Luego del apartamiento del comisario Fernando Ruarte por la presunta venta de materiales secuestrados en Choele Choel, una nueva causa penal se abrió en la provincia por hechos similares. Esta vez, la investigación alcanza a la Comisaría 9ª de Catriel, la Comisaría 32 y el Destacamento de Tránsito de Cipolletti. La causa, caratulada como “presunto estelionato” (engaño con bienes ajenos), tramita bajo el expediente MPF-CI-01934-2025 en la Fiscalía N° 7 de Cipolletti.
El caso se originó tras una denuncia interna realizada por el comisario inspector Javier Yáñez, jefe de la Regional V. A partir de esta presentación, la fiscalía convocó a Rubén Muñoz, referente del Consejo de Bienestar Policial, quien fue notificado formalmente mediante cédula judicial y prestó declaración testimonial el miércoles 7 de mayo.
Muñoz confirmó a Viento Sur Noticias que aportó testigos, documentación y detalles vinculados a la denuncia que originalmente difundió a través de redes sociales. “Esto demuestra que lo que venimos señalando no es una operación ni un rumor, sino una situación concreta que amerita ser investigada”, aseguró.
Consultada por este medio, la fiscal a cargo del caso, Alejandra Altamira, indicó que por el momento no se brindará información oficial sobre el estado de la causa.
El antecedente inmediato es el del comisario Fernando Ceferino Ruarte, suspendido el 24 de abril por presuntas irregularidades en el manejo de bienes secuestrados en Choele Choel. La fiscalía local lo investiga por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras detectarse la presunta venta de 22 baterías incautadas.
En esta nueva causa, los elementos denunciados incluyen motocicletas, bicicletas y otros materiales que habrían sido movilizados sin la correspondiente autorización judicial, presuntamente hacia una recuperadora de metales en Fernández Oro.
Hasta ahora, no se han emitido pronunciamientos oficiales por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia ni de la Jefatura de Policía respecto a la nueva investigación. Tampoco se confirmó si existen sumarios administrativos en curso en las dependencias implicadas.
Desde el Consejo de Bienestar, remarcan la importancia de que la investigación se desarrolle con independencia y transparencia. Mientras tanto, la causa sigue su curso bajo reserva judicial.