Las fuerzas de seguridad en Misiones y Río Negro atraviesan situaciones de conflicto laboral que, a lo largo de la última década, expusieron las profundas tensiones entre los efectivos policiales y los gobiernos provinciales. A pesar de las diferencias contextuales y políticas, ambas provincias enfrentan problemas similares: la ausencia de sindicalización de los policías, las limitadas capacidades de negociación, y las condiciones de trabajo precarias. Estas realidades motivaron a las fuerzas de seguridad a reclamar con frecuencia por mejores condiciones laborales y salariales, aunque con respuestas diversas y en muchos casos insuficientes por parte de los gobiernos.
En Misiones, los conflictos entre la fuerza policial y el gobierno se remontan a 2012, cuando los efectivos comenzaron a movilizarse en reclamo de salarios que se ajustaran al costo de vida. Durante los últimos años, las manifestaciones cobraron mayor relevancia, sobre todo en momentos de crisis económica. En 2023, la pérdida de poder adquisitivo impulsó un campamento de protesta de diez días, una medida extrema que dio visibilidad a los problemas salariales de la policía misionera.
Este conflicto culminó en mayo de 2024, cuando se alcanzó un acuerdo salarial tras una serie de protestas en Posadas y otras localidades, en las que los policías se unieron a trabajadores de salud y educación para exigir mejores condiciones laborales. Sin embargo, el acuerdo de aumento salarial de $15.000 fue considerado insuficiente por los efectivos, quienes alertaron que no se resolvían las demandas estructurales. El conflicto escaló en septiembre de 2024, cuando ocho policías fueron detenidos y acusados de sedición y conspiración, bajo cargos que incluyen planear una toma de la Jefatura de Policía. Este episodio derivó en una fuerte intervención judicial que incluyó exoneraciones sin derecho a defensa, una medida avalada públicamente por el gobierno provincial.
Abogados de los policías detenidos cuestionan la legalidad del proceso, denunciando falta de garantías y de acceso al debido proceso. Esta situación generó una ola de marchas silenciosas por parte de familiares y compañeros, que reclaman la liberación de los imputados y la restitución de sus derechos laborales.
En Río Negro, los conflictos por mejoras laborales comenzaron a hacerse visibles en 2013, en un contexto de reclamos nacionales. En esa oportunidad, los agentes lograron duplicar sus sueldos, pero los compromisos asumidos por el gobierno no se tradujeron en mejoras sostenibles. La falta de indumentaria adecuada y de atención psicológica se volvió crítica, especialmente a la luz de una alta tasa de suicidios en la fuerza. Según reportes internos, las muertes autoinfligidas entre los policías rionegrinos alcanzaron el 60% de las bajas de la última década, una situación que refleja el impacto de las condiciones laborales y psicológicas en el bienestar de los agentes. Por si fuera poco, IPROSS, la obra social de policías y docentes, está teniendo problemas para garantizar la atención de sus asociados en diversos centros privados de salud. Con lo cual, muchos migraron al sistema público.
Las movilizaciones más recientes, en 2023, incluyeron acampes frente al Ministerio de Seguridad y en destacamentos de Bariloche y Cipolletti. Aunque un acuerdo fue firmado en abril de ese año, la respuesta gubernamental implicó sanciones para más de 800 policías, quienes fueron suspendidos y vieron bloqueadas sus oportunidades de ascenso. Las sanciones administrativas y el manejo de los sumarios han generado críticas por ser percibidos como una estrategia para frenar las carreras de los efectivos involucrados en las protestas.
En respuesta, el gobernador Alberto Weretilneck propuso una “reparación extraordinaria” por zona desfavorable para mitigar las malas condiciones salariales y operativas, medida que es criticada por diversos sectores que la consideran insuficiente frente a problemas estructurales más profundos. La falta de recursos y personal sigue afectando a destacamentos en localidades como Bariloche, Cipolletti, Cinco Saltos y Catriel, generando preocupación en la comunidad ante la creciente inseguridad.
Similitudes y diferencias entre los conflictos policiales
A pesar de que los conflictos policiales en Misiones y Río Negro responden a contextos políticos y sociales distintos, comparten un núcleo común de demandas. En ambas provincias, los efectivos luchan por condiciones salariales y laborales dignas, así como por el reconocimiento de sus derechos como trabajadores. En Misiones, el conflicto ya alcanzó un nivel judicial sin precedentes, con acusaciones de sedición y conspiración que afectaron tanto a los policías activos como a sus familias. En contraste, en Río Negro, las protestas fueron reprimidas mediante sanciones administrativas y sumarios que frenan la carrera de los efectivos, pero sin la intervención judicial drástica observada en Misiones.
La respuesta estatal en ambas provincias es criticada por su falta de diálogo genuino y por las represalias impuestas a quienes alzan la voz en defensa de sus derechos. En Misiones, las acciones judiciales derivaron en marchas de familiares y en denuncias de vulneración de derechos civiles. En Río Negro, aunque el gobierno provincial anunció con bombos y platillos la compra de equipamiento y móviles nuevos, la realidad policial muestra día a día que la falta de recursos y de infraestructura sigue siendo una demanda no atendida, que afecta no solo a los policías, sino también a la seguridad pública de toda la comunidad.
Los conflictos en Misiones y Río Negro reflejan una realidad ineludible: la necesidad de un diálogo estructural y profundo entre las fuerzas policiales y los gobiernos provinciales. Las demandas de los efectivos no se limitan a una mejora salarial; también buscan un trato digno, seguridad en el ejercicio de su profesión y condiciones que aseguren su bienestar mental y físico. Ante la percepción de que sus reclamos son ignorados o reprimidos, las fuerzas de seguridad de ambas provincias muestran un creciente descontento que pone en relieve los límites de los sistemas provinciales para gestionar y resolver estos conflictos de forma justa y equitativa. La demanda de los policías es, en última instancia, un llamado de atención sobre la importancia de dignificar la labor de quienes trabajan para garantizar la seguridad de toda la sociedad.