleros y uniformes, una perrita se mueve con naturalidad, como si siempre hubiera sido parte del lugar. Saluda a quien entra, se recuesta en la vereda y observa el movimiento diario. Todos la conocen: se llama “Falopa”.
La historia comenzó meses atrás en Gualeguaychú, cuando la perrita apareció acompañando a un hombre que fue detenido en el marco de una causa por narcotráfico, según informaron medios locales. Durante los días que el detenido permaneció en la dependencia, el animal no se separó de él. Pero cuando fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Nº 9, pasó algo inesperado: la perrita no lo siguió.
Se quedó.
Desde entonces, Falopa empezó a formar parte del paisaje cotidiano de la Jefatura Departamental. Los efectivos comenzaron a alimentarla, le armaron un espacio para descansar y, con el paso del tiempo, su presencia dejó de ser circunstancial. Hoy es parte del lugar.
El dato que primero llama la atención es el nombre. Pero lo que sostiene la historia es el contraste: llegó vinculada a un procedimiento policial y terminó siendo cuidada por quienes estaban del otro lado de esa escena.
La historia empezó a circular cuando vecinos compartieron fotos y videos en redes sociales. En pocas horas, el caso se volvió viral. Hubo risas por el nombre, pero también mensajes de afecto y sorpresa por la situación.
“Siempre está en la puerta, como esperando”, relataron en publicaciones que acompañaron las imágenes. Sin uniforme ni jerarquía, Falopa encontró su lugar en un espacio donde nadie la esperaba.
Mientras el proceso judicial de su antiguo dueño sigue su curso —de acuerdo a información pública—, la perrita sigue ahí. En la entrada de la comisaría, ajena a expedientes y causas, moviendo la cola cada vez que alguien llega.
La Cámara Federal de Casación Penal anuló el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en la denominada causa Seguros, donde estaba acusado de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”.
La decisión fue tomada por mayoría en la Sala IV, con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo. En disidencia votó Gustavo Hornos, quien consideró que el procesamiento debía mantenerse.
El fallo determinó que la resolución previa que había confirmado el procesamiento no cumplía con los requisitos legales necesarios, por lo que ordenó dictar una nueva decisión en el expediente.
Los jueces que integraron la mayoría coincidieron con el criterio del fiscal ante la Cámara, José Agüero Iturbe, quien había sostenido que no había elementos suficientes para sostener la imputación.
“No hay juez sin acusador”, señalaron en la resolución, al destacar que tanto la fiscalía como la defensa habían solicitado revocar el procesamiento y avanzar hacia una falta de mérito.
Con esta decisión, el estado de la causa cambia: el procesamiento queda sin efecto, pero la investigación sigue abierta y deberá ser reevaluada por instancias inferiores.
El expediente ahora vuelve a un punto clave, donde se definirá si se reúnen nuevos elementos para avanzar o si corresponde modificar la situación judicial del exmandatario.
El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) escaló en las últimas horas luego de las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la reestructuración del organismo y aseguró que los salarios de sus trabajadores “los pagan las familias argentinas”. La frase, pronunciada en medio de despidos y protestas gremiales, volvió a poner en escena una discusión que atraviesa a la Argentina desde hace décadas: qué sectores del Estado deben ajustarse, cuáles resultan estratégicos y cómo se distribuyen los recursos públicos.
Según trascendió en medios nacionales, Sturzenegger sostuvo que los millones de dólares destinados al pago de sueldos en el organismo representan dinero que sale del bolsillo de otras familias, reduciendo su capacidad de consumo y de sostener otros empleos en la economía privada. También deslizó que la estructura actual podría funcionar con menos personal y mayor incorporación tecnológica.
El planteo se enmarca en la política general del Gobierno nacional orientada a reducir el tamaño del Estado, revisar contratos, cerrar áreas consideradas ineficientes y disminuir el gasto público. Sin embargo, la polémica creció porque el SMN no es un organismo administrativo convencional, sino una estructura técnica vinculada a la prevención, la seguridad y la producción.
