El Ministerio de Seguridad anunció una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información que ayude a identificar a los manifestantes que protagonizaron los incidentes cerca del Congreso Nacional el 12 de marzo. La medida, firmada por la ministra Patricia Bullrich, también se aplicará a cualquier episodio de violencia que ocurra en la marcha prevista para el 19 de marzo o en futuras movilizaciones.

La decisión del Gobierno se produce tras una jornada de represión que dejó al menos 20 manifestantes hospitalizados y 26 agentes heridos. Entre los casos más graves se encuentra el del fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece en terapia intensiva tras ser impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un policía. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) exigió la renuncia de Bullrich.

La jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó la liberación de 94 manifestantes detenidos, al considerar que la medida vulneraba derechos constitucionales como la protesta y la libertad de expresión.

La protesta, en la que participaron jubilados, hinchas de fútbol y organizaciones sindicales y de izquierda, derivó en enfrentamientos con Gendarmería, la Policía Federal y la Prefectura. La represión incluyó gases lacrimógenos, camiones hidrantes y un despliegue policial que se extendió hasta la Plaza de Mayo y otros puntos del centro porteño.

En respuesta, cientos de ciudadanos se sumaron a un cacerolazo en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense para rechazar el accionar de las fuerzas de seguridad.