La Provincia de Río Negro abrió formalmente el debate para actualizar los índices de coparticipación y regalías utilizando datos del Censo 2022. El Gobierno sostiene que el sistema actual se basa en parámetros de hace más de 30 años y que es necesario modernizarlo para reflejar la realidad demográfica y económica actual. Sin embargo, en Catriel el anuncio encendió luces de alarma: si se aplicara el criterio que trascendió en la reunión con intendentes, la ciudad petrolera podría perder cerca de la mitad de los fondos que recibe por regalías hidrocarburíferas.

Hoy el esquema vigente distribuye recursos con componentes claramente desactualizados.

Según explicó el propio Ejecutivo provincial, el 40% del índice de coparticipación se calcula con datos poblacionales de 1991, otro 40% toma como referencia recaudaciones de 1987, 1988 y 1989, y el 20% restante se reparte en partes iguales. En el caso específico de las regalías, los parámetros corresponden a 2004. En términos técnicos, el argumento provincial es consistente: la provincia cambió en tres décadas y la fórmula no refleja la realidad actual.

En 2025, Río Negro distribuyó $10.027 millones en regalías entre los municipios. Catriel recibió $2.104 millones, es decir, poco más del 20% del total. Esa participación se explica por su condición de municipio productor y por su peso histórico en la actividad hidrocarburífera provincial. Sin embargo, durante la reunión convocada por el gobernador Alberto Weretilneck trascendió que la actualización podría implicar una reducción significativa del porcentaje que recibe la ciudad dentro del esquema productor. Se habló de pasar de un 60% histórico a un 30%. Si ese criterio se aplicara tomando como base los ingresos del año pasado, Catriel pasaría de percibir unos $2.104 millones a alrededor de $1.052 millones.

En números simples: una caída cercana a $1.000 millones anuales.

El Gobierno provincial no presentó aún un proyecto formal ni difundió la fórmula técnica concreta que justificaría el cambio. Lo que sí anunció es la apertura de mesas técnicas con participación de intendentes, equipos municipales y legisladores, con el objetivo de construir una propuesta consensuada. Desde Viedma insisten en que no habrá una decisión unilateral y que el proceso será transparente y participativo. El eje central de la actualización sería incorporar el Censo 2022, lo que modificaría el peso demográfico dentro del reparto. Municipios que crecieron en población podrían ganar participación, mientras que otros perderían peso relativo.

Desde Catriel, la preocupación no gira en torno a la actualización en sí, sino a cómo se definan los criterios.

El Ejecutivo local sostiene que la ciudad no solo tiene población, sino una historia productiva que marcó el desarrollo provincial durante más de seis décadas. La actividad petrolera se desarrolló dentro de su ejido, impactó en su infraestructura, moldeó su economía y dejó una huella territorial profunda. El planteo municipal apunta a que el porcentaje actual no responde únicamente a una fórmula demográfica, sino a un reconocimiento del rol productivo histórico y presente.

En este punto aparece una dimensión que casi no figura en los comunicados oficiales: el costo acumulado de esa historia petrolera. No existen informes públicos consolidados sobre el grado de remediación ambiental en el ejido catrielense ni sobre el balance histórico entre extracción, inversión y pasivos ambientales.

Tampoco hay datos sistematizados que permitan medir cuánto del impacto territorial fue compensado con recursos. Si la nueva fórmula prioriza casi exclusivamente la variable poblacional, el peso productivo y sus consecuencias quedarían diluidos en la ecuación.

La discusión, entonces, no es solamente cuánto dinero pierde o gana un municipio.

El debate de fondo es qué criterio define hoy el valor de ser ciudad productora. ¿Debe pesar más la cantidad de habitantes o la generación de recursos estratégicos? ¿Puede un territorio que sostuvo durante décadas la principal actividad económica provincial quedar equiparado a otros que no tienen esa matriz productiva? Son preguntas técnicas, pero también políticas y territoriales.

Lo que sí está claro es que, si la reducción se concretara en los términos mencionados, el impacto sería significativo para el presupuesto local. Menos recursos implican menor margen para obras públicas, servicios, mantenimiento urbano e inversión social. En una ciudad de aproximadamente 24.000 habitantes, una caída cercana a los $1.000 millones no es un ajuste menor.

Hasta ahora, lo único confirmado es que el sistema actual está basado en datos antiguos y que el Gobierno quiere actualizarlo. No hay proyecto de ley presentado ni fórmula publicada. Tampoco hay simulaciones oficiales difundidas que permitan comparar municipio por municipio cómo quedaría el nuevo reparto.

La discusión recién comienza y todavía hay margen para debate técnico y político.

La actualización puede ser razonable desde el punto de vista institucional. La preocupación de Catriel también es legítima desde su historia productiva. Entre ambos argumentos se mueve una discusión que definirá el mapa económico de la ciudad en los próximos años.

Para que el debate sea claro y no se reduzca a consignas, la ciudadanía necesitará conocer la fórmula concreta, los criterios exactos y el impacto real que tendría cada alternativa. Sin esos datos, cualquier posición será parcial.

La pregunta que queda abierta no es solamente cuánto cambia el porcentaje, sino qué modelo de federalismo interno quiere Río Negro para el futuro: uno centrado en habitantes, uno centrado en producción o uno que combine ambos con equilibrio.