El Servicio Meteorológico Nacional tiene entre sus principales funciones la emisión de alertas tempranas por tormentas severas, granizo, vientos intensos, nevadas, olas de calor o frío extremo. Además, presta servicios esenciales para la aviación civil y comercial, aporta información determinante para el sector agropecuario, colabora con Defensa Civil y organismos provinciales ante emergencias, y desarrolla investigación científica vinculada al clima y al cambio climático.
Ese trabajo cotidiano muchas veces pasa inadvertido hasta que ocurre un evento extremo. En Catriel, por ejemplo, el pronóstico oficial para esta semana anticipa jornadas estables en términos generales, pero también advierte para el martes ráfagas que podrían alcanzar entre 79 y 87 kilómetros por hora.
Para una ciudad atravesada por la actividad petrolera, el tránsito pesado y el movimiento rural, ese tipo de información resulta clave para prevenir incidentes, reorganizar tareas y reducir riesgos.
La discusión tomó todavía más volumen cuando se compararon los salarios del organismo con los ingresos de los legisladores nacionales. De acuerdo con cifras difundidas durante marzo y abril de 2026, un senador nacional percibe alrededor de entre 11 y 11,6 millones de pesos mensuales, mientras que un diputado nacional se ubica en una franja estimada de entre 5,5 y 6,5 millones. En contraste, un trabajador técnico o profesional del SMN, según estimaciones basadas en escalas estatales nacionales, podría ubicarse entre 1,2 y 2,5 millones de pesos, dependiendo de categoría, antigüedad y función.
Traducido en términos comparativos, el ingreso de un senador equivale aproximadamente al salario de entre cuatro y nueve trabajadores técnicos del Servicio Meteorológico. En el caso de un diputado, representa entre dos y cinco salarios del organismo. La comparación no implica que ambas funciones sean equivalentes, pero sí deja expuestas las prioridades presupuestarias de la administración pública.
Desde sectores gremiales sostienen que el SMN ya opera con recursos limitados y que nuevos recortes podrían afectar turnos, monitoreo territorial y capacidad de respuesta ante emergencias. Especialistas en clima remarcan, además, que en un contexto global de eventos meteorológicos cada vez más intensos, debilitar sistemas de observación y alerta puede generar costos mucho mayores que el ahorro inmediato.
Analistas políticos interpretan que la frase del ministro apunta a consolidar una narrativa de alto impacto social: presentar a los empleados públicos como una carga sostenida por contribuyentes privados. Es una idea con potencia política en tiempos de crisis económica, aunque también simplifica el debate sobre el rol del Estado y la calidad de los servicios que presta.
Porque todo salario estatal surge de fondos públicos: el de un meteorólogo, el de un legislador, el de un ministro o el de un administrativo. La diferencia central no está sólo en cuánto cuesta cada puesto, sino en qué valor genera para la sociedad. Una alerta por vientos fuertes, una advertencia por inundación o un informe para la seguridad aérea no siempre se miden en planillas contables, pero pueden evitar pérdidas económicas y humanas.
La frase de Sturzenegger buscó defender una política de ajuste. Pero también dejó una pregunta abierta: cuando se decide recortar, ¿se toca lo que sobra o se toca lo que todavía funciona? Mientras la respuesta se discute en Buenos Aires, en ciudades como Catriel miles de personas siguen consultando cada día el pronóstico elaborado por el mismo organismo que hoy está bajo cuestionamiento.
La micología aplicada, una disciplina que estudia el potencial de los hongos en distintas áreas productivas y sanitarias, tendrá una nueva instancia de formación en la región con una capacitación que reunirá a especialistas de trayectoria nacional e internacional.
Se trata del curso “Micología aplicada: hongos comestibles y medicinales”, impulsado por Tendencia 360 dentro de su plataforma educativa Campus 360. Según informó la organización, la cursada comenzará el 11 de mayo, tendrá una duración total de 12 horas y estará orientada tanto a personas interesadas en iniciarse como a quienes buscan profesionalizar conocimientos en un sector en crecimiento.
Uno de los principales ejes de la propuesta es el nivel del cuerpo docente convocado. Entre los profesionales anunciados se encuentra Eduardo Bazo Coronilla, especialista en biología y divulgación científica vinculada al universo fúngico.
También participará Luciana Tamone, integrante de CONICET, lo que aporta una mirada científica y académica desde uno de los principales organismos de investigación del país.
La capacitación sumará además al cultivador Federico Calaroto, enfocado en procesos productivos y modelos de cultivo comercial.
En el área de salud fue confirmada la presencia del médico micólogo Renzo Acosta Sausa, quien abordará aplicaciones vinculadas a los hongos medicinales y su uso complementario en bienestar y medicina integrativa.
El equipo se completa con Estefanía Di Iorio, que aportará contenidos relacionados con nutrición, alimentación funcional y el valor nutricional de distintas especies comestibles.
De acuerdo con la información difundida, el curso estará organizado en tres grandes áreas: salud y bienestar, eco-innovación y producción comercial, combinando contenidos técnicos con aplicaciones concretas.
El interés por este tipo de capacitaciones crece a nivel global a medida que los hongos ganan espacio en industrias vinculadas a alimentos saludables, suplementos, biomateriales y producción sustentable.
Desde la organización indicaron que la inscripción ya se encuentra abierta y que el valor promocional es de $95.000.
Para más información, los interesados pueden consultar en campus360.com.ar.
En el tablero de la política internacional contemporánea, donde la crisis climática, el colapso de la salud mental y la inseguridad alimentaria dictan la agenda, emerge un actor inesperado desde el subsuelo: el Reino Fungi.
Lo que alguna vez fue materia exclusiva de la biología es hoy un activo estratégico de bioprospección y soberanía, básicamente, es pedirle prestada a la naturaleza su tecnología biológica para resolver problemas humanos. Es encontrar en la naturaleza la solución al plástico, a la contaminación, a la salud humana y a la soberanía alimentaria.
La pregunta es inevitable: ¿Existe en el mundo de los hongos la solución a las problemáticas sistémicas de nuestra era?
Mientras la geopolítica tradicional se basa a menudo en la competencia de suma cero, es decir si gana uno el otro pierde, los hongos operan bajo un modelo de simbiogénesis. El micelio es la red que conecta, distribuye recursos y regenera ecosistemas.
Si bien el mundo siempre se presento como un mercado con disputas de recursos que escasean y generan conflictos y guerras, el universo fúngico emerge como disruptivo, como un diamante en bruto ignorado, accesible a todos y sin ganadores o perdedores.
Para las naciones modernas, el «Poder Fúngico» podría representar un universo de triple impacto: resiliencia biológica, autonomía productiva y estabilidad social con soluciones para la salud.
Hongos como el Reishi o la Melena de León ayudan al organismo a resistir el estrés, y se han convertido en el combustible de la Economía del Estrés, es decir que aquellos países impulsan el desarrollo de adaptogenos están impulsando la preservación de la salud de su fuerza laboral.
China es el gigante indiscutido. Controla más del 70% de la producción mundial. Para Pekín, los hongos son parte de su farmacopea oficial y una herramienta de soft power sanitario. Estados Unidos es el gran laboratorio mundial de la innovación biotecnológica. Lideran el mercado de suplementos de vanguardia y la investigación clínica en nootrópicos para el rendimiento cognitivo.
Finlandia y Rusia mas conocidos como los guardianes del Chaga (el «oro negro» de los bosques boreales), han legislado para proteger y exportar extractos de alta pureza destinados a la inmunidad de élite.
Por su parte, Canadá, es pionero en marcos regulatorios flexibles que permiten la investigación acelerada en salud mental y micología medicinal. Mientras que Bután, es un caso de soberanía única, donde el Cordyceps silvestre es regulado como un recurso nacional precioso, vital para su economía rural.
