La votación ya pasó, pero el conflicto recién empieza. Tras la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares, organizaciones ambientales lanzaron una convocatoria que busca escalar el tema a otro nivel: una demanda colectiva nacional que podría convertirse en la más grande de la historia en defensa del agua.

La iniciativa fue impulsada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, que cuestionaron con dureza el proceso legislativo. Según señalaron, la reforma se aprobó “a espaldas de la sociedad” y sin contemplar el rechazo de miles de personas.

El dato que encendió la reacción fue contundente: cientos de miles de ciudadanos se inscribieron para participar de la audiencia pública, pero —según denuncian— sus planteos no fueron considerados al momento de tomar la decisión.

Frente a ese escenario, las organizaciones decidieron avanzar por la vía judicial. La convocatoria apunta a que cualquier persona pueda sumarse a través de una plataforma online, en lo que describen como una acción colectiva sin precedentes.

Pero detrás de la disputa legal hay algo más profundo. Desde los espacios convocantes advierten que la modificación de la ley pone en riesgo el acceso al agua de millones de personas y los ecosistemas que dependen de los glaciares.

“Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, señalaron, marcando el tono de una nueva etapa del conflicto.

El contexto suma tensión. En paralelo al debate legislativo, trascendió que una empresa internacional con intereses mineros organizó un viaje a Estados Unidos para legisladores argentinos que apoyaron la reforma. El dato generó cuestionamientos dentro del propio ámbito político y alimentó sospechas sobre posibles influencias en el tratamiento del proyecto.

A eso se suma otro punto crítico: la reforma permitiría que las provincias tengan mayor poder de decisión sobre qué áreas proteger, lo que —según especialistas— podría debilitar los criterios científicos y abrir la puerta a actividades extractivas en zonas sensibles.

Referentes históricos en la defensa ambiental también salieron a advertir sobre el alcance de la medida. “No se trata de un pedazo de hielo, se trata de la posibilidad de vivir”, fue una de las definiciones que sintetizó la preocupación por el impacto a largo plazo.

Mientras tanto, la ciudadanía comienza a organizarse. La convocatoria a la demanda colectiva no implica una obligación legal individual, pero sí busca construir un volumen social que respalde la presentación judicial.

El resultado todavía es incierto. Pero algo ya quedó claro: la discusión por los glaciares dejó de ser solo un tema legislativo… y pasó a convertirse en una pelea que ahora se va a dar en la Justicia.