El nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN), aprobado por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), autoriza la recolección de información sobre personas que puedan “erosionar la confianza” en los funcionarios responsables de la seguridad nacional o influir negativamente en la opinión pública sobre las políticas del Gobierno.

La información fue publicada por el periodista Hugo Alconada Mon en LA NACION, que accedió al documento reservado. Con un lenguaje amplio y sin definiciones precisas, el texto habilita a los agentes de inteligencia a actuar sobre periodistas, economistas, académicos, influencers y cualquier actor que cuestione las decisiones del presidente Javier Milei o de su gabinete.

El PIN fue elaborado en el segundo semestre de 2024 bajo la dirección de Sergio Neiffert, con supervisión del asesor Santiago Caputo. El plan define como sujetos de interés a quienes propaguen “desinformación”, alteren la “percepción pública” o incidan en los “procesos cognitivos” sociales, incluso mediante el uso de inteligencia artificial o redes sociales.

Aunque también retoma objetivos previos —como el combate al terrorismo, el crimen organizado y la defensa del Atlántico Sur—, el documento introduce nuevas prioridades alineadas con los ejes discursivos del Gobierno. Entre ellas, menciona a actores que puedan generar “pérdida de confianza” en las políticas económicas, sin especificar si se refiere a grupos extranjeros o a críticos locales.

Consultado por LA NACION, el vocero presidencial Manuel Adorni no respondió sobre los alcances del PIN ni sobre los criterios que delimitarán su aplicación.

El plan también identifica como áreas sensibles a los fenómenos derivados de la pobreza, la migración interna y el uso de criptomonedas. Asimismo, fija como prioridad el alineamiento estratégico con Estados Unidos e Israel.

Según los datos del Ministerio de Economía, el presupuesto de la SIDE para 2025 supera los $80.000 millones, de los cuales más de $13.000 millones están asignados a “gastos reservados”.

La amplitud de los términos utilizados en el PIN y la falta de mecanismos de control explícitos abren interrogantes sobre el respeto a las garantías constitucionales y sobre el rol de los servicios de inteligencia en un contexto de creciente polarización política.