La Legislatura de Río Negro aprobó una reforma al Código Procesal Penal impulsada por el gobernador Weretilneck, con el objetivo de agilizar la justicia penal y evitar que las víctimas tengan que enfrentarse a sus agresores durante procesos de apelación.

La reforma establece que los condenados que apelen ante la Corte Suprema de la Nación deberán permanecer en prisión desde que se agota la vía recursiva provincial hasta que la Corte emita un fallo.

La idea surgió a partir de muchos casos en los que las víctimas debían cruzarse con sus victimarios pese a tener una condena de prisión efectiva, ya que en el proceso de apelación los condenados se mantenían en libertad.

La normativa busca garantizar una justicia pronta y transparente, así como una mayor eficiencia en los procesos judiciales relacionados con homicidios y violaciones. Esta medida recibió respaldo de organizaciones sociales que consideran inaceptable que los condenados permanezcan en libertad durante años y se crucen con sus víctimas en la calle hasta que la Corte Suprema se pronuncie.