Un principio de incendio registrado este lunes (30-06) por la mañana en los calabozos de la Comisaría 28 de San Carlos de Bariloche obligó a evacuar preventivamente el edificio y derivó en la hospitalización de siete personas por inhalación de humo. El fuego, iniciado por dos internos que incendiaron colchones y frazadas, generó una densa humareda que afectó a tres policías y cuatro detenidos, quienes fueron asistidos por ambulancias públicas y privadas.

El hecho ocurrió en la sede policial ubicada en calle La Paz. Según información preliminar, el fuego habría sido originado en señal de protesta por las bajas temperaturas dentro del calabozo. La situación fue controlada por Bomberos Voluntarios, que improvisaron un sistema de ventilación para disipar el humo y evitar mayores daños estructurales.

La investigación quedó a cargo del fiscal Guillermo Lista, quien se presentó en el lugar junto a personal de Criminalística para relevar cámaras de seguridad, verificar el estado de la estructura y entrevistar al personal. “Se están determinando las circunstancias en las que se inició el fuego”, indicó el jefe de la Unidad Regional III, Nelson Torres.

Desde la Fiscalía informaron que el caso continúa en etapa de investigación y se aguardan los resultados de las pericias para esclarecer las causas del incidente.

El Consejo de Bienestar Policial emitió un comunicado en el que denunció serias irregularidades en la dependencia. Señalaron que la comisaría no contaba con matafuegos en condiciones y advirtieron que allí se alojaban al menos seis presos condenados, lo cual está prohibido por ley en la provincia.

También cuestionaron al Gobierno provincial por la supuesta contradicción entre su política de seguridad y la falta de infraestructura carcelaria. “No se puede seguir gobernando con tanta soberbia y falta de recursos”, expresaron, apuntando contra autoridades del sistema penitenciario y del Poder Judicial.

La situación reabre el debate sobre el estado edilicio de las comisarías en Río Negro y el uso de estas dependencias como lugares de alojamiento prolongado para personas condenadas, una práctica reiteradamente cuestionada por organismos de derechos humanos y el propio personal policial.