Para que una nación sea verdaderamente soberana en 2026, debería dominar tres pilares donde los hongos son protagonistas: Salud Pública y Resiliencia, Soberanía Alimentaria y Proteína Descentralizada, Micoremediación y Activos Ambientales
En la arena internacional, la «deuda ecológica» es una moneda crítica. Los hongos capaces de degradar plásticos, hidrocarburos y metales pesados ofrecen una herramienta de regeneración de territorios contaminados. Un suelo sano es un activo estratégico que permite a los países cumplir con los acuerdos climáticos globales mientras recuperan tierras para el cultivo.
La «solución fúngica» plantea un dilema político fundamental ¿Será el Reino Fungi un patrimonio común de la humanidad o el próximo campo de batalla por la propiedad intelectual?
El mundo Fungi se presenta como una solución accesible de bajo costo pero que puede tornarse un peligro para la industria de los medicamentos.
Hay quienes afirman que, así como en el siglo XX luchamos por el petróleo que estaba bajo la tierra; en el XXI, la supervivencia de las naciones dependerá de su capacidad para aliarse con los organismos que conectan la vida sobre ella. La política internacional ya no puede ignorar lo que sucede bajo sus pies: el futuro es, sin duda, micelar.
Si jugamos a pensar en una cartografía del poder biotecnológico fúngico y analizamos la producción global como un tablero de ajedrez, cada hongo es una pieza que revela la identidad, el clima y la ambición económica de la nación que lo abandera.
El Cordyceps es Bután o el Tíbet, El Reishi , conocido como El Hongo de la Inmortalidad, es China, El Chaga, es Finlandia o Rusia, La Melena de León, es Estados Unidos o Canadá, la Psilocybe. el Sanador Ancestral es México o Brasil, el Shiitake o el Maitake es Japón.
Los hongos y las plantas adaptógenas poseen una tecnología biológica intrínseca. A diferencia de una molécula sintética que solo existe si un laboratorio la fabrica, el hongo ya sabe fabricar sus compuestos; solo necesita tierra, humedad y sombra. Esa es la verdadera amenaza para el modelo industrial y la gran oportunidad para la ciudadanía.
A diferencia de producir un antibiótico o una vacuna, que requiere reactores químicos y ambientes estériles de alta complejidad, el cultivo de adaptógenos (especialmente los hongos) es descentralizado por naturaleza.
Una persona puede cultivar Melena de León o Reishi en su cocina usando una bolsa de aserrín o desechos de café. El «laboratorio» es el propio organismo vivo. El ser humano solo actúa como facilitador del entorno. Esto devuelve el poder de la salud al hogar, permitiendo que el ciudadano pase de ser un «consumidor pasivo» a un «productor activo». Frente a lo cual, los resultados empíricos son difíciles de ocultar en la era de la información. Es decir que, cuando miles de personas experimentan una mejora real en su gestión del estrés, su claridad mental o su energía sin los efectos secundarios de los fármacos tradicionales, se crea un mercado de recomendación orgánica.
El mercado farmacéutico tradicional se basa en la patente. Pero no se puede patentar una especie que crece en el bosque. Pueden patentar un método de extracción, pero no el hongo en sí. Esto crea un «punto ciego» para las grandes corporaciones donde la ciudadanía puede moverse con libertad.
De esta manera, la producción personal de adaptógenos rompe la cadena de dependencia: sin logística compleja: No dependes de una farmacia ni de una cadena de suministro internacional que puede colapsar. Es decir, una vez que aprendes a propagar el micelio, el costo de producción tiende a cero.
De alguna manera, la capacidad de identificar, cultivar y consumir tus propios adaptógenos— es un acto de resistencia política. Es recuperar el derecho ancestral a la medicina sin pasar por el peaje del laboratorio. Si el siglo XX fue el siglo de la pastilla comprada, el XXI podría ser el siglo del hongo cultivado.
Y si pensamos que, así como el petróleo definió las fronteras del siglo XX, la geografía del micelio podría definir las potencias del siglo XXI: la nación que hoy siembra el hongo adecuado, mañana cosechara la resiliencia de su pueblo. En esta línea, parece ser que el futuro no será de los más fuertes, sino de los mejor conectados. El Reino Fungi nos enseña que la verdadera potencia es aquella que sabe reciclar sus crisis (sus desechos) en recursos.
