La crisis previsional volvió a ocupar el centro de la escena este miércoles, cuando una nueva protesta de jubilados frente al Congreso terminó con represión por parte de las fuerzas federales. Como cada semana, los manifestantes reclamaban por ingresos que les permitan cubrir necesidades básicas y por la reinstauración de una moratoria que incluya a quienes no reúnen 35 años de aportes. Esta vez, la manifestación coincidió con la publicación de los datos de inflación de abril, que habilitan una leve actualización de haberes en junio.

A partir de ese ajuste, la jubilación mínima pasará de $296.396 a $304.695,08, y con el bono previsional de $70.000 (que no se actualiza desde marzo de 2024) alcanzará los $374.695. Para muchos, esta cifra sigue siendo insuficiente frente a una canasta básica para adultos mayores que supera los $400.000 mensuales.

“Lo que nos aumentan se lo lleva el supermercado en una semana”, dijo una jubilada tras la represión. “Queremos una vida digna, no vivir endeudados o pidiendo ayuda”.

Durante la movilización, fuerzas de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y PSA avanzaron sobre los manifestantes con escudos y gases lacrimógenos. Como resultado, se registraron al menos una decena de heridos —entre ellos el padre Francisco “Paco” Olveira— y dos detenidos. Los jubilados, junto a militantes sociales y religiosos, intentaban realizar una vuelta pacífica alrededor del Palacio Legislativo.

Discusión parlamentaria sin definición

Además de la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá de $237.116,79 a $243.756,06, y la Pensión No Contributiva de $207.477,20 a $213.286,5. En ambos casos, se aplica también el bono de $70.000, siempre que el ingreso total no supere los $374.695.

Dentro del Congreso, bloques opositores continúan discutiendo proyectos para mejorar el sistema previsional. Las propuestas incluyen una nueva moratoria, la actualización automática del bono y una recomposición para las cajas provinciales. Sin embargo, las diferencias internas, especialmente dentro del PRO, complican un dictamen unificado.

La posibilidad de un veto presidencial obliga a buscar acuerdos de dos tercios en ambas cámaras, un escenario que todavía no se concreta. Mientras tanto, miles de jubilados siguen sin respuestas y con ingresos que, ajustados por inflación, no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas.