El caso Atlas sumó un nuevo capítulo en Catriel. Después de la denuncia penal presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, el Municipio difundió documentación administrativa sobre una compra realizada a la firma Atlas por $1.310.000.

La documentación presentada por el Ejecutivo permite reconstruir una operación puntual vinculada a elementos destinados a la Fiesta Provincial del Petróleo. Según esos papeles, el expediente cuenta con habilitación comercial, inscripción en el Registro de Proveedores Municipal, factura, orden de compra, orden de pago, resolución municipal, conformidad del área correspondiente e intervención dentro del circuito administrativo.

Para el Municipio, esos elementos muestran que la compra tuvo respaldo formal y que no fue tramitada por fuera del expediente. En diálogo con Radio Ciudad 93.1, en entrevista realizada por Adriana Gordo, el secretario de Gobierno, Diego Pereyra, defendió la actuación municipal y sostuvo que el expediente había sido aprobado por el propio Tribunal de Cuentas en diciembre.

La posición completa del Ejecutivo puede leerse en esta nota: Pereyra cruzó al Tribunal por el caso Atlas y defendió la documentación municipal.

Pereyra también afirmó que la denuncia “no tiene sustento” y la vinculó con el inicio del clima electoral. Según planteó, se trata de un “golpe institucional” contra la figura de la intendenta Daniela Salzotto. El funcionario aseguró además que la jefa comunal está tranquila porque, desde la posición del Ejecutivo, “no se cometió ningún tipo de ilícito”.

El cruce actual también se apoya en antecedentes que ya habían formado parte de la discusión pública sobre la composición y el funcionamiento del Tribunal. Entre ellos aparecen los cuestionamientos públicos de la intendenta Daniela Salzotto a la idoneidad del Tribunal y el caso de Franco Rivero, uno de sus integrantes, sobre quien VientoSur informó una denuncia pública, una presentación contravencional y los hechos confirmados. En aquella cobertura se consignó que Rivero negó las acusaciones, que la familia de la denunciante manifestó que para ellos el tema había quedado cerrado y que luego el expediente fue archivado por falta de impulso de la parte denunciante.

Ese antecedente no forma parte del expediente Atlas, pero ayuda a entender que la denuncia actual aparece dentro de una relación institucional cargada de cuestionamientos previos, cruces políticos y desconfianzas acumuladas entre el Ejecutivo y el órgano de control.

Desde el Tribunal de Cuentas, la lectura es distinta. Ramiro Peñalba, integrante del organismo, sostuvo que el Tribunal está cumpliendo con las funciones que le asigna la Carta Orgánica Municipal y que, si advierte una posible irregularidad y no la informa, también podría tener responsabilidad institucional.

Peñalba explicó que el planteo no apunta únicamente a una factura, sino a determinar si existió un posible conflicto de intereses, una eventual titularidad real o encubierta del comercio y otras contrataciones o trabajos que, según el organismo, no habrían pasado por su control.

“La Justicia determinará si es o no un delito; para nosotros es nuestra obligación manifestarlo”, sostuvo el integrante del Tribunal.

Peñalba explicó que el planteo no apunta únicamente a una factura, sino a determinar si existió un posible conflicto de intereses, una eventual titularidad real o encubierta del comercio y otras contrataciones o trabajos que, según el organismo, no habrían pasado por su control.

La explicación completa del Tribunal puede leerse acá: Peñalba defendió la denuncia por Atlas y sostuvo que era obligación del Tribunal informarla.

El punto central, explicado en términos simples, es este: el Municipio mostró documentación sobre una compra puntual; el Tribunal sostiene que también debe analizarse quién estaba realmente detrás del proveedor y si hubo más contrataciones.

La factura difundida corresponde a una compra fechada el 25 de noviembre de 2025, por elementos vinculados a la Fiesta Provincial del Petróleo, entre ellos kits, termos sublimados y remeras. En el expediente también aparecen la orden de compra, la orden de pago y la resolución municipal que aprueba el pago.

La discusión, entonces, tiene dos planos. Por un lado, el trámite administrativo de una compra concreta. Por otro, la sospecha planteada por el Tribunal sobre un posible vínculo incompatible y sobre eventuales trabajos no informados o no controlados por el organismo.

En Catriel, este debate no aparece aislado. VientoSur ya viene registrando distintos antecedentes vinculados al control del gasto público, contrataciones, obra pública e incompatibilidades, como la investigación por la obra de pavimentación en barrio Preiss y los debates recientes sobre incompatibilidades y funciones públicas.

Entre la documentación difundida también aparece la Memoria Anual del Tribunal de Cuentas, correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026. Allí el organismo informa su actividad de control y detalla 2.180 facturaciones visadas, 4 informes trimestrales, 117 notas enviadas, 4 dictámenes presentados, 3 cajas chicas y 5 certificaciones.

Ese dato también forma parte del contrapunto. Para el Tribunal, muestra actividad de control y seguimiento. Para el Ejecutivo, en cambio, refuerza la idea de que el organismo intervino en distintos expedientes y que la compra observada habría pasado por su propio circuito de revisión.

VientoSur Noticias solicitó copia de la denuncia completa al Tribunal de Cuentas, tanto por correo electrónico institucional como mediante consulta directa por WhatsApp a Ramiro Peñalba. Desde el organismo respondieron por mail que el medio podía acercarse al Tribunal y realizar preguntas a sus integrantes.

Este medio insistió en acceder primero a la documentación para leerla, analizarla y formular consultas responsables, especialmente porque el propio Tribunal informó que la denuncia está compuesta por 25 fojas útiles. Hasta el momento de esta publicación, VientoSur no obtuvo copia completa de la denuncia.

Lo que sí pudo confirmar este medio, mediante consulta oficial al Poder Judicial, es que la denuncia fue presentada y que comenzaría a trabajarse una vez cargada en el sistema digitalizado correspondiente.

Por ahora, el caso tiene tres elementos concretos: una denuncia penal confirmada, una respuesta documental del Municipio y declaraciones públicas de ambas partes.

Ninguno de esos elementos permite afirmar, por sí solo, la existencia de un delito. También es cierto que una denuncia no siempre deriva en una causa penal activa. Será la Justicia quien deberá determinar si el caso configura una irregularidad penal, una controversia administrativa, un conflicto ético o si no existen elementos suficientes para avanzar.

Mientras tanto, la ciudadanía tiene derecho a entender qué se discute sin quedar atrapada en tecnicismos ni en cruces políticos. En el fondo, la pregunta es sencilla: no solo si una compra tuvo papeles, sino si el Estado municipal puede explicar con claridad quién vende, quién autoriza, quién controla y cómo se usa cada peso público.

Para ampliar las posiciones de cada parte, VientoSur publicó por separado la respuesta del secretario de Gobierno, Diego Pereyra, y la explicación del integrante del Tribunal de Cuentas, Ramiro Peñalba, a partir de las entrevistas realizadas por Radio Ciudad 93.1.