A un año de los hechos que derivaron en su salida del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Alfredo Ariaudo presentó un pedido formal para ser restituido en la presidencia del cuerpo legislativo municipal, además del pago de los haberes correspondientes al período transcurrido desde su renuncia. El planteo fue ingresado el 1 de febrero de 2026 ante el Concejo Deliberante, donde el ex funcionario sostiene que la dimisión que firmó el 15 de marzo de 2025 no fue libre ni voluntaria, sino que se produjo en un contexto de detención y presiones institucionales vinculadas a la causa penal iniciada en su contra.
En su presentación, Ariaudo solicita que se declare la nulidad de la renuncia que presentó hace exactamente un año, argumentando que el acto se produjo mientras se encontraba privado de su libertad y con sus fueros vulnerados. Según su interpretación, esa situación habría afectado la validez del procedimiento mediante el cual dejó tanto la presidencia del Concejo como su banca de concejal. Además del retorno al cargo, también reclamó el pago de los haberes que considera adeudados desde su salida del cuerpo legislativo.
El planteo del ex concejal se apoya en dos argumentos principales. Por un lado, sostiene que la renuncia fue presentada bajo coerción, ya que se encontraba detenido y enfrentando una audiencia judicial. Por otro, plantea que la dimisión no habría sido formalmente aceptada por el Concejo Deliberante, lo que —según su interpretación— impediría que el acto haya producido efectos administrativos definitivos.
La renuncia de Ariaudo se produjo en medio de una fuerte crisis institucional que se desató el 14 de marzo de 2025, cuando la intendenta Daniela Salzotto y otros funcionarios municipales presentaron una denuncia penal en su contra. La fiscalía le atribuyó seis hechos vinculados a amenazas, coacción y portación ilegal de arma de fuego, ocurridos entre el 8 y el 14 de marzo de ese año.
Al día siguiente se realizó la audiencia de formulación de cargos y la Justicia dispuso medidas cautelares para garantizar el proceso judicial. Entre ellas se establecieron restricciones de acercamiento a la intendenta y a dependencias municipales, además de un sistema de monitoreo electrónico mediante tobillera, condiciones que continúan vigentes mientras avanza la investigación.
Ese mismo 15 de marzo de 2025, Ariaudo presentó una nota en la que renunció “de manera indeclinable” tanto a la presidencia del Concejo Deliberante como a su cargo de concejal. En el texto de la renuncia también señaló que lo hacía “siguiendo las instrucciones propuestas en la audiencia del día 15 de marzo” y con el objetivo de preservar la institucionalidad mientras atravesaba el proceso judicial.
Tras la presentación de esa dimisión, el Concejo Deliberante dictó la Resolución 013/25, mediante la cual el entonces vicepresidente Nelson Díaz quedó a cargo de la presidencia del cuerpo mientras se resolvía la continuidad institucional del órgano legislativo.
A doce meses de aquellos hechos, la causa penal que originó aquella crisis institucional todavía no tiene una resolución definitiva. Durante el último año se realizaron numerosas audiencias judiciales y el proceso continúa en etapa preparatoria. La fiscalía mantiene la acusación y ha planteado la posibilidad de un acuerdo judicial con reconocimiento de culpabilidad, alternativa que Ariaudo rechaza. En paralelo, su defensa también impulsa un planteo de recusación contra el juez que interviene en la causa, lo que mantiene abierto el proceso judicial.
El pedido de restitución también generó repercusiones dentro del Concejo Deliberante. En febrero de este año, la concejala Elizabeth Cofré, del bloque Primero Río Negro, presentó un proyecto de comunicación solicitando informes sobre el procedimiento institucional seguido tras la renuncia de Ariaudo, con el objetivo de revisar la documentación vinculada al proceso administrativo realizado en 2025.
Mientras tanto, desde el oficialismo local evitaron pronunciarse públicamente sobre el planteo presentado por el ex concejal. Fuentes del Concejo Deliberante señalaron que la situación se encuentra actualmente en el ámbito judicial y que será la Justicia la que deberá expedirse sobre el caso. En términos similares se expresaron fuentes del Poder Ejecutivo municipal, que indicaron que para el gobierno local el tema dejó de formar parte de la agenda institucional.
Argumentaron que, actualmente, la agenda del Ejecutivo municipal está centrada en la discusión por las regalías petroleras frente a los cambios propuestos por el gobierno provincial, un debate que atraviesa a los municipios productores de la región y que concentra buena parte de la actividad política local.
Por el momento, no hubo confirmación oficial de que el planteo de restitución presentado por Ariaudo fuera resuelto institucionalmente por el Concejo Deliberante, por lo que el caso continúa abierto tanto en el plano judicial como en el institucional. Así, a un año del episodio que sacudió la política de Catriel, el conflicto sigue proyectando sus efectos sobre la vida institucional de la ciudad.
VientoSur Noticias tuvo acceso a la documentación completa del caso.