Conseguir un cargo docente en Río Negro podría depender, en el futuro, no solo de la formación o la experiencia, sino también de dónde se estudió.

Un proyecto presentado en la Legislatura propone otorgar puntaje adicional a maestros y profesores que se hayan formado en instituciones educativas de la provincia, lo que podría modificar el orden en el acceso a cargos y suplencias.

Según el texto impulsado por la legisladora Soraya Yauhar (JSRN), la iniciativa busca reformar el Estatuto del Personal Docente para incorporar un criterio de arraigo territorial en la clasificación de los profesionales.

En términos concretos, el proyecto plantea sumar cuatro puntos a egresados de Institutos de Formación Docente Continua de Río Negro y a quienes acrediten domicilio en la provincia. Además, prevé otorgar tres puntos a graduados de la Universidad Nacional de Río Negro y de carreras dictadas en territorio provincial por la Universidad Nacional del Comahue.

Según lo expuesto en el proyecto, el objetivo es priorizar a docentes que conozcan el contexto local y que hayan desarrollado su formación en vínculo con la realidad sociocultural y productiva de la provincia.

El argumento central apunta a que ese conocimiento permitiría una enseñanza más adaptada a los estudiantes. “Los años de residencia en la provincia facilitan el conocimiento del contexto cultural y socioproductivo”, se señala en los fundamentos.

Pero el impacto no es solo pedagógico.

De aprobarse, la medida podría alterar el sistema de puntajes que define quién accede primero a un cargo, lo que introduce una diferencia concreta entre docentes según su lugar de formación.

El proyecto también se enmarca, según el texto oficial, en un contexto de caída de matrícula escolar, vinculada a las bajas tasas de natalidad, lo que obliga —según se argumenta— a repensar políticas educativas con mayor arraigo territorial.

La propuesta modifica el artículo 143 de la Ley L N° 391 y se presenta como una herramienta para fortalecer el vínculo entre educación y territorio.

Sin embargo, abre una discusión de fondo.

Por un lado, plantea la posibilidad de priorizar a docentes locales. Por otro, introduce un criterio que podría generar diferencias en la competencia por los cargos.

Por ahora, se trata de un proyecto en etapa legislativa.

Y la decisión final no solo definirá cambios en el sistema educativo, sino también cómo se entiende el equilibrio entre igualdad de oportunidades y arraigo en la provincia.