En este ajedrez micológico, ¿qué pieza debería empezar a mover una región como América Latina para no ser solo proveedora de materia prima, sino dueña de su propia biotecnología fúngica?
Históricamente, Argentina ha sido definida por su suelo, pero siempre bajo la etiqueta del granero del mundo. Fuimos la nación de la materia prima, la que exporta el volumen para importar el valor. Sin embargo, en este 2026, los adaptógenos presentan una oportunidad que rompe con ese destino inercial: la posibilidad de dejar de ser solo el campo que siembra para convertirnos en el laboratorio que piensa.
El reino fungi no requiere de latifundios infinitos, sino de creatividad infinita. En la intersección entre nuestra rica biodiversidad —desde las selvas del norte hasta los bosques fríos de la Patagonia— y nuestro histórico capital científico, nace una nueva soberanía. Ya no se trata de cuántas toneladas podemos cargar en un barco, sino de cuánta inteligencia podemos encapsular en un extracto.
La verdadera revolución argentina con los adaptógenos no es el cultivo del hongo en sí, sino la fusión de tres mundos: la Sabiduría del Territorio, La Vanguarda Biotecnológica y La Estética de la Salud.
Si el siglo XX fue el de la dependencia del grano, el siglo XXI para Argentina puede ser el de la medicina de diseño natural. Tenemos la oportunidad de liderar una «tercera vía» sanitaria: una que no es solo la pastilla de la gran farmacéutica ni la herboristería del pasado, sino una biotecnología con alma.
Al final, los adaptógenos nos enseñan que la resiliencia no es solo resistir el estrés, sino transformarse con él. Argentina, experta en navegar crisis, tiene hoy en el micelio su mejor metáfora: es hora de dejar de ser solo la tierra que se pisa para ser la red que conecta, crea y sana. El futuro argentino ya no se extrae; se desarrolla
Matías Román Avecilla Lic. en Relaciones Internacionales Magíster en Polícas de Desarrollo Co- Fundador de Tendencia 360
La advertencia no es menor. Y, según quienes trabajan dentro del sistema, podría tener consecuencias directas.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa horas de tensión ante la posibilidad de nuevos despidos en el marco del plan de reducción del Estado. Según expresaron trabajadores del organismo, entre 150 y 200 empleados podrían recibir telegramas de cesantía en los próximos días, lo que profundizaría un escenario que ya consideran crítico.
La preocupación no se centra únicamente en la pérdida de puestos de trabajo. De acuerdo a lo señalado por especialistas del sector, la reducción de personal podría impactar directamente en la calidad de los pronósticos y las alertas meteorológicas, herramientas clave para anticipar fenómenos climáticos.
“Se estarían complicando de manera muy fuerte los pronósticos del tiempo y las alertas a nivel nacional y local”, advirtió el meteorólogo Sergio Jalfin, quien explicó que el problema radica en el posible debilitamiento de la red de observación y medición.
Según detalló, estas tareas no pueden ser reemplazadas completamente por sistemas automatizados. “Hay información que solo puede ser procesada por personal calificado”, sostuvo, en referencia a la experiencia técnica acumulada por los trabajadores del organismo.
Actualmente, el SMN cuenta con alrededor de 950 empleados, cuando —según indicaron— debería tener unos 1250 para funcionar con normalidad. En ese contexto, una nueva reducción podría implicar, según estimaciones, entre un 20% y un 30% menos de personal, lo que —de acuerdo a las fuentes consultadas— pondría en riesgo su operatividad.
El impacto, advierten, no se limita al pronóstico cotidiano. También podría afectar áreas sensibles como la aviación, donde la información meteorológica es clave para el despegue y aterrizaje de vuelos, así como sectores productivos como el agro, la industria y la navegación.
En un contexto atravesado por el cambio climático y el aumento de eventos extremos, los trabajadores sostienen que la pérdida de capacidad operativa podría tener consecuencias más amplias. “Tragedias que hoy son evitables podrían dejar de serlo”, alertaron.
