La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena a diez años de prisión contra el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero. Con este fallo, quedó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 4 en 2021 en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero K”.

El máximo tribunal rechazó por mayoría los recursos extraordinarios presentados por las defensas. Votaron en ese sentido los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces: Mariano Lozano, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, y Luis Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. La inclusión de Lozano, convocado por sorteo, marcó un hecho poco frecuente: la participación de un juez del Alto Valle en una decisión clave del máximo tribunal del país.

En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz consideró que debía intervenir la Procuración General de la Nación antes de dictar sentencia.

Según la investigación, entre 2010 y 2013, Báez encabezó una estructura financiera y societaria destinada a lavar más de 60 millones de dólares provenientes de evasión fiscal, utilizando la financiera SGI -conocida como “La Rosadita”-. Parte del dinero fue expatriado a cuentas en el exterior y luego reingresado al país mediante maniobras que simulaban inversiones legítimas.

La causa se inició en 2013 tras un informe televisivo del periodista Jorge Lanata. En esas imágenes, que dieron inicio al caso, se veía a personas contando grandes sumas de dinero en efectivo. Ese material fue determinante para el avance de la investigación judicial.

El fallo del TOF 4 condenó también a otros involucrados: Martín Báez (6 años y 6 meses), Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín (6 años), Jorge Fariña (3 años y 6 meses), Federico Elaskar (3 años en suspenso), entre otros. En total, 17 personas recibieron penas de prisión, algunas de ellas de cumplimiento domiciliario por edad o razones de salud.

Además de las penas, se ratificaron multas por montos que oscilan entre seis y dos veces el valor de las operaciones (entre 109 y 328 millones de dólares), y el decomiso de activos por 65 millones de dólares.

Aunque la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no fue parte del juicio, la Corte también rechazó sin disidencias recursos vinculados a la reapertura de una investigación en su contra. Su situación continúa en etapa de instrucción.

Con esta resolución, se agotaron las vías de apelación en la causa. El Tribunal Oral Federal 4 deberá ahora definir cómo se cumplen las penas según cada caso: evaluar el tiempo ya cumplido en prisión, las condiciones particulares de los condenados y las medidas a adoptar para quienes permanecieron en libertad durante el proceso.

La participación del juez roquense Mariano Lozano en la decisión subraya el rol que puede tener la justicia federal del interior en causas de gran envergadura. Una conexión inesperada entre el Alto Valle y una de las investigaciones por lavado de dinero más emblemáticas de las últimas décadas en el país.