Una trabajadora que se desempeñaba en un estudio jurídico e inmobiliario fue víctima de abuso sexual por parte de su empleador. Tras denunciar el hecho penalmente y reclamar la regularización de su vínculo laboral, fue despedida. La Justicia resolvió que se trató de una represalia, declaró la desvinculación como injustificada y ordenó el pago de casi 12 millones de pesos en concepto de indemnización.

El caso se remonta a junio de 2020, cuando la mujer ingresó a trabajar en la inmobiliaria sin relación laboral formalizada. Un año después, durante una conversación laboral, el empleador intentó besarla y la tocó sin su consentimiento. La trabajadora respondió con una denuncia penal y un reclamo por su situación irregular.

El empresario negó los hechos, alegó abandono de trabajo e inició un despido con causa, invocando supuestas injurias. Sin embargo, en marzo de 2023 fue condenado penalmente por el delito de abuso sexual simple.

Esa sentencia fue clave en el fallo laboral posterior, donde se concluyó que la desvinculación fue una represalia frente a la denuncia. “No existió causa que justificara el despido”, señaló el tribunal. Además, subrayó la importancia de abordar el caso con perspectiva de género, destacando la situación de vulnerabilidad de la trabajadora y el uso del despido como forma de castigo y silenciamiento.

La Cámara reconoció que “la conducta asumida por el empleador evidencia una actitud violenta contra la trabajadora por su condición femenina”. En consecuencia, se ordenó el pago de una suma cercana a los 12 millones de pesos por indemnizaciones, diferencias salariales y sanciones por no registrar el vínculo laboral, además de imponer las costas del juicio al empleador.

El fallo citó normativas nacionales e internacionales, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, y recalcó la necesidad de aplicar una mirada que contemple las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.