La diputada mendocina de La Libertad Avanza (LLA), Lourdes Arrieta, solicitó que se investigue el financiamiento del sacerdote Javier Ravasi, a quien se señaló como organizador de una reunión entre legisladores de su espacio y represores en la cárcel de Ezeiza. Arrieta filtró detalles sobre cómo se gestó el encuentro y reveló proyectos que buscaban obtener beneficios para la liberación de los condenados por delitos de lesa humanidad.

Arrieta difundió una serie de documentos en los que acusó a un grupo de empresas de financiar al cura Ravasi, a quien identificó como el responsable de coordinar la reunión entre los diputados de LLA y los represores encarcelados. La diputada también publicó proyectos de ley y un decreto presidencial que, según sus declaraciones, pretendían lograr la libertad de los genocidas condenados.

En sus redes sociales, Arrieta señaló que la intención de removerla del bloque de LLA se debe a que «dijo la verdad». Además, afirmó que hubo una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que se discutieron los detalles para coordinar el encuentro en Ezeiza.

La diputada continuó su ofensiva contra sus colegas al divulgar chats que, según ella, mostraban la coordinación entre varios diputados del bloque para establecer vínculos con los detenidos por delitos de lesa humanidad. Arrieta afirmó haber presentado estas capturas de pantalla ante la Justicia.

Entre los documentos filtrados por Arrieta se incluyó un proyecto de decreto que proponía la liberación de genocidas que hayan estado detenidos por más de 25 años desde la comisión del delito. El decreto, de ser firmado por el Presidente, fijaría un plazo máximo de 25 años para la duración de un proceso penal, independientemente del criterio de los tribunales nacionales o federales.