Una denuncia penal presentada en los últimos días involucra al concejal de Fernández Oro y asesor externo de la Municipalidad de Catriel, Christian Artero, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de cargos públicos y percepción simultánea de haberes estatales. Según el escrito, Artero cumple funciones como asesor en Catriel y como tesorero en una fundación vinculada al Polo Tecnológico local, mientras mantiene su cargo de edil en Oro.
Desde Fernández Oro, el abogado y coordinador de Gabinete y Asuntos Legales del municipio, Martín Rebaliatti, cuestionó que el concejal trabaja en esa ciudad “dos medios días a la semana”, pero percibe un salario correspondiente a una jornada completa. “Mientras tanto, dedica más tiempo y energías a otro municipio, Catriel, donde además de ser funcionario, es tesorero de una fundación que trabaja para ese mismo municipio”, expresó, y puso en duda la posibilidad de cumplir con esas funciones de forma simultánea, considerando la distancia de más de 140 kilómetros entre ambas localidades.
Artero, por su parte, negó categóricamente las acusaciones. En diálogo con Diario Río Negro afirmó: “Esto es falso, yo no soy empleado de la Municipalidad de Catriel”, y atribuyó la denuncia a una maniobra política del oficialismo de Juntos Somos Río Negro, encabezado por el intendente Gustavo Amati. “Es porque soy el único concejal opositor”, aseguró.
Consultado por Viento Sur Noticias el jueves 1 de mayo, Artero indicó que no había sido notificado formalmente y criticó la difusión anticipada del caso. “Cuando las denuncias se publican antes de que las partes estén en conocimiento, se lesiona el derecho a defenderse”, expresó. Agregó que “si tengo algo para agregar lo haré y, si no, en las primeras horas hábiles de la semana espero estar notificado y con pleno conocimiento”. Este lunes 5, este medio volvió a consultarlo sobre su notificación y si deseaba realizar un descargo, sin obtener respuesta hasta el momento.
El edil también explicó que su tarea como asesor en Catriel corresponde a su actividad profesional privada, como licenciado en Planificación Pública. “No estoy cumpliendo un rol que se contraponga legalmente con mi banca”, afirmó. Añadió que también trabaja en el sector frutícola, lo cual, según sostuvo, no interfiere con sus funciones legislativas.
Respecto a su participación en la Fundación Polo Tecnológico, aclaró que se trata de un cargo honorario, sin percepción económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del estatuto de la entidad.
Desde el gobierno municipal de Catriel, la intendenta Daniela Salzotto respaldó públicamente a Artero. “Cristian es un hombre de mi entera confianza. Me acompañó como legisladora provincial y hoy es asesor del Municipio. Tiene contrato de prestación de servicios y emite factura como corresponde”, afirmó. En diálogo con este medio agregó: “Está a cargo de la Fundación. Por primera vez desde que asumimos hay tickets, hay balance correcto y funciona todo como tiene que ser”.
Salzotto calificó la denuncia como una maniobra política. Afirmó que detrás hay sectores que “operan a favor de quienes quieren aplastar a los catrielenses” y apuntó contra seudoopositores que, según dijo, “son funcionales a Juntos Somos Río Negro”. “Sé quién soy, de dónde vengo y el proyecto que represento”, concluyó.
Contenido de la denuncia
La presentación judicial sostiene que Artero incurrió en una incompatibilidad legal al percibir ingresos públicos simultáneamente como concejal de Fernández Oro y como asesor contratado por la Municipalidad de Catriel.
Artero asumió su banca en diciembre de 2023. Cobró su sueldo hasta marzo de 2024 y, desde abril hasta diciembre de ese año, lo donó al fondo fijo del Concejo Deliberante, aunque continuó administrando esos fondos. Según la denuncia, esto constituye una forma indirecta de seguir disponiendo de los recursos asignados a su salario.
En paralelo, firmó tres contratos de locación de servicios con el municipio de Catriel para brindar asesoramiento técnico, con fechas en diciembre de 2023, julio y diciembre de 2024. Los contratos, según los denunciantes, presentan elementos propios de una relación laboral encubierta: actualización de honorarios según paritarias municipales, exclusividad en la facturación y continuidad sostenida en el tiempo.
El Tribunal de Cuentas de Fernández Oro sostiene que esta superposición de cargos viola la Constitución Provincial y la Ley 3550 de Ética Pública, que prohíben la acumulación de empleos públicos, aun en distintas jurisdicciones. La normativa provincial, además, tiene aplicación supletoria en el ámbito municipal, según lo establece la Carta Orgánica de Fernández Oro.
La denuncia también cita la Ley Municipal 063/91 de Catriel, que considera empleados municipales a quienes prestan servicios bajo contrato, y les exige el cumplimiento de las normas sobre incompatibilidad y acumulación de cargos.
De acuerdo con el escrito, Artero habría implementado una maniobra deliberada para ocultar la doble percepción de ingresos públicos y eludir controles administrativos y fiscales. La Justicia deberá determinar si en ese accionar se configura la comisión de delitos de acción pública como violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), malversación de caudales públicos (arts. 260 y 261), negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265), enriquecimiento ilícito (art. 268), falsedad ideológica (art. 293) y administración fraudulenta en perjuicio del erario público (art. 174 inciso 5°). Además, se deja abierta la posibilidad de que otros funcionarios resulten involucrados en el transcurso de la investigación.
Documentación vinculada al caso
Viento Sur Noticias accedió a documentación oficial incorporada a la denuncia, que forma parte del debate público sobre el desempeño simultáneo de Artero en dos municipios. En febrero de 2025, el concejal facturó $1.350.000 a la Municipalidad de Catriel por asesoramiento técnico y percibió $849.253 como concejal en Fernández Oro. Los datos personales fueron omitidos para preservar la privacidad del involucrado.
