El Concejo Deliberante de Catriel deberá discutir un proyecto de resolución presentado por el bloque oficialista del Frente de Acción Vecinal Catriel (FAVC), que busca exigir a los actuales miembros del Tribunal de Cuentas Municipal que presenten documentación que acredite su idoneidad profesional y experiencia técnica en control y administración financiera. La propuesta, elevada el 30 de junio y debatida en comisión parlamentaria el miércoles 2 de julio, generó divisiones políticas y abrió un debate sobre las facultades del poder legislativo y la interpretación de la Carta Orgánica Municipal.

El proyecto establece un plazo de cinco días hábiles para que los integrantes del Tribunal –nombrados en diciembre de 2023– acrediten “fehacientemente su idoneidad”, conforme al artículo 328 de la Carta Orgánica. En caso de incumplimiento, el Concejo Deliberante se reservaría la facultad de revisar sus designaciones.

El artículo 328 de la Carta Orgánica Municipal efectivamente exige como requisito de acceso al cargo la “probada experiencia e idoneidad en sistemas de control y administración financiera”. Sin embargo, no establece mecanismos de revisión posterior ni faculta expresamente al Concejo Deliberante a exigir reacreditaciones luego de realizada la designación.

El proyecto fue respaldado por un dictamen de la propia bancada oficialista, en el que se argumenta que “no consta en los archivos del Concejo documentación que acredite la experiencia profesional exigida”. El oficialismo, que de no mediar sorpresas contaría con los votos suficientes para aprobar el proyecto, señala en el dictamen que el nombramiento de diciembre de 2023 -y que fue aprobado por unanimidad- fue producto de un “gesto político de respeto hacia las minorías”, pero que ahora corresponde “cumplir con la normativa vigente”.

Según el artículo 327 de la Carta Orgánica, la designación de los integrantes del Tribunal debe realizarse mediante resolución del Concejo Deliberante con representación proporcional de las minorías. No se exige en ese artículo documentación específica ni establece controles posteriores por parte del cuerpo legislativo una vez hecha la designación.

En oposición al planteo oficialista, los bloques de Primero Río Negro y Juntos Somos Río Negro presentaron un dictamen conjunto que rechaza el proyecto por considerarlo inconstitucional, improcedente y carente de competencia legal. En su argumentación, advierten que el Tribunal de Cuentas fue constituido legalmente en diciembre de 2023 con el voto unánime del Concejo, y que cualquier revisión de designaciones sólo podría realizarse mediante un proceso legal específico por causales de remoción, como establece el artículo 330 de la Carta Orgánica.

El artículo 330 establece que los miembros del Tribunal sólo pueden ser removidos por causas graves, mediante procedimiento legal, garantizando el derecho a defensa. No prevé que el Concejo pueda revisar designaciones ya realizadas fuera de este marco.

En el mismo sentido, el bloque Primero Río Negro presentó un contraproyecto que propone archivar el proyecto oficialista por entender que habilita un precedente de revisión arbitraria de designaciones efectuadas conforme a derecho, lo que a su juicio pondría en riesgo la autonomía del órgano de control y el principio republicano de división de poderes.

Los artículos 326 a 330 de la Carta Orgánica establecen que el Tribunal de Cuentas es un órgano autónomo, técnico y de fiscalización. Su independencia funcional es considerada un principio institucional y su intervención está limitada a los supuestos formales de remoción.

Por el momento, la discusión no tiene resolución definitiva y se espera que continúe mañana. El debate interpela el equilibrio de poderes en la administración local y expone la necesidad de una interpretación clara y respetuosa del marco normativo vigente. Mientras tanto, tanto oficialismo como oposición se aferran a argumentos legales y políticos contrapuestos para justificar sus posiciones.

Anoche se realizó una sesión parlamentaria a las 21:30, en la que del bloque oficialista solo asistieron los concejales Nelson Díaz y Gonzalo Gerez, quienes se reunieron con las ediles opositoras Juana Cárdenas y Elizabeth Cofré. Para esta noche está prevista una reunión del Consejo Vecinal, donde se definirá la postura de los presidentes barriales, que podría marcar la posición de La Banca del Pueblo.

La sesión ordinaria del Concejo Deliberante fue convocada para mañana a las 9 de la mañana, y el bloque oficialista ya confirmó su decisión de avanzar con el proyecto, en sintonía con la posición de la intendenta Daniela Salzotto, quien días atrás cuestionó públicamente la idoneidad del Tribunal de Cuentas. Por su parte, la oposición advirtió que, si la resolución se aprueba, recurrirá a la Justicia para solicitar la intervención del Tribunal lo que, advirtieron, podría derivar en una paralización del municipio.