El enfrentamiento entre la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) y el gobierno provincial continúa escalando. En las últimas semanas, con acusaciones cruzadas y medidas de fuerza que tensan la relación entre el sindicato docente y el gobernador Alberto Weretilneck. A raíz de una serie de resoluciones y políticas gubernamentales, UnTER  denuncia lo que considera una «persecución» por parte del gobierno, acusándolo de cercenar derechos laborales y de imponer decisiones unilaterales que afectan la representación gremial y el funcionamiento del sistema educativo.

Ayer, 14 de octubre, UnTER emitió un comunicado denunciando la designación unilateral de instructores sumariantes en Bariloche, Viedma y Jacobacci, cargos que según el sindicato, deberían ser elegidos por la Junta de Disciplina Docente, como lo establece la Ley Provincial de Educación. Para UnTER, esta medida no responde a un supuesto ahorro económico, sino a un intento de «disciplinamiento» hacia los docentes y su representación gremial. La organización gremial también acusa al gobierno de propagar un discurso que demoniza la tarea docente y al sindicato, afectando la percepción pública y abriendo espacio para discursos de odio.

Este comunicado se suma a una larga lista de reclamos que el sindicato planteó en los últimos meses. El 12 de septiembre, UnTER solicitó una audiencia urgente con el gobernador Weretilneck para discutir la situación crítica del sistema educativo y los derechos laborales de los docentes. Sin embargo, hasta la fecha, el gobernador no respondió a este pedido. En un segundo intento, el 18 de septiembre, el sindicato exigió la derogación de las resoluciones 5153/24 y 5154/24, que consideran un ataque a las licencias gremiales, y rechazó el nuevo sistema de auditorías médicas implementado por una empresa privada sin consulta previa.

La situación se agravó el 25 de septiembre, cuando se produjeron enfrentamientos entre la policía y manifestantes de UnTER durante una movilización en Viedma. La protesta, que coincidió con el debate legislativo sobre el proyecto de ley que busca declarar la educación como un servicio estratégico esencial, resultó en una represión policial que dejó heridos entre los docentes, incluida la secretaria general del gremio, Silvana Inostroza. Weretilneck afirmó que ese día diez efectivos policiales resultaron heridos por agresiones de gremialistas de Unter. Esta ley, que aún debe recibir un segundo tratamiento parlamentario, busca limitar las huelgas en el sector educativo, lo que es interpretado por UnTER como un intento de restringir los derechos laborales de los docentes.

El conflicto escaló aún más cuando el 26 de septiembre, Weretilneck criticó duramente a UnTER, calificando de «violentos» a los docentes que participaron en las manifestaciones. “Lo más triste es que estos violentos educan a nuestros hijos”, expresó el gobernador, reforzando su postura a favor de la declaración de la educación como un servicio esencial. A su vez, UnTER respondió denunciando el uso desmedido de la fuerza policial y acusando al gobierno de legislar en contra de los derechos de los trabajadores.

El gobierno también tomó medidas drásticas, anunciando el 30 de septiembre que daría de baja las licencias gremiales de 20 miembros de UnTER, argumentando que las mismas le costaban más de 20 millones de pesos mensuales al Estado provincial. Esto provocó una nueva ola de rechazo por parte del sindicato, que convocó a un paro zonal de 24 horas y a una huelga y marcha federal el 2 de octubre en adhesión a la protesta nacional convocada por los gremios universitarios.

Este conflicto, que polariza a la sociedad rionegrina, refleja una disputa sobre el control de las políticas educativas y los derechos laborales de los docentes. Mientras el gobierno provincial defiende sus acciones como necesarias para garantizar la continuidad del ciclo lectivo y el buen uso de los recursos públicos, UnTER sostiene que se trata de un ataque directo a la autonomía gremial y a los derechos adquiridos por los trabajadores de la educación. Las acciones tendientes a tensar más la situación siguen sucediéndose, y  no se vislumbran aún señales claras de un posible acuerdo o de la apertura de un canal de diálogo entre las partes.