Dos ataques protagonizados por perros en la vía pública colocaron a Catriel en el centro de una crisis que la ciudad arrastra desde hace décadas. Los hechos dejaron un saldo trágico: un joven motociclista fallecido tras el primer episodio y otro hombre con heridas de extrema gravedad, que permanece internado en General Roca luego de haber sido atacado frente al edificio municipal. La conmoción social derivó en reclamos urgentes y obligó al Municipio a dar explicaciones públicas sobre su accionar.

El primer ataque, que terminó con la muerte de un joven que circulaba en motocicleta, fue el que encendió la alarma inicial. Días después ocurrió un segundo hecho grave en pleno centro de la ciudad. En ese caso, el hombre fue sorprendido por una jauría, perdió el control del rodado y cayó al asfalto. Ya en el suelo, fue agredido por los animales hasta que vecinos y otros conductores lograron asistirlo. Sufrió fracturas de costillas, lesiones internas y múltiples heridas, incluida la perforación de un pulmón.

La sucesión de ambos episodios expuso una situación largamente denunciada por vecinos: perros sueltos en distintos puntos de la ciudad, jaurías en zonas céntricas y barrios, y la falta de políticas sostenidas que aborden el problema de fondo.

En los días posteriores, el Municipio avanzó con el levantamiento de perros de la vía pública, lo que generó versiones cruzadas, temor en parte de la comunidad y un fuerte debate en redes sociales. Frente a ese escenario, el Ejecutivo local salió a aclarar públicamente que no se aplicó eutanasia sobre los animales retirados.
Según la información oficial difundida el 4 de febrero de 2026, la intervención se realizó ante reiterados hechos que pusieron en riesgo la seguridad vial y la integridad de vecinos y vecinas, y se llevó adelante conforme a un oficio, dando intervención e informando a la Fiscalía de turno. Desde el Poder Judicial se confirmó que la Fiscalía de Catriel envió un requerimiento formal al Municipio tras los ataques, incorporando una dimensión judicial al conflicto.

El comunicado municipal fue difundido junto a fotografías que muestran a los perros reubicados, como parte de la explicación pública sobre el destino de los animales retirados de la vía pública. Según detallaron, los perros fueron trasladados bajo control y con asesoramiento veterinario, se encuentran en buen estado general de salud y, en algunos casos, se aplicó sedación intramuscular únicamente para facilitar el traslado y evitar reacciones agresivas, sin provocar daño.

De acuerdo a la versión oficial, los animales fueron reubicados en chacras y en hogares responsables, con adoptantes que firmaron actas de adopción responsable, y se garantizó la entrega de alimento, la desparasitación y el acceso a la castración. Además, se confirmó la habilitación de un registro de adoptantes y el inicio de un relevamiento exhaustivo de perros en situación de calle, con el objetivo de prevenir nuevos episodios de riesgo.

Previo al comunicado, desde la Asociación Civil Corazón Animal, plantearon una mirada crítica sobre la forma en que se implementaron los operativos y sobre el alcance real del acompañamiento estatal. Señalaron que el retiro de los animales se realizó sin aviso previo, de manera urgente, y que los perros habrían sido trasladados inicialmente al corralón municipal antes de ser entregados a adoptantes, sin que se informara oficialmente quiénes asumieron esas adopciones.

Desde Corazón Animal remarcaron además que, si bien el Municipio colabora, el apoyo es limitado. Indicaron que reciben dos bolsas de alimento por mes y que el acceso a castraciones para animales callejeros es insuficiente. También recordaron que se había acordado destinar un día semanal exclusivo para animales de la calle, un compromiso que —según señalaron— aún no se cumplió, y subrayaron la necesidad de aclarar que la asistencia municipal no cubre la totalidad del trabajo que realizan.

Catriel es una ciudad declarada no eutanásica, pero no cuenta con un refugio municipal ni con un sistema público permanente de resguardo para animales retirados de la calle. En ese marco, el Municipio anunció que la respuesta estructural definida por la intendenta Daniela Salzotto será la concreción de un refugio transitorio municipal, cuyo funcionamiento y alcances serán comunicados oficialmente en los próximos días.

La problemática, no obstante, no se reduce a los perros sin dueño. En la ciudad conviven animales en situación de abandono con perros que tienen propietarios pero circulan sin control, sin castración ni cuidados básicos. Esta tenencia irresponsable se refleja tanto en ataques a personas que caminan, circulan en bicicleta o en moto, como en la presencia cotidiana de animales con enfermedades graves, heridas o desnutrición, expuestos a morir en la vía pública.

Desde hace más de diez años, Corazón Animal sostiene una tarea constante de asistencia, atención veterinaria y promoción de adopciones responsables, sin financiamiento estatal, apoyándose en trabajo voluntario y aportes solidarios. En los hechos, su labor cubrió durante años los vacíos dejados por políticas públicas inexistentes o discontinuadas.

La sobrepoblación de animales callejeros no es un fenómeno reciente. Se arrastra desde la década del ’90 y atravesó todas las gestiones municipales. Durante los 20 años de gobierno de la Unión Cívica Radical, encabezados por María Rosa Iémolo, el problema creció sin políticas de control sostenidas. Entre 2011 y 2019, con Juntos Somos Río Negro y la gestión del veterinario Carlos Johnston, se realizaron castraciones en veterinarias privadas, pero no se implementaron castraciones masivas por barrios, y un refugio canino prometido nunca se concretó. Entre 2019 y 2023, con Viviana Germanier, también bajo JSRN, se restringió el acceso a las castraciones municipales, profundizando el escenario actual.

La actual gestión del Frente de Acción Vecinal, que en 2026 transita su tercer año, relanzó una política de castraciones gratuitas y sostenidas, con jornadas masivas y la puesta en funcionamiento de un quirófano móvil. Durante 2025 se realizaron 383 castraciones, una herramienta clave para la prevención, aunque con resultados necesariamente graduales frente a una crisis que hoy muestra su cara más extrema.

En paralelo, el Municipio informó que se encuentra en revisión el régimen de multas y sanciones por tenencia irresponsable, con la posibilidad de endurecer penalidades e intensificar controles a través del Juzgado de Faltas.

El debate público, amplificado en redes sociales, sigue siendo intenso. Sin embargo, empieza a consolidarse una idea central: no se trata de perros contra personas, sino de una crisis estructural de gestión, control y responsabilidad social compartida. El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar seguridad y políticas claras; la comunidad, asumir su rol en la tenencia responsable y el no abandono.

Lo ocurrido dejó una certeza difícil de esquivar: la tragedia no fue un rayo en cielo despejado, sino la consecuencia de décadas de postergaciones. Las aclaraciones oficiales, la intervención judicial, la difusión de imágenes y los anuncios recientes colocan ahora a Catriel ante una disyuntiva concreta: transformar esta crisis histórica en un punto de inflexión real o volver a reaccionar, una vez más, cuando el daño ya esté hecho.