Durante 2024, el Gobierno Nacional recaudó aproximadamente $2,5 billones a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, tributo que los consumidores pagan al cargar nafta o gasoil. Según la Ley 23.966, el 28,58% de lo recaudado debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura del Transporte, y de ese monto, el 50% corresponde a Vialidad Nacional para obras de mantenimiento y mejora de rutas.

Sin embargo, informes oficiales indican que en 2024 solo se transfirieron $149 mil millones a Vialidad Nacional, menos de la mitad de lo estipulado. Así lo reveló una investigación del medio El Ciudadano.

Esta situación genera preocupación en diversas provincias, donde las obras viales están paralizadas y las rutas presentan un deterioro creciente. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, expresó su malestar por la falta de mantenimiento en las rutas nacionales que atraviesan su provincia y adelantó que evalúa acciones legales para exigir la reactivación de obras clave. «No hace mantenimiento, no resuelve los contratos que tiene incumplidos y no resuelve los proyectos ejecutivos», declaró el mandatario, refiriéndose a las rutas 22 y 151. Existe un reclamo histórico por la Ruta Nacional 151, que ningún gobierno nacional supo resolver.

Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, también cuestionó la falta de inversión en obras viales, a pesar de la recaudación del impuesto a los combustibles. «Lo que se recauda por el impuesto a los combustibles no se destina al arreglo de los caminos por los que sale la producción», afirmó, también citado por Página/12.

La situación motivó a legisladores nacionales a presentar proyectos de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre el destino de los fondos recaudados y el cumplimiento de las leyes que regulan su asignación. Hasta el momento no hubo respuesta.

Mientras tanto, las provincias continúan enfrentando dificultades para mantener y mejorar su infraestructura vial, esencial para la producción, el turismo y la seguridad de los ciudadanos. La falta de cumplimiento en la asignación de fondos destinados por ley al mantenimiento de las rutas nacionales plantea interrogantes sobre la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos.