El gobierno de Río Negro avanza con la implementación del sistema de auditoría de licencias médicas para todo el personal del Poder Ejecutivo. Desde este lunes, se sumó el control sobre el personal policial, incluyendo a agentes penitenciarios, lo que eleva a más de 55.000 los trabajadores alcanzados por la medida.

La iniciativa, puesta en marcha el 2 de septiembre, se articula entre la empresa estatal Horizonte Seguros, la secretaría de la Función Pública y la firma Dienst Consulting S.A., responsable de auditar y validar los certificados médicos. Según la titular del área, Tania Lastra, el objetivo es “optimizar la atención de la salud laboral” y detectar casos en que las licencias se otorgan “de manera indebida”.

El debut del sistema fue con trabajadores de la administración central (Ley 1844) y del área de Salud (Ley 1904). Dienst informó que rechazó un 17% de las licencias médicas presentadas en ese primer tramo. La semana pasada se incorporó el sector de Educación, con más de 25.000 agentes entre docentes y porteros. En ese rubro, se observó una baja significativa en la cantidad de licencias aceptadas: en solo cuatro días, se aprobaron 881 permisos, una cifra que equivale a apenas un cuarto de los niveles anteriores.

La viceministra de Educación, María Laura Giovanini, señaló que aún no está claro el motivo de esa reducción abrupta y que se realizará un seguimiento más detallado. Según los registros oficiales, antes de la auditoría, las solicitudes de licencia eran aceptadas casi en su totalidad, sin revisión.

El nuevo esquema contempla controles médicos presenciales y virtuales, consultorios en cinco ciudades (Viedma, Choele Choel, General Roca, Cipolletti y Bariloche), y el uso de telemedicina para seguimiento de casos.

El impacto de este control generó reacciones sindicales, particularmente de la Unter, que cuestiona la legalidad del mecanismo. La conducción gremial, encabezada por Silvana Inostroza, considera que se vulnera el régimen vigente de licencias. El secretario de Salud en la Escuela, Daniel Aciar, calificó al sistema como un “mecanismo perverso” que “persigue y ajusta”, señalando que se modifican indicaciones médicas sin intervención del profesional tratante.

Unter convocó a un Congreso para este viernes 20 en Viedma, donde evaluará acciones a seguir. Además, promueve presentaciones individuales ante los Consejos Escolares y reiteró el pedido de audiencia con el gobernador Alberto Weretilneck, quien aún no ha recibido al sindicato.

Uno de los puntos sensibles es qué sucederá con los docentes cuyas licencias sean rechazadas o acortadas por Dienst, pero que decidan cumplir igualmente con la indicación de su médico y no asistir a las escuelas. Desde la Función Pública confirmaron que esas ausencias serán descontadas del salario.

En el caso de la Policía, cuya incorporación al sistema estaba prevista para la semana pasada pero fue postergada por dificultades operativas, se anticipa una situación compleja debido a los altos índices de ausentismo por razones médicas.

El gobierno insiste en que la medida generará un ahorro sustancial para el Estado. Sin embargo, la falta de transparencia inicial en la contratación de Dienst y las dudas sobre los procedimientos aplicados alimentan el debate sobre la conveniencia y legalidad del nuevo sistema de auditoría laboral.

Fuente: rionegro.com.ar