Una denuncia presentada por integrantes del Tribunal de Cuentas ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro abrió un nuevo frente institucional en Catriel. La presentación apunta a presuntas irregularidades en compras y contrataciones realizadas entre la Municipalidad de Catriel y la firma Atlas.

El escrito, fechado el 26 de mayo de 2026, fue acompañado por un cuerpo documental de 25 fojas útiles, con observaciones del órgano de control municipal y documentación respaldatoria reunida hasta el momento.

Según surge del petitorio difundido públicamente, el Tribunal solicitó que se investigue la posible comisión de delitos contra la administración pública. También pidió que se determinen eventuales responsabilidades de una funcionaria mencionada en la presentación, de titulares formales o reales de la firma contratista y de funcionarios o agentes municipales que hubieran intervenido en la autorización, conformación, tramitación o pago de las contrataciones observadas.

Uno de los puntos centrales de la denuncia es el pedido de medidas probatorias para esclarecer una posible titularidad encubierta, conflicto de intereses, incompatibilidad funcional, beneficio económico indebido y/o perjuicio al patrimonio municipal.

El caso adquiere relevancia institucional porque no se limita a una eventual responsabilidad individual. También pone bajo análisis el funcionamiento del circuito administrativo de compras, controles, autorizaciones y pagos dentro del Municipio.

El caso Atlas no aparece en el vacío. En Catriel, la discusión sobre el uso de fondos públicos, los proveedores del Estado, los controles administrativos y los vínculos políticos atraviesa distintas gestiones y volvió a ocupar un lugar central en los últimos años.

Durante la actual gestión, el vínculo entre el Ejecutivo municipal y el Tribunal de Cuentas ya venía atravesado por tensiones públicas. En junio de 2025, la intendenta Daniela Salzotto cuestionó la idoneidad del Tribunal de Cuentas y solicitó al Concejo Deliberante avanzar con la revisión de sus integrantes por presunta falta de experiencia para ocupar esos cargos.

Meses después, el conflicto volvió a escalar. VientoSur registró nuevos cruces entre el Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas, con cuestionamientos sobre el acceso del órgano de control a documentación, pedidos de informes y el alcance del control previo sobre el gasto municipal.

Ese antecedente vuelve más sensible la denuncia actual. Lo que deberá analizarse no es solo una contratación puntual, sino el circuito completo que permite autorizar, tramitar, conformar y pagar compras con recursos municipales. La tensión ya había tenido un antecedente reciente cuando el Tribunal de Cuentas objetó una contratación artística por $20 millones, lo que derivó en la baja del contrato por parte del Municipio.

A ese escenario se sumó en los últimos días otro frente administrativo. Los gremios municipales ATE, SOYEM y UPCN denunciaron presuntas irregularidades en el área de Recursos Humanos, entre ellas supuestos pagos de haberes fuera del edificio municipal. El planteo no forma parte del expediente Atlas, pero refuerza un clima institucional marcado por reclamos sobre procedimientos internos, trazabilidad administrativa y respuestas oficiales pendientes.

En ese contexto, la denuncia del Tribunal de Cuentas adquiere mayor peso público: no solo por el contenido puntual del expediente, sino porque vuelve a poner bajo observación la forma en que el Estado municipal documenta, controla y comunica sus actos administrativos.

La Carta Orgánica de Catriel establece que el Poder de Contralor externo es ejercido por el Tribunal de Cuentas, con competencia sobre los aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad del sector público municipal. También prevé que debe dictaminar sobre la inversión de los fondos públicos y ejercer control sobre la administración municipal.

En ese marco, la pregunta institucional que instala el expediente es de fondo: qué controles se realizaron, quiénes intervinieron en cada etapa y qué documentación respaldó los pagos.

Otro aspecto sensible es el eventual vínculo entre la firma contratista y una funcionaria municipal. La Carta Orgánica establece incompatibilidades para el ejercicio de cargos electivos cuando existe titularidad, mandato o conducción de empresas proveedoras de suministros al Municipio. Además, para los secretarios municipales rigen las mismas condiciones de elegibilidad, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas para acceder al Gobierno Municipal.

Entre una gestión y otra, Catriel arrastra una discusión pendiente sobre cómo se compra, quién controla y quién rinde cuentas.

La discusión tampoco se agota en la gestión vigente. En enero de 2024, la Municipalidad de Catriel denunció penalmente a exfuncionarios de la gestión de Viviana Germanier y a la empresa Incisa S.A. por presuntas irregularidades en la licitación pública 01/23, vinculada a la obra de pavimentación de las calles Birmania y Rosario.

Según la denuncia difundida por el Ejecutivo municipal en 2024, se investigaban posibles incumplimientos de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y presuntas irregularidades en la adjudicación, ejecución y pago de esa obra. Documentación oficial del Boletín Municipal de marzo de 2023 muestra que el contrato fue adjudicado a INCISA S.A. por $254.847.000, en un proceso con un único oferente. En la misma resolución se dejó constancia de que el Síndico Municipal había emitido un informe negativo y solicitado un nuevo llamado a licitación con valores actualizados, pese a lo cual el trámite avanzó mediante autorización del Concejo Deliberante y posterior adjudicación del Ejecutivo.

Ese antecedente muestra que la discusión sobre el control del gasto público en Catriel no empezó con Atlas. Ya antes se habían señalado presuntas irregularidades en obras, contrataciones, uso de partidas, bienes municipales y procedimientos administrativos.

VientoSur Noticias también registró denuncias de la actual gestión contra la administración anterior por faltantes de herramientas en el área de Cultura, por un monto estimado en unos $10 millones, además de cuestionamientos por plazos fijos, una acusación previa por malversación en Obras Públicas y una denuncia vinculada a una camioneta municipal trasladada a Córdoba que, según la versión oficial difundida entonces, habría regresado “desmantelada”.

En paralelo, la política local también acumuló debates sobre incompatibilidades, doble función pública y límites entre actividad privada, cargos institucionales y contrataciones estatales. Este medio publicó el caso de Christian Artero, denunciado por presunta incompatibilidad entre su rol como concejal en Fernández Oro y su vínculo como asesor externo en Catriel. En ese expediente, el Ministerio Público Fiscal resolvió luego el archivo provisorio al considerar que los hechos no encuadraban en una figura penal.

Con ese recorrido, la denuncia por las contrataciones con Atlas debe leerse dentro de una trama más amplia: la dificultad persistente de Catriel para construir sistemas de compras, controles y rendición de cuentas que sean claros, trazables y confiables más allá del signo político de turno.

Ninguno de estos antecedentes implica, por sí mismo, la comprobación de delitos ni permite trasladar responsabilidades de una gestión a otra. En el caso Atlas, será el Ministerio Público Fiscal quien deberá evaluar la documentación presentada y determinar si corresponde avanzar con medidas de investigación.

VientoSur consultó al Ejecutivo municipal por el tema. Desde el oficialismo indicaron que posiblemente en las próximas horas habrá una comunicación oficial y que el medio será informado ante cualquier novedad. El expediente aparece en un momento político sensible: la gestión municipal transita la segunda mitad de su mandato y Catriel empieza a ingresar, de manera gradual, en el clima previo al próximo proceso electoral. Ese dato no modifica el fondo administrativo de la denuncia, pero sí aumenta el peso público de cada respuesta institucional.

En paralelo, este medio solicitó formalmente al Tribunal de Cuentas el acceso a la denuncia completa mencionada en la presentación y también pidió confirmación al Poder Judicial sobre el estado de la denuncia. Al momento de esta publicación, esas respuestas permanecen pendientes.

El caso Atlas, sumado a otros reclamos recientes por procedimientos administrativos, vuelve a abrir una pregunta que Catriel arrastra desde hace años: cómo se compra, quién controla, quién firma, quién cobra y cómo se explica cada peso que sale del Estado municipal.

La respuesta ya no puede depender solo de comunicados, denuncias cruzadas o cambios de gestión. Requiere documentación pública, controles efectivos y una rendición de cuentas capaz de sostenerse frente a la ciudadanía y, si corresponde, frente a la Justicia.