La jueza porteña Karina Andrade ordenó la liberación de los 114 manifestantes detenidos durante la represión en las inmediaciones del Congreso y cuestionó con dureza el operativo policial llevado a cabo por las fuerzas de seguridad bajo la conducción de la ministra Patricia Bullrich. En su fallo, la magistrada señaló que no se brindaron datos precisos sobre las detenciones ni se justificaron legalmente los arrestos.

Según Andrade, la policía no informó con claridad la hora y el lugar exacto en que se produjeron las detenciones ni detalló los delitos imputados. “A medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa”, advirtió. También destacó que en algunos casos se desconocía el sitio donde los detenidos serían alojados y que las imputaciones se comunicaron después del arresto.

En su resolución, la jueza sostuvo que el operativo afectó derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta y la libertad de expresión. Además, remarcó que la convocatoria a la manifestación surgió de sectores vulnerables, con una importante presencia de adultos mayores.

Andrade también desmintió que los detenidos hubieran portado armas o agredido a efectivos policiales. «Ninguna de las personas detenidas lo fue bajo la imputación de delitos de portación de armas de fuego, lesiones o incendio a bienes públicos», afirmó.

Tras la decisión judicial, el gobierno de Javier Milei lanzó una campaña en redes sociales contra Andrade, mientras que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que impulsará un proceso en su contra en el Consejo de la Magistratura.