Desde el Gobierno nacional, que no convalida la existencia del calentamiento global, el proceso se enmarca en un plan de modernización del Estado. Sin embargo, desde el sector aseguran que no hubo instancias de diálogo claras ni precisiones sobre el alcance de las medidas.
Mientras tanto, los trabajadores se encuentran en asamblea permanente y ya iniciaron acciones de visibilización, como un “abrazo simbólico” en la sede central. No descartan nuevas protestas en los próximos días.
Por ahora, el escenario sigue abierto. Pero puertas adentro del organismo, la preocupación es concreta: no se trata solo de una estructura. Se trata de la información que, todos los días, permite anticiparse a lo que viene.
La advertencia dejó de ser técnica para transformarse en política. La Federación de Cooperativas de Río Negro (FeCoRN) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) encendieron una señal de alerta ante un proyecto del Gobierno nacional que, según sostienen, podría modificar de fondo el esquema sobre el que se apoya el sistema cooperativo en Argentina.
El eje del conflicto está en la iniciativa conocida como “ley de hojarasca”, un paquete de desregulación que propone, entre otras medidas, derogar la Ley 11.380, una norma vigente desde hace décadas que establece beneficios fiscales específicos para las cooperativas.
Según advirtieron ambas entidades, el cambio no es menor. De aprobarse, las cooperativas deberían incorporar el valor de sus edificios, construcciones e infraestructura al capital sobre el cual tributan en el marco de la Ley 23.427. Esto, de acuerdo a lo planteado, podría traducirse en un incremento significativo de la carga impositiva.
Pero el cuestionamiento no se limita al impacto económico. Desde Cooperar sostienen que la derogación se apoya en un argumento “inexacto”, ya que el proyecto ubica a la norma dentro de un conjunto de leyes sin aplicación vigente. Sin embargo, explican que tras la actualización del Digesto Jurídico Argentino en 2014, el artículo que otorga beneficios fiscales continuó en plena vigencia, siendo además sostenido en las sucesivas prórrogas del régimen tributario aplicable al sector.
Ese punto es central para las cooperativas. No se trata, señalan, de un beneficio aislado sino de una herramienta que históricamente permitió sostener inversiones en infraestructura, consolidar servicios y garantizar presencia territorial. “El desarrollo del cooperativismo ha significado el desarrollo en cada comunidad donde está presente”, remarcaron desde la entidad en un mensaje dirigido a legisladores nacionales.
En ese marco, advierten que modificar el criterio de cálculo impositivo podría alterar la lógica de funcionamiento del sector, cuya estructura de capital está fuertemente vinculada a bienes inmuebles y obras construidas a lo largo del tiempo. El impacto, agregan, no sería solo interno: en muchas localidades, las cooperativas son responsables de servicios esenciales como energía, agua o provisión de bienes básicos.
A esto se suma otro dato que abre interrogantes dentro del propio esquema fiscal.
Según cifras citadas por el sector, el presupuesto 2026 prevé que los ingresos vinculados a la contribución especial de cooperativas superan ampliamente los niveles de gasto autorizados, lo que —según plantean— pone en duda la necesidad de avanzar con un aumento en la presión tributaria.
Mientras tanto, desde el Gobierno nacional se argumenta que el proyecto apunta a eliminar normativas consideradas obsoletas o sin utilidad práctica. Sin embargo, el cooperativismo ya inició gestiones con diputados y senadores para frenar la iniciativa o, al menos, abrir una instancia de revisión más profunda.
Por ahora, el debate avanza sin ocupar el centro de la agenda pública. Pero dentro del sector, la preocupación es concreta.
Desde Cooperar advierten que avanzar en este sentido podría implicar “más impuestos y menos seguridad jurídica” para un modelo que, desde hace décadas, sostiene buena parte del desarrollo productivo y social en distintas regiones del país.
La advertencia empezó a circular puertas adentro del cooperativismo, pero en las últimas horas tomó otra dimensión. Un proyecto impulsado por el Gobierno nacional podría modificar una de las bases sobre las que funcionan miles de cooperativas en todo el país.
