La Justicia imputó al presidente del Concejo Deliberante de Catriel, Alberto Ariaudo, por coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal de arma de fuego. La decisión se tomó en una audiencia convocada por la fiscalía descentralizada de la localidad, donde además se establecieron medidas cautelares para proteger a la institucionalidad, la víctima y los testigos. Desde el Poder Judicial no se notificó a los medios de comunicación sobre la audiencia virtual, impidiendo su participación.

Según la acusación, los hechos investigados ocurrieron en distintas circunstancias. El primero de ellos habría sido el 8 de marzo, cuando Ariaudo envió un mensaje de WhatsApp al Asesor Técnico del municipio con el propósito de obligarlo a dejar su puesto de trabajo. El segundo hecho ocurrió el viernes, cuando habría enviado otro mensaje amenazante a la intendenta.

El tercer episodio se produjo cuando el imputado se presentó en la sede del Concejo Deliberante portando un arma de fuego sin autorización legal y la exhibió ante una cámara de seguridad interna, en un intento de intimidación. Posteriormente, habría amenazado al Secretario de Prensa del municipio mediante un mensaje de WhatsApp.

En otro incidente, Ariaudo se habría presentado en el municipio, donde, tras amenazar por teléfono, intentó agredir físicamente al encargado del área de Comunicación. Finalmente, en el último hecho denunciado, el acusado habría exhibido un revólver en el patio del edificio municipal ante dos personas.

La fiscalía formuló cargos por “coacción agravada por haber tenido el propósito de obligar a una persona a abandonar su trabajo” (Art. 149 ter inc. 2 acap. b en función del Art. 149 bis), “amenazas reiteradas” (Art. 149 bis en función del Art. 55) y “portación ilegal de arma de fuego de uso civil reiterada” (Art. 189 bis, inc. 2, 3er párrafo), todo en concurso real (Art. 55 del Código Penal).

Durante la audiencia, el funcionario imputado declaró estar arrepentido y ofreció su renuncia al Concejo Deliberante a partir de hoy, lo que fue aceptado por la parte querellante con el aval fiscal. La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y resolvió otorgarle la libertad bajo medidas cautelares: fijar y mantener domicilio, presentarse semanalmente ante la Justicia y evitar cualquier contacto con testigos y víctimas. Además, se le prohibió acercarse a menos de 300 metros de la intendenta, del municipio y del Concejo Deliberante.

Para garantizar el cumplimiento de estas restricciones, la fiscalía solicitó la aplicación de un sistema de monitoreo dual, similar al utilizado para la protección de mujeres víctimas de violencia. Ariaudo aceptó las medidas y la jueza advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en medidas más severas. El plazo de las cautelares se fijó en cuatro meses, el tiempo estimado para la etapa de investigación.