El Poder Judicial de Río Negro confirmó hoy a VSN que se están realizando peritajes de la geolocalización del teléfono del detenido. Estos estudios buscan determinar los lugares en los que estuvo el dispositivo el día del hecho, con el objetivo de reforzar la evidencia en contra de Juan Coronado, único imputado por el hecho.
En el marco de la causa, estableció un plazo de tres meses para cerrar la investigación preparatoria. Asimismo, en un período de 30 días se deberá evaluar si se prorroga o modifica la prisión preventiva de Coronado. Hasta el momento, no se fijó ninguna audiencia para dicha evaluación.
Es importante destacar que la feria judicial culmina el viernes 19 de julio, por lo que se espera que las actividades relacionadas con la causa se reanuden plenamente después de esa fecha.
La comunidad de Catriel y la Asociación Kawell Anay siguen conmocionadas por la pérdida de Carlitos, un caballo que desempeñaba un papel fundamental en la rehabilitación de personas con discapacidad. La Justicia continúa trabajando para esclarecer los hechos y garantizar que se haga justicia.
Desde las 8:30, la Legislatura de Río Negro discute proyectos clave que podrían tener un impacto significativo en Catriel y sus ciudadanos. Entre las iniciativas se encuentran la prórroga de los contratos petroleros, la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y modificaciones en las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos.
Uno de los proyectos más relevantes, el 685, instruye a la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente a prorrogar las concesiones hidrocarburíferas por diez años. Esta medida podría influir directamente en la economía de Catriel, dado que la ciudad es una de las principales zonas productoras de petróleo en la provincia. La defensa de esta propuesta estuvo a cargo de la secretaria de Energía, Andrea Confini, y la subsecretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya.
En el debate legislativo, se acordó incrementar la participación de los municipios en los ingresos derivados de la renovación de concesiones petroleras. Facundo López, presidente de Juntos Somos Río Negro (JSRN), anunció que los municipios recibirán un 15% de estos ingresos, distribuidos de la siguiente manera: 30% para los municipios productores, 60% para el resto y 10% para comisiones de fomento. Además, un 2% se destinará a los municipios según los índices de coparticipación provincial, 2% a un Fondo Fiduciario de Eficiencia Energética y 1% a obras de infraestructura deportiva.
La sesión de este viernes será crucial para definir cómo se manejarán estos temas en el futuro inmediato y cómo impactarán en la vida cotidiana de los ciudadanos de Catriel.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso de la Comunidad Mapuche Newen Kurruf con el que buscaba frenar el desalojo de un inmueble rural en la provincia de Río Negro.
La demanda la interpusieron Alberto Ricardo Aparicio y Rafael Ortíz, quienes compraron las 12 mil hectáreas en una subasta en la década del 90. La familia Parada y otras personas miembros de la comunidad comenzaron a trabajar esas tierras en la década del 70. El campo pertenecía a Félix Mabellini, un reconocido automovilista regional quien tenía amistad con Parada y los dejó entrar al campo para que trabajen los animales. En el marco de un juicio de desalojo de un inmueble rural ubicado en una zona hidrocarburífera en la localidad de Catriel, Río Negro, la comunidad Mapuche Newen Kurruf solicitó como medida cautelar la suspensión del desalojo.
En el marco de un juicio de desalojo de un inmueble rural ubicado en una zona hidrocarburífera en la localidad de Catriel, Río Negro, la comunidad Mapuche Newen Kurruf solicitó como medida cautelar la suspensión del desalojo.
Invocó que esas tierras pertenecen al pueblo mapuche y que se encuentran alcanzadas por el artículo 2° de la ley 26160, por la que se declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.
El juzgado de primera instancia rechazó la medida cautelar, decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería de la IV Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro. La Cámara señaló que el pedido de suspensión de la sentencia de desalojo había sido efectuado luego de que la sentencia hubiera sido ejecutada y, por ende, de finalizado el proceso.
