Un hecho insólito tuvo lugar en la madrugada del miércoles 25 de junio en Catriel: delincuentes ingresaron al predio interno de la Comisaría 9na y robaron una moto que se encontraba en custodia. El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El robo se produjo alrededor de las 03:30. Según se pudo reconstruir, los autores violentaron un candado del acceso al patio judicial y sustrajeron un ciclomotor de alta cilindrada. Hasta el momento, no se informó si se iniciaron actuaciones judiciales o administrativas por lo sucedido.

Desde el Consejo de Bienestar Policial y Penitenciario de Río Negro, que difundió el video del robo ocurrido en la Comisaría 9na, señalaron que este nuevo episodio se inscribe en un contexto de antecedentes previos que ya están bajo investigación. Rubén Muñoz, referente del organismo, recordó la causa penal abierta semanas atrás por la presunta venta de materiales secuestrados a una recuperadora de metales en Fernández Oro. La denuncia fue impulsada por la propia Regional V de Cipolletti e involucra a tres dependencias policiales: la Comisaría 9ª de Catriel, la Comisaría 32 y el Destacamento de Tránsito de Cipolletti.

El expediente —caratulado como presunto estelionato— tramita bajo el número MPF-CI-01934-2025 en la Fiscalía N° 7 de Cipolletti, a cargo de la fiscal Alejandra Altamira. Según confirmó Muñoz a Viento Sur Noticias, ya prestó declaración testimonial, aportando documentación y testigos sobre los hechos denunciados. Desde la fiscalía, indicaron que el caso continúa en etapa de instrucción y bajo reserva.

Desde Viento Sur Noticias se continuará el seguimiento del caso y se actualizará la información a medida que surjan novedades.

Más allá de la noticia: Una comisaría en guardia, con recursos al límite

El robo ocurrido dentro de la propia Comisaría 9na de Catriel puso en evidencia no solo un fallo grave en materia de seguridad institucional, sino también las condiciones precarias en las que opera la fuerza policial local. Aunque en los últimos meses se avanzó en la incorporación de herramientas tecnológicas para apoyar el patrullaje —como la puesta en marcha del nuevo centro municipal de monitoreo con más de 80 cámaras distribuidas en puntos estratégicos—, las autoridades provinciales y municipales reconocen que los recursos siguen siendo insuficientes.

Durante los actos por el aniversario de la ciudad, tanto la intendenta Daniela Salzotto como el gobernador Alberto Weretilneck coincidieron en que Catriel enfrenta un escenario complejo en materia de seguridad. Salzotto hizo hincapié en la necesidad de articular la tarea policial con las juntas barriales, mientras que Weretilneck afirmó que “los planteos de las fuerzas policiales fueron escuchados” y prometió mejorar las condiciones operativas.

Sin embargo, el diagnóstico cotidiano de agentes y vecinos indica otra realidad. La infraestructura policial está desfasada: apenas unos pocos móviles cubren toda la ciudad y la zona rural, y en cada turno solo hay entre 7 y 8 efectivos disponibles. Hace pocas semanas se volvió a discutir el faltante de móviles operativos, una situación que impacta directamente en la capacidad de respuesta ante emergencias. Según denuncias reiteradas, cuando no hay móviles disponibles, los propios policías deben concurrir a los procedimientos con sus vehículos particulares, solventando de su bolsillo el combustible.

La falta de una subcomisaría, la ausencia de recursos básicos —como botones antipánico o tobilleras electrónicas— y la carga económica que recae sobre los propios agentes para cubrir gastos operativos, exponen una estructura estatal débil frente al avance del delito.

A esto se suma un cuello de botella judicial: Catriel aún no cuenta con un Juzgado de Familia, pese a que su creación fue aprobada en 2021. Entre enero y junio de 2024, se registraron 202 denuncias por violencia familiar y de género, que deben ser tramitadas en el Juzgado de Paz, una instancia con competencias limitadas para abordar casos complejos.

En este contexto, los hechos de inseguridad —incluso dentro de los propios espacios institucionales— no solo generan preocupación, sino que exigen una respuesta integral. La tecnología por sí sola no alcanza si no se acompaña con inversión sostenida, personal capacitado y una justicia ágil. Mientras tanto, las cámaras pueden registrar los delitos, pero difícilmente podrán evitarlos.