Lo golpearon hasta matarlo en una comisaría: el jurado popular los declaró culpables

Tres policías irán a prisión perpetua por tortura seguida de muerte. Una sargento fue condenada por no evitarlo. El policía de mayor rango hizo un acuerdo con la fiscalía antes del juicio. El crimen ocurrió en la comisaría 45 de Cipolletti. El veredicto fue unánime.

El jurado popular resolvió por unanimidad la culpabilidad de los cuatro policías acusados por la muerte de Jorge Gatica, ocurrida el 9 de enero de 2023 en la comisaría 45 de Cipolletti. Tres de ellos fueron hallados culpables del delito de “tortura seguida de muerte”, mientras que una sargento fue condenada por no evitar los apremios ilegales.

La decisión del jurado recayó sobre el sargento Alcides Quintrel (32), el cabo primero Jorge Sosa (31) y el cabo primero Walter Carrizo (36), quienes enfrentarán prisión perpetua. La sargento primero Andrea Henríquez (37) fue declarada culpable de “omisión funcional dolosa de evitar la tortura”, delito que prevé una pena de entre tres y diez años de prisión.

Durante los alegatos, la fiscalía hizo una diferenciación clave en su acusación: señaló a Sosa y Quintrel como responsables directos de la tortura, mientras que ubicó a Henríquez y Carrizo como quienes presenciaron los hechos sin intervenir. “Gatica tenía 184 lesiones externas y estuvo todo el tiempo esposado, por si queda una duda sobre la tortura”, señaló el fiscal Santiago Márquez Gauna.

La querella, en cambio, sostuvo que los cuatro debían ser condenados por el mismo delito. “Este hecho tuvo que haber sido un infierno para Gatica. Estaba esposado, sin poder defenderse, mientras uno de los policías preparaba una pizza a metros de él”, afirmó Iván Chelía, abogado de la madre de la víctima.

La defensa, por su parte, intentó desligar a Henríquez y Carrizo. “Ella intervino para detener la golpiza y dejó a Gatica al cuidado de Carrizo”, sostuvo su abogado Federico Diorio. También señaló que Carrizo fue quien le dio agua y trató de reanimarlo al notar que no respiraba.

Jorge Sosa, uno de los imputados, había denunciado durante el juicio presiones internas para falsear los hechos. Aseguró que le indicaron que declare que Gatica “se había golpeado contra la pared” y que, por su menor rango, no le iba a pasar nada. Su abogado, Damián Moreyra, cuestionó además la atención médica y apuntó contra la fiscalía por una investigación “incompleta y direccionada”.

Gatica fue detenido por el presunto robo de dos kilos de carne y chorizos. Murió horas después en la comisaría. La autopsia reveló fracturas, lesiones internas y una hemorragia fatal.

La brutalidad del caso y el proceso judicial que lo siguió pusieron en evidencia una profunda crisis institucional dentro de la Policía de Río Negro. Esta crisis no solo se refleja en los hechos de violencia y encubrimiento, sino también en reclamos estructurales que hace años vienen planteando los propios trabajadores policiales: salarios insuficientes, falta de recursos, condiciones laborales precarias y la ausencia de canales efectivos para expresar demandas sin sufrir represalias.

A esto se suma una gestión debilitada, reconocida incluso por autoridades provinciales que admitieron que la fuerza “está destruida” y requiere ser reconstruida desde cero. También persisten falencias en la formación continua del personal, con escasa capacitación profesional y psicológica para enfrentar contextos de alta presión y exigencia.

Aunque el Código Contravencional fue actualizado recientemente por la Ley 5714, todavía subsisten prácticas heredadas de normativas anteriores que habilitaban detenciones arbitrarias y requerirán revisión a la luz de los estándares democráticos actuales. En conjunto, estos factores estructurales y normativos configuran un escenario de condiciones laborales precarizadas en algunos aspectos y un contexto operativo propenso a la reproducción de prácticas abusivas y violaciones a los derechos humanos, como las que derivaron en la muerte de Jorge Gatica.

VientoSur Noticias seguirá informando sobre el dictado de penas y las consecuencias políticas y judiciales de este fallo histórico.