La Justicia Federal dictó una medida cautelar que suspendió por tres meses los desmontes en la provincia de Chaco, tras la reciente denuncia presentada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas contra varios funcionarios y exfuncionarios provinciales, acusados de responsabilidad en la deforestación.

Greenpeace informó que detectó, mediante sobrevuelos y la comparación de imágenes satelitales, que entre enero y abril de este año se deforestaron más de 19.776 hectáreas en Chaco, una superficie equivalente a la Ciudad de Buenos Aires.

En mayo, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, denunciando la ilegalidad de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques de Chaco. Según la denuncia, la ley se aprobó sin la participación de las comunidades indígenas y permitiría el desmonte en más de 1.200.000 hectáreas, incluidas áreas de conservación de grandes mamíferos como el yaguareté. Además, señalaron que la ley “legaliza” desmontes realizados en zonas protegidas por la Ley Nacional de Bosques.