Según un comunicado difundido por la Federación de Cooperativas de Río Negro (FeCoRN), en línea con la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), la iniciativa conocida como “ley de hojarasca” propone derogar la Ley 11.380, una norma histórica que hoy mantiene un tratamiento impositivo diferencial para el sector.
El punto que genera mayor preocupación es concreto. De acuerdo a lo expresado por las entidades, si la derogación avanza, las cooperativas deberían comenzar a incluir el valor de sus edificios, instalaciones e infraestructura en el cálculo del capital sobre el que tributan. Esto, explican, podría traducirse en un aumento significativo de la carga impositiva.
Aunque se trata de una discusión técnica, el posible impacto excede lo contable. Las cooperativas sostienen servicios esenciales en numerosas localidades —energía, provisión de bienes, redes comunitarias— y gran parte de su estructura está asentada justamente en esos activos que hoy no se computan de la misma manera. Por eso, advierten que un cambio en las reglas podría afectar su capacidad de inversión, mantenimiento y expansión.
Desde el Gobierno, la propuesta se inscribe en un paquete de desregulación que busca eliminar normas consideradas obsoletas o sin aplicación práctica. En ese marco, la Ley 11.380 fue incluida bajo el argumento de que parte de su contenido original habría perdido vigencia con el paso del tiempo.
Sin embargo, desde el sector cooperativo sostienen que esa interpretación es incompleta. Según indican, el artículo que establece beneficios fiscales continúa vigente y fue sostenido en distintas actualizaciones del marco legal. “No es una ley sin efecto, sino una herramienta que acompañó el desarrollo de las cooperativas durante décadas”, remarcan.
El debate también alcanza el destino de los recursos. De acuerdo a datos citados por las entidades, la recaudación actual vinculada al sector superaría ampliamente los niveles de gasto previstos para el organismo correspondiente, lo que —según plantean— abre interrogantes sobre la necesidad de incrementar esa carga.
En este contexto, distintas organizaciones cooperativas ya iniciaron gestiones con diputados y senadores nacionales. El objetivo es frenar la derogación o, al menos, abrir una instancia de revisión que contemple el impacto real de la medida.
Por ahora, el tema avanza sin gran exposición pública. Pero dentro del sector, la señal es clara: si el esquema cambia, advierten, las consecuencias podrían sentirse mucho más allá de las propias cooperativas.
La votación ya pasó, pero el conflicto recién empieza. Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, organizaciones ambientales lanzaron una convocatoria que busca escalar el tema a otro nivel: una demanda colectiva nacional que podría convertirse en la más grande de la historia en defensa del agua.
La iniciativa fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, que cuestionaron con dureza el proceso legislativo. Según señalaron, la reforma se aprobó “a espaldas de la sociedad” y sin contemplar el rechazo de miles de personas.
El dato que encendió la reacción fue contundente: cientos de miles de ciudadanos se inscribieron para participar de la audiencia pública, pero —según denuncian— sus planteos no fueron considerados al momento de tomar la decisión.
Pero detrás de la disputa legal hay algo más profundo. Desde los espacios convocantes advierten que la modificación de la ley pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas y los ecosistemas que dependen de los glaciares.
“Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron, marcando el tono de una nueva etapa del conflicto.
A eso se suma otro punto crítico: la reforma permitiría que las provincias tengan mayor poder de decisión sobre qué áreas proteger, lo que —según especialistas— podría debilitar los criterios científicos y abrir la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles.
Referentes históricos en la defensa ambiental también salieron a advertir sobre el alcance de la medida. “No se trata de un pedazo de hielo, se trata de la posibilidad de vivir”, fue una de las definiciones que sintetizó la preocupación por el impacto a largo plazo.
Mientras tanto, la ciudadanía comienza a organizarse. La convocatoria a la demanda colectiva no implica una obligación legal individual, pero sí busca construir un volumen social que respalde la presentación judicial.
El resultado todavía es incierto. Pero algo ya quedó claro: la discusión por los glaciares dejó de ser solo un tema legislativo… y pasó a convertirse en una pelea que ahora se va a dar en la Justicia.
