El Ministerio Público Fiscal de San Antonio Oeste formuló cargos contra un hombre que, mientras se desempeñaba como docente del área de plástica en una escuela primaria local, fue acusado de cometer delitos contra la integridad sexual de una niña de 6 años. El acusado, cuya identidad no se reveló, quedó en prisión preventiva por un período de cuatro meses mientras avanzaba la investigación.

Durante una audiencia realizada en la mañana de hoy, la Fiscalía explicó que el abuso ocurrió entre el inicio del ciclo lectivo, el 11 de marzo, y el 7 de junio de este año. Según la acusación, el docente aprovechó su posición de autoridad para abusar de la menor dentro del aula. De acuerdo con el relato, el hombre sentó a la niña en su falda y le realizó tocamientos indebidos por encima de la ropa.

El delito imputado fue el de abuso sexual agravado, debido a que el acusado estaba encargado de la educación de la víctima, un agravante previsto en el artículo 119 inciso 1° y 5°b del Código Penal argentino.

La denuncia inicial se presentó el 12 de junio en la Comisaría de la Familia de San Antonio Oeste por los padres de la niña. A partir de ese momento, la Fiscalía inició una investigación que incluyó la toma de declaraciones a la menor mediante el dispositivo de cámara Gesell, donde la niña proporcionó detalles precisos y mencionó a otras compañeras que también podrían haber sido víctimas del mismo docente.

En los próximos días, seis niñas más prestarían testimonio a través de la cámara Gesell como parte de la investigación preliminar que también incluyó entrevistas con padres y madres de la institución. Ayer, seis familias presentaron denuncias penales adicionales, que se integraron en la causa en curso.

Durante la audiencia, el defensor de niños, niñas y adolescentes apoyó la solicitud de la Fiscalía de avanzar con la investigación penal preparatoria por un período de cuatro meses. La Defensa Pública no presentó objeciones generales a la formalización de los cargos, aunque sí se opuso a la solicitud de prisión preventiva, que finalmente fue concedida por el Juez de Garantías.

El juez también ordenó la reserva de cualquier información que pudiera identificar a la víctima actual o a las potenciales víctimas que se sumaran a la causa.