La publicación del pedido de restitución presentado por el ex presidente del Concejo Deliberante, Alberto Alfredo Ariaudo, generó una fuerte repercusión en redes sociales y reactivó el debate público en Catriel en torno a un tema que, hasta el momento, no había tenido amplia visibilidad en la agenda mediática local pese a su impacto institucional.

Entre los más de cincuenta comentarios registrados en la publicación de VSN, se destacaron intervenciones de funcionarios del Poder Ejecutivo municipal, quienes remarcaron la gravedad de los hechos que dieron origen a la causa penal iniciada en marzo de 2025. En ese marco, distintas voces señalaron que el episodio involucró amenazas, situaciones de violencia y la exhibición de un arma de fuego en un ámbito institucional, y cuestionaron que se ponga en discusión la validez de la renuncia presentada en ese contexto.

“No hay lugar para relativismo en hechos de esa naturaleza”, expresó la secretaria legislativa del Concejo Deliberante, Eliana Candia, quien además planteó interrogantes sobre el carácter institucional y democrático de los hechos denunciados. En una línea similar, la secretaria de Desarrollo Social, Lucía Galván, sostuvo que “su renuncia fue indeclinable, de qué otra forma podría ser?”, en referencia al documento firmado por Ariaudo en marzo de 2025.

Otras funcionarias también se manifestaron en el mismo sentido. La secretaria de Ambiente, Paloma Magrath, cuestionó que se intente reabrir la discusión y señaló que “lo mínimo que podía hacer era renunciar”, mientras que la síndico municipal, Andrea Paola Bonomo, planteó que el foco debería estar puesto en el accionar del ex funcionario y no en quienes realizaron la denuncia.

En el ámbito legislativo, la concejala oficialista Carolina Piris intervino en el debate y sostuvo que la renuncia presentada por Ariaudo fue tratada institucionalmente. Según explicó, la dimisión fue considerada por los bloques del Concejo Deliberante y dio lugar a la aplicación de la Resolución 013/25, mediante la cual el vicepresidente asumió la presidencia del cuerpo. “Será Ariaudo quien deba probar en la justicia lo que plantea en su pedido de restitución”, expresó.

Al mismo tiempo, entre los comentarios también aparecieron posturas de vecinos que, sin pronunciarse sobre los hechos en sí, plantearon la necesidad de que el proceso avance con claridad y que la resolución judicial e institucional sea informada públicamente. En esa línea, la trabajadora social Alejandra Elizabeth Valdez señaló la importancia de que la ciudadanía acceda a información “clara y certera de los procesos desde su inicio hasta su resolución final”, mientras que otras intervenciones destacaron la necesidad de responsabilidad institucional, transparencia y respeto por las instituciones.

La discusión en redes se produce en un contexto en el que el caso continúa abierto tanto en el plano judicial como en el institucional. Mientras la causa penal sigue en trámite y sin resolución definitiva, no se informó públicamente hasta el momento sobre un tratamiento formal del pedido de restitución en el Concejo Deliberante, más allá de las expresiones realizadas por integrantes del cuerpo en el debate público. Sin embargo, VSN pudo confirmar por fuentes parlamentarias que el planteo de Ariaudo fue archivado por los votos mayoritarios del oficialismo en el recinto.

De esta manera, a un año de los hechos que marcaron uno de los episodios políticos más significativos recientes en Catriel, el tema vuelve a instalarse en la agenda pública local, impulsado ahora por la reacción social y política que generó su reaparición en el escenario institucional.