A través del Decreto 833/2024, el Gobierno Nacional dispuso la intervención de la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) por un período de un año, ante «la falta de operatividad y retrasos en la emisión de licencias». La medida, firmada por el presidente Javier Milei, busca «reorganizar el organismo y mejorar la eficiencia en la implementación de la Ley N° 27.669, que regula la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial en Argentina».

La intervención fue motivada «por la necesidad de corregir fallas administrativas y estructurales en el funcionamiento de la ARICCAME, que hasta ahora ha enfrentado una fuerte demanda del sector privado para emitir licencias y autorizaciones que permitan avanzar en el desarrollo de la cadena productiva del cannabis medicinal y el cáñamo industrial».

El decreto limita las facultades de Gabriel Giménez y designa como interventor a Ignacio Ferrari, quien tendrá las atribuciones de dirección y administración del organismo, con la misión de reorganizar su estructura y acelerar los procedimientos pendientes. Ferrari también deberá presentar un informe detallado sobre la situación actual de la agencia y proponer las medidas necesarias para su reestructuración.

La ARICCAME fue creada en 2022 para regular la producción, comercialización e investigación de cannabis con fines medicinales y cáñamo industrial en el país, pero según el gobierno nacional enfrentó «diversos obstáculos que han demorado su plena operatividad». Entre las principales tareas del interventor estará la revisión de los programas y proyectos gestionados por la agencia y la coordinación con otras autoridades para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.

La intervención, según Nación, busca «agilizar el desarrollo del sector del cannabis medicinal en Argentina, que tiene un alto potencial de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional, en un marco regulatorio que también promueve el control y supervisión de la industria en cumplimiento con los tratados internacionales suscriptos por el país».