La Comunidad Mapuche planteó un recurso de casación, que fue rechazado por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, con argumentos similares a los de la Cámara. Ello motivó la presentación de un recurso extraordinario federal que, igualmente rechazado, motivó una queja.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, consideró que el recurso de queja por denegación del extraordinario no cumplió con los requisitos previstos para su interposición, de acuerdo con el reglamento aprobado por acordada 4/2007 y, por eso, desestimó la presentación.
El martes 2 de julio, la Asociación Civil Kawell Anay de Catriel vivió una de sus jornadas más tristes. «Carlitos», uno de sus caballos utilizados en la equinoterapia para la rehabilitación de personas con discapacidad, desapareció. Según el testimonio de una de las víctimas, la familia se percató de la desaparición cuando fueron a resguardarlo a las cinco de la tarde. «Todos nuestros caballos pastan en un cuadro que es propiedad privada y está cerrado con un alambre que estaba en perfecto estado», relató una integrante del equipo, quien también explicó que la persona que robó al caballo se tomó el trabajo de abrir tranqueras y cortar alambres para poder sacarlo.
La búsqueda de Carlitos comenzó de inmediato. Uno de los miembros de Kawell, con experiencia en rastreo, reconoció las huellas del caballo por una lesión distintiva en una de sus patas. «Notamos que lo llevaba de tiro una persona. Seguimos la huella y nos llevó bastante lejos de Kawell», explicó una de las víctimas. La búsqueda se prolongó hasta la madrugada del miércoles 3 de julio, sin más ayuda que la de un móvil policial que los seguía mientras ellos rastreaban por Lote 14, Lote 15, barrio Preiss y el autódromo.
«Todo el mundo sabe que esto pasa en Catriel y que hay personas que se dedican a robar y matar caballos para faenarlos»
Una integrante de Kawell Anay habló sobre lo ocurrido con «Carlitos».
La comunidad de Catriel es consciente de la presencia de individuos que se dedican al robo y faena de caballos para vender su carne. Este temor constante se materializó cuando, el miércoles, recibieron la devastadora noticia de que Carlitos había sido faenado. «Fue muy duro para nosotros porque teníamos la esperanza de encontrarlo vivo. Que lo devuelvan, que lo suelten, que lo dejen en algún lugar», lamentó la joven.
La investigación policial avanzó rápidamente gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del 911 y al aporte de un vecino que proporcionó datos cruciales sobre el responsable. La fiscalía confirmó que el hecho ocurrió el 2 de julio alrededor de las 15:45, cuando el imputado, Juan Coronado, junto a otro hombre, sustrajeron a Carlitos de un predio rural. Luego lo trasladaron al lugar donde residía Coronado, lo mataron y despostaron. Durante el allanamiento en su vivienda, se encontraron restos del caballo en un freezer y otras evidencias.
La Justicia rionegrina confirmó la identidad de Juan Coronado como el responsable del robo y muerte de Carlitos. Coronado fue acusado de abigeato agravado, y la jueza de garantías dictó su prisión preventiva, asegurando que permanecerá detenido mientras avanza el proceso penal en su contra. La comunidad de Catriel, especialmente la Asociación Kawell Anay, sigue conmocionada por la pérdida de Carlitos, un caballo que desempeñaba un papel fundamental en la rehabilitación de personas con discapacidad.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló del Pacto de Mayo, firmado en julio, como «un espacio de diálogo necesario» tras un período de tensiones y acusaciones entre el gobierno nacional y las provincias. «Había empezado con insultos, agravios y acusando a los gobernadores de todos los males. Y ahora se puede dialogar», comentó Weretilneck.
El pacto, que incluye entre sus diez puntos cuestiones como el comercio internacional, la educación, el déficit fiscal y la reducción del endeudamiento, fue valorado por el gobernador por su alineación con los intereses de Río Negro. «Si no podemos vender nuestros productos, no tenemos destino», señaló Weretilneck, enfatizando la necesidad de abrir mercados para los productos rionegrinos. Además, mencionó que la firma del pacto refleja un consenso general sobre estos temas, a pesar de las diferencias que puedan existir en el terreno de la política pública. «Coincidimos en general, por si firmamos», sostuvo.
En el ámbito socioeconómico y ambiental, la firma del pacto y la instalación de una planta de Gas Natural Licuado en Río Negro son temas centrales. Weretilneck explicó que se están cumpliendo los pasos necesarios para que la provincia adhiera al régimen de incentivo de grandes inversiones (RIGI), lo que según el mandatario podría facilitar la llegada de inversiones extranjeras. Asimismo, destacó la competitividad del negocio del gas a nivel mundial y la necesidad de reducir costos. La construcción del oleoducto Vaca Muerta sur y la posible instalación de una planta de GNL en Sierra Grande representan dos proyecciones de crecimiento económico para la región, aunque también plantean desafíos ambientales que deberán ser gestionados con cuidado.
El Pacto de Mayo firmado por Weretilneck presenta varios beneficios y riesgos para Río Negro. Entre los beneficios destacan la seguridad jurídica y la confianza económica, el equilibrio fiscal que promueve la estabilidad económica, y una educación moderna que prepara a futuras generaciones. Además, la reforma tributaria y la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos pueden mejorar la eficiencia del gasto gubernamental y la distribución de recursos entre provincias.
Sin embargo, estos beneficios vienen acompañados de riesgos significativos. La reducción del gasto público podría afectar servicios esenciales y programas sociales, mientras que la apertura al comercio internacional podría poner en riesgo industrias locales no preparadas para competir globalmente. Las reformas laboral y previsional, aunque necesarias para la sostenibilidad del sistema, podrían encontrar resistencia social y afectar a trabajadores y pensionados.
El séptimo punto del pacto, que se enfoca en la explotación de recursos naturales, ofrece un crecimiento económico importante y la creación de empleo en sectores como minería, petróleo y gas. No obstante, también conlleva riesgos ambientales significativos, como contaminación y pérdida de biodiversidad, además de posibles conflictos con comunidades locales y la dependencia económica de recursos no renovables, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo.
El pasado 6 de julio, Catriel fue el escenario de una emotiva celebración del Día Internacional del Cooperativismo, organizada por la Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN) y la Cooperativa de Trabajo, Electricidad y Servicios Públicos de Catriel Limitada (COTECAL). Este evento contó con la presencia de destacados líderes y representantes del movimiento cooperativo, incluyendo a la presidenta de COTECAL, Laura Morales, el presidente de FECORN, Alfredo Gaiga, el subsecretario de Cooperativas y Mutuales de Río Negro, Martin Vesprini, la legisladora rionegrina Lorena Matzen, Rodolfo Veronesi de la Universidad de Rio Negro (UNRN), la intendenta Daniela Salzotto, concejales locales y otros funcionarios provinciales, así como múltiples representantes de cooperativas de toda la provincia y la ciudad.
El presidente de FECORN, Alfredo Gaiga, expresó su agradecimiento por la asistencia de la intendenta y los concejales de Catriel, destacando la importancia de su apoyo en esta ocasión especial. En su discurso, Gaiga enfatizó el valor fundamental de la cooperación, señalando: «Nos reunimos para celebrar un valor fundamental que nos define como cooperativas, la cooperación. Me embarga un profundo sentido de responsabilidad y gratitud hacia todos ustedes quienes día a día trabajan incansablemente por un mundo mejor».
Gaiga resaltó que el lema de este año, «Las cooperativas trabajamos por un mundo mejor», no es solo una aspiración, sino un compromiso llevado a la acción en cada tarea emprendida por las cooperativas. «La cooperación nos brinda libertad para seguir nuestros sueños de forma colectiva, buscando el bienestar propio y el de nuestros semejantes», añadió. Asimismo, destacó la importancia de la colaboración más allá de las fronteras y el papel crucial de las cooperativas en la promoción de la justicia social y el bienestar colectivo.
Durante el evento, se anunció la firma de un acta de intención entre la Federación, el Municipio y Cooperar (Confederación), con el objetivo de consolidar a Catriel como un municipio cooperativo. Este acto simboliza un paso significativo hacia la integración de Catriel en una red nacional e internacional de cooperativas, promoviendo así un desarrollo económico y social más equitativo y sostenible.
«El cooperativismo es una escuela de democracia»
Alfredo Gaiga, presidente de la Federación de Cooperativas de Rio Negro.
Gaiga también hizo un llamado a los funcionarios públicos para que honren al cooperativismo con acciones concretas y un compromiso real con la democracia. «El cooperativismo es una escuela de democracia. Participación y toma de decisiones donde cada uno tiene voz y un voto», subrayó. Además, pidió que se respete y comprenda los valores fundamentales del cooperativismo, promoviendo la justicia social y el bienestar colectivo.
En su intervención, Gaiga recordó su participación inicial en 1996 y destacó la evolución y el impacto positivo logrado por las cooperativas a lo largo de los años. También hizo hincapié en la necesidad de que los gobiernos reconozcan a las cooperativas como socios fundamentales en el desarrollo económico y social, y abogó por un retorno adecuado de los aportes provenientes de la coparticipación federal al movimiento cooperativo.
Sobre el cierre, Gaiga citó las palabras de la intendenta de Catriel: «Algo tenemos que hacer para que queden huellas para siempre en el camino», reafirmando el compromiso de las autoridades locales con el cooperativismo. «Gracias a todos por su dedicación y compromiso con el cooperativismo. Viva la cooperación», cerró previo a los aplausos de los presentes.
La celebración del Día Internacional del Cooperativismo en Catriel conmemoró un nuevo aniversario de esta fecha significativa y reafirmó el compromiso de trabajar juntos por un futuro mejor para todas las personas y comunidades de Río Negro.
En el cierre del juicio por el crimen de Maximiliano Segura, su madre tomó la palabra para honrar la memoria de su hijo. «Maximiliano era mi hijo, padre de dos niñas, hermano de tres chicos más. Era una persona humilde, trabajador y apreciado en la ciudad de Catriel. Siempre supo lo que era el sacrificio y fue respetado por sus valores, colaborando con clubes locales, el municipio y la comunidad en general. Maximiliano era una excelente persona, un gran ser humano con un gran corazón, jamás violento, y con una reputación intachable», expresó con profunda emoción.
El Ministerio Público Fiscal de Catriel y la querella particular solicitaron que Sebastián Veron, único imputado por el crimen, sea declarado culpable. Según el fiscal jefe, un video de seguridad que registra los 12 segundos críticos del incidente fue analizado cuadro por cuadro para describir la mecánica de los hechos. La fiscalía argumentó que Veron inició la agresión al desenfundar un cuchillo y atacar a Segura, quien estaba desarmado. Un testigo describió la escena como un enfrentamiento entre un hombre armado y una víctima indefensa, lo que refuerza la postura de que no se trató de legítima defensa.
La defensa de Veron, en cambio, sostuvo que actuó dentro del marco legal de la legítima defensa y solicitó su absolución o, subsidiariamente, que se lo declare culpable de homicidio en exceso de legítima defensa. La querella respaldó la postura fiscal, destacando jurisprudencia que excluye la legítima defensa cuando la agresión es provocada por el acusado. El tribunal colegiado anunciará su veredicto el 23 de julio, después de una extensión del plazo debido a la feria judicial. El juicio se centró en un incidente ocurrido el 24 de septiembre de 2022, cuando una disputa por un presunto robo de caños llevó a un enfrentamiento fatal entre Veron y Segura.
Un hombre fue acusado de abigeato agravado por sustraer un caballo, faenarlo y despostarlo. «Carlitos», era utilizado por una asociación civil para realizar equinoterapia con personas con discapacidad.
Según indicó la fiscalía el hecho investigado sucedió el 2 de julio alrededor de las 15:45 cuando el imputado junto a otro hombre se dirigieron a un predio rural ubicado a varios kilómetros del ejido urbano de la localidad de Catriel. Tras sustraer a Carlitos, lo habrían trasladado hasta el lugar residía el imputado para matarlo y posteriormente despostarlo. En el lugar intentaron ocultar los restos, cocinaron su carne y ocultaron otra parte de la carne en un freezer.
La calificación legal del caso es abigeato agravado.
Un video de una cámara de seguridad captó al acusado acompañado de otro hombre y llevando consigo al caballo sustraído. Tras observar las filmaciones, el presidente de la Asociación Kawell Anay, quien resulta víctima y querellante en el caso, pudo reconocer al acusado por lo que se inició una investigación en su contra y se solicitó un allanamiento en su vivienda.
En esa diligencia se encontró carne de potro y restos del animal que fueron identificados por el querellante como de Carlitos. Las viseras y el cuero del animal habían sido ocultados o enterrados.
Tanto la fiscalía como la querella requirieron la prisión preventiva del acusado porque consideraron que en caso de recuperar la libertad el hombre podría entorpecer el normal avance del proceso. Argumentaron que en caso de recaer condena la misma sería de cumplimiento efectivo, que el imputado había intentado ocultar evidencias relevantes para el caso, que podría interferir en la declaración de testigos y que aún restaba identificar a otra persona presuntamente involucrada en el hecho.
La defensa particular que asistió al imputado consideró que el hecho no encuadraba en la figura de abigeato sino que se trataba de un robo o un hurto. Su abogado agregó que no existían riesgos procesales y requirió medidas cautelares alternativas.
La jueza de garantías que intervino en la audiencia hizo lugar al pedido de la acusación, tuvo por formulados los cargos en los términos requeridos y dictó la prisión preventiva del imputado. En consecuencia, permanecerá detenido mientras avanza el proceso penal en su contra.
Carlitos era un caballo que formaba parte de la Asociación Civil Kawell Anay y ayudaba a realizar tareas de equinoterapia para la rehabilitación de personas con discapacidad. La Asociación cuenta con un predio en la zona rural de Catriel que fue del lugar donde el mismo fue sustraído.
La intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, reclamó enérgicamente la remediación ambiental y la creación de puestos laborales para los residentes locales durante una reunión por los contratos petroleros en Cipolletti. Salzotto expresó su preocupación por la falta de oportunidades laborales para los habitantes de Catriel, señalando que «no puedo seguir aceptando que todas las trafics pasen llenas de trabajadores en su mayoría de otras provincias todos los días. Tengo más de 450 currículums que están pidiendo inserción laboral». Además, pidió que la nueva ley incluya un porcentaje dedicado a la remediación ambiental y la contratación de mano de obra local.
También hizo hincapié en la necesidad de poner en marcha capacitaciones, para que “todos los chicos que se vayan anexando a la actividad sepan realmente por donde pasa la matriz”. Tras ratificar el acompañamiento a las renegociaciones de los contratos con las firmas petroleras, Bracalente apuntó a “muchas empresas que son de afuera y no tienen registrados a sus trabajadores cuando los colocan frente a un volante”.
La secretaria de Hidrocarburos de la provincia, Mariela Moya, resaltó la caída en las reservas, producción e inversiones, subrayando la necesidad de sostener la inversión y producción. La propuesta legislativa incluye medidas para asegurar el cuidado del ambiente, la contratación de mano de obra local, y la creación de una comisión de seguimiento. Además, se prevé un plan de incentivos para mejorar la competitividad de los proyectos convencionales y ofrecer incentivos a la inversión.
El proyecto enviado por Weretilneck a la Legislatura plantea que los yacimientos a renegociar son maduros y el escenario no es el mismo escenario por la readecuación de la industria en Vaca Muerta, pero admite que siguen siendo productivos y tienen potencial de desarrollo de forma primaria o a través de proyectos de recuperación secundaria y/o terciaria.
Para esta renegociación, la distribución de regalías propuesta divide los 10% del bono de prórroga en un 30% entre los municipios petroleros, 60% entre el resto y un 10% para las comisiones de fomento. Este es otro de los puntos de discusión, que fue abordado por la CASEPE y Salzotto. El presidente de la Cámara de Servicios Petroleros de Río Negro, Ramiro Arceo, pidió que la ley contemple mayor compromiso y responsabilidad empresaria en los traspasos de activos en la zona a futuro y apoyó la defensa de la coparticipación de Catriel. «Acompañamos el pedido de la intendente en defensa de la coparticipación. Al mismo tiempo pedimos que la ley contemple mayor responsabilidad empresarial en los traspasos que se hagan a futuro para que las empresas que tomen y cumplan los compromisos asumidos», indicó.
Para poder prorrogarse los contratos, el acuerdo debe ser validado en el parlamento rionegrino. Actualemente el proyecto está en la comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo. Una vez que se finalice su tratamiento pasará por la de Asuntos Constitucionales y finalmente por la de Presupuesto y Hacienda.
La falta de control en la contratación de mano de obra local y el saneamiento ambiental fueron los principales reclamos por parte de los actores sociales de Catriel que participaron hoy de la Comisión de Planificación de la Legislatura provincial que trabaja el proyecto de ley de prórroga de los contratos petroleros. La intendenta Daniela Salzotto y el titular de la Casepe Ramiro Arceo fueron los principales voceros de la localidad que llenó el recinto de la Secretaría de Energía en Cipolletti con banderas y pancartas.
Salzotto exigió que se contemple en el proyecto una recomposición histórica por los pasivos ambientales que deja la industria: «Yo voy a pedir que se incorpore un porcentaje en remediación ambiental y que se sienten a trabajar con la mano de obra local». La peronista exigió que la contratación de mano local sea obligatoria. Explayó que muchas operadoras no cumplen con la normativa y que en algunos casos tiene mayoría de empleados foráneos.
El pedido de un bono para remediación y la mano de obra fueron ejes principales en el bloque con las cámaras. Los carteles que se desplegaron en la sala de reuniones eran sostenidos por un grupo de desocupados. Salzotto dijo que tiene más de 450 CV de ciudadanos que buscan un lugar en el sector.
El reclamo de Arceo, que por el momento era más como ciudadano que como empresario, giró en el mismo sentido. Hizo una introducción sociológica de Catriel sobre la matriz productiva y manifestó que es necesario un control y acompañamiento del gobierno para garantizar la paz social, pero también reclamó un lugar de privilegio por todo lo que la explotación de ese territorio le brindó a la provincia.
«Veo con mucho orgullo a todos los que vinieron con su banderita porque les preocupa, porque en Catriel tenemos desocupación. Porque Catriel fue el que más plata a la provincia durante 30 o 40 años». Agregó que durante las gestiones radicales no hubo ningún reconocimiento a ese aporte y que recién la llegada de Alberto Weretilneck aportó un poco de «justicia» a tantos años de explotación.
Arceo también cargó contra las operadoras y la falta de control. Dijo que el «pasamano» de algunas empresas para la explotación de ciertas áreas generó pérdidas de puestos de trabajo y no hubo control. Por eso exigió para la nueva ley que en esos casos se mantenga la misma exigencia para la empresa que tome un nuevo bloque productivo.
Agregó que la paralización que generó la pandemia por el Covid nunca se reactivó a los niveles prepandémicos. «El 80% de las empresas que nosotros representamos están en quiebra o moratoria. Uno de los puntos que más nos interesa es ponerle seriedad al caso que haya algún tipo de cesión de una operadora a otra que cumpla con los mismos compromisos con la empresa que obtuvo la concesión».
Ivana Hernández, vicepresidenta de la entidad, señaló que el marco regulador para las productoras es fundamental para el proceso de inversión. En cuanto a los tiempos dijo que “estamos a tres años para la finalización de los contratos actuales, lo que hace que el período de amortización sea muy corto y las inversiones decaigan. Generar una renegociación para un período de diez años hace que sea mucho más interesante para las empresas”.
Sostuvo además que la explotación petrolera “derrama trabajo sobre las pymes locales y regionales, lo que fortalece el negocio en la provincia”.
De la comisión participó el vicegobernador Pedro Pesatti, la titular de Energía Andrea Confini y de Hidrocarburos Daniela Moya. Además de mucha presencia de Catriel, ciudadanos y funcionarios también de otras localidades como Allen. Fue Moya quien hizo una presentación del proyecto de ley antes del inicio del debate parlamentario.
