El andar del tercer mandato de Alberto Weretilneck confirmó su semblante camaleónico y también su perfil más duro: lejos de los discursos de consenso que tejió en la campaña hoy se muestra tajante y duro especialmente con el sector gremial. El foco está puesto en los docentes, pero también pasaron «por el látigo» otros empleados estatales: hospitalarios, por ejemplo.

Claro está que es una alineación política con el presidente Javier Milei a quien parece acercarse cada vez más. Nada novedoso, el gobernador siempre supo y sabe amalgamarse a los gobiernos de turno. Pero que esconden esa postura mucho más de derecha que de centro y equilibrio que siempre intentó mostrar

¿Es una demanda social o forma parte de su ADN? Parece ser más bien un cóctel que incluso dejó entrever en las vísperas del inicio de su tercer mandato. En una reunión partidaria en Fernández Oro para hacer una análisis con los resultados en las elecciones confesó que si era necesario -porque así lo pedía la sociedad- aplicar mano dura a ciertos aspectos como las usurpaciones mapuches en Bariloche, no le iba a temblar el pulso.  

Incluso, como también lo hizo Neuquén, se metió con un tema muy espinoso: los certificados truchos en el Estado y la presencialidad de los docentes. Tan a la derecha se ubica hoy que las diferencias con el principal opositor a su gobierno Juan Martín parecen limitadas. Incluso en alguna que otra reunión parlamentaria hubo muecas de complicidad.

Esta postura también se refleja en sus políticas hacia los gremios de la educación y la salud. En el conflicto con Unter, los docentes organizaron paros y protestas masivas tras la negativa del gobierno a otorgar mejores condiciones salariales. El gobernador mantuvo una línea de mano dura, recurriendo a la Fiscalía de Estado y cortando licencias gremiales, una decisión de época, si se quiere.

El conflicto con los trabajadores de la salud fue similar y marcó la primera cruzada gremial del gobernador. En respuesta a los paros hospitalarios, Weretilneck aplicó la política de «día no trabajado, día no cobrado», buscando así reducir el impacto de las medidas de fuerza. Tanto tensó la cuerda que tuvo que sacar a la ministra de Salud, cargo que aún se mantiene acéfalo. 

Además, la denuncia penal contra médicos de General Roca y Regina por la presunta emisión de certificados «truchos» encendió aún más la tensión con el sector hospitalario, que lo consideró una forma de persecución estatal. Estas medidas se muestran como parte de un gobierno más riguroso para disciplinar al sector público y evitar nuevas medidas de presión.

La política de control férreo sobre los empleados públicos y el endurecimiento hacia los sectores gremiales marcan un cambio significativo en la dirección de su gestión, alejándose de la imagen conciliadora que intentó proyectar en campañas anteriores y adaptándose a un contexto político donde la mano dura parece ser una demanda social emergente.