Un vecino de Catriel tuvo que acudir a la Justicia para conseguir una cirugía en su pierna derecha. Tras la presentación de un amparo contra el Hospital Área Programa Catriel y el Ministerio de Salud de Río Negro, la Provincia terminó comprando los materiales quirúrgicos con fondos propios y la intervención finalmente se realizó.

El caso fue resuelto por la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa N° 15 de Cipolletti, a cargo de la jueza María Adela Fernández. La sentencia fue dictada el 1 de junio de 2026 y declaró abstracto el amparo porque el objetivo del reclamo ya se había cumplido: el paciente fue operado el 15 de mayo.

La presentación judicial había sido iniciada el 16 de abril por una familiar del paciente. Según surge del fallo, el hombre reclamaba que se le practicara la cirugía y manifestó que desde el hospital local no recibía información clara sobre cuándo se concretaría la intervención.

El expediente también expone un punto sensible: los materiales quirúrgicos habían sido adjudicados mediante una licitación pública a la firma Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A., pero el proveedor no los habría entregado por deudas pendientes vinculadas a IPROSS. Esa situación, remarcó el propio trámite judicial, era ajena al paciente.

A eso se sumó otra dificultad. De acuerdo con la sentencia, en una instancia previa el médico tratante había rechazado operar con materiales de esa firma porque cuestionaba su calidad. Frente a ese escenario, el Ministerio informó que intimó al proveedor y también requirió al profesional que estableciera una fecha de cirugía.

Con el avance del amparo y ante la falta de respuesta del proveedor adjudicado, Salud resolvió dar de baja la orden anterior y adquirir los materiales con fondos propios. El objetivo, según informó el organismo en el expediente, fue garantizar el derecho a la salud del paciente.

El 8 de mayo, el traumatólogo del Hospital de Catriel acreditó la recepción definitiva de los materiales, la entrega de las órdenes para los estudios prequirúrgicos y la fijación de la cirugía para el 15 de mayo. Luego, el Ministerio presentó la foja quirúrgica que confirmó que la intervención se había realizado en la fecha prevista.

Por ese motivo, la jueza declaró que el caso había devenido abstracto. En términos simples, eso significa que la Justicia ya no tenía una decisión práctica que tomar porque el reclamo principal —la cirugía— ya se había cumplido.

El fallo no establece responsabilidades penales ni administrativas. Tampoco afirma que haya existido delito, mala praxis o abandono. Lo que sí deja expuesto es el recorrido que debió hacer un vecino de Catriel para acceder a una intervención médica que requería materiales específicos, decisiones administrativas y coordinación entre el hospital, el Ministerio y el proveedor.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión sensible para la ciudad: qué pasa cuando una necesidad de salud termina judicializada. Para el paciente, el resultado fue concreto: la cirugía se hizo. Para la comunidad, queda una pregunta de fondo sobre los tiempos, los insumos y la capacidad de respuesta del sistema público